Trump contra el Estado profundo y el miedo a la cárcel
El presidente estadounidense transita sus últimas semanas en la Casa Blanca en medio de un torbellino de cambios abruptos, polémicas y fuertes cuestionamientos.
Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta
Donald Trump parece estar decidido a irse con el mayor ruido posible y no sin antes librar una pelea contra lo que se conoce como “Deep State” o Estado profundo. El todavía presidente siempre acusó al establishment dirigente político y militar estadounidense de impedir sus medidas y complicar su mandato. Por otro lado, se rumorea la remoción de los directores de la CIA y del FBI.
Los demócratas acusan a Trump de querer dejar a su gente en las agencias gubernamentales ligadas a la inteligencia y el espionaje antes de irse de la Casa Blanca. Los asesores del virtual presidente electo, Joe Biden, aseguran que el republicano no debería tomar decisiones sensibles para la seguridad nacional en el período de transición. Recién el 14 de diciembre, se reunirá el Colegio Electoral para designar al demócrata como presidente. A partir de allí, se abrirá un período conocido como el interregno, hasta el 20 de enero, cuando se produzca el traspaso de mando.
El presidente ya comenzó a mover sus piezas a pesar de las protestas de los demócratas. La designación del General Christopher Miller al mando del Pentágono fue interpretada como un claro ataque al establishment militar. Miller, históricamente se pronunció contrario a las guerras en Medio Oriente, asegurando tras asumir que “todas las guerras deben terminar”. Su primera decisión fue la de retirar a 2.500 tropas apostadas en Irak y Afganistán de manera inmediata. “Es tiempo de volver a casa”, afirmó.
Trump venía reclamando la necesidad de retirar a los soldados estadounidenses de esos países desde el comienzo de su mandato. Estados Unidos invadió Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, para luchar contra Al Qaeda, y en 2003 hizo lo propio con Irak, donde el ejército estadounidense derrocó a Sadam Hussein. Si bien no serán retirados en su totalidad, la idea de Miller es repatriar a la mayoría de los soldados.
Al mismo tiempo, la transición presidencial no se está produciendo de acuerdo a lo que suele suceder. Trump y sus abogados siguen sin reconocer la victoria legal de Biden. El magnate se niega a compartir los informes de inteligencia y la información sensible que atañe a la seguridad nacional con quien será su sucesor. Esto genera preocupaciones en los demócratas e incluso en dirigentes de las filas republicanas.
La última transición de este estilo se produjo cuando George W. Bush fue electo presidente en 2000, luego de triunfar frente a Al Gore. En aquel momento, la elección se terminó decidiendo en la Corte Suprema. Luego, sobrevinieron los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. De acuerdo a expertos en seguridad, quizás podrían haberse evitado si el gobierno entrante tomaba conocimiento con mayor anticipación de los informes de seguridad nacional. Bush y el establishment del Partido Republicano reconocieron la victoria de Biden menos de 24 horas después de los comicios.
Uno de los mayores temores de Trump es una probable detención futura. Podría convertirse en el primer mandatario estadounidense de la historia en ser detenido tras dejar la Casa Blanca. Inclusive el abogado Jack Goldsmith, profesor de Harvard ligado al Partido Republicano y muy cercano a los Bush, declaró en una entrevista al Washington Post que “habrá mucha presión en el partido para que Trump sea investigado”.
El presidente cree que los demócratas podrían usar información clasificada para lanzar una persecución judicial en su contra, con el apoyo del establishment de su propio partido, que jamás lo sintió del todo como un propio. La posibilidad de que Trump sea encarcelado no es menor y también los asesores legales del equipo de Joe Biden creen que podría suceder en el corto plazo. Por ahora, el presidente tiene inmunidad debido a que el Departamento de Justicia no investiga a mandatarios en ejercicio.
Algunas causas por las que Trump podría ser investigado son evasión de impuestos, fraude bancario, violaciones contra las leyes de donación para campañas, pago de sobornos y sobreprecios, obstrucción de la justicia e inclusive homicidio por negligencia debido a su manejo de la pandemia de la COVID-19, cuyo número de víctimas fatales se acerca peligrosamente a los 300.000 en Estados Unidos. A su vez, también podría realizarse un nuevo proceso de impeachment con el presidente ya fuera de la Casa Blanca. La Constitución lo permite y tendría como consecuencia la imposibilidad de acceder a cualquier tipo de cargo público en el futuro. Pocos presidentes en la historia reciente del país cometieron violaciones a las leyes federales de manera tan flagrante. Otros han logrado sortear la justicia al obtener perdón de sus aliados, como cuando Gerald Ford indultó a Richard Nixon. Pero este no será el caso de Trump. Tanto los demócratas como sectores importantes de su mismo partido sueñan con verlo tras las rejas. Quizás, en algún momento del próximo año, eso podría suceder.
*Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta / Foto de portada: Reuters
