España: especie de déjà vu
El territorio español estará en estado de alarma y toque de queda los próximos meses, en una medida gubernamental que intenta frenar los contagios y las muertes por coronavirus.
Por Lucas Gatica, desde España, para La tinta
No es un déjà vu: las calles españolas volvieron a quedar desiertas por causa del coronavirus que está azotando al mundo. Ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla han anochecido solitarias debido al toque de queda impuesto por el gobierno central.
Desde hacía unas semanas, España se encaminaba hacia un nuevo estado de alarma. Con los contagios disparados y las muertes en importante crecimiento, el Ejecutivo finalmente decidió nuevas restricciones de movilidad. Las comunidades autónomas fueron las primeras que le exigieron al gobierno que decretara un nuevo estado de alarma. La decisión se tomó el domingo y, con esa herramienta constitucional, las Autonomías pueden imponer restricciones extraordinarias ante el avance imparable del coronavirus en el otoño europeo.
Así, la realidad se impone. Días antes, Pedro Sánchez, el presidente español, había mostrado su preocupación y su disposición a tomar medidas estrictas, confirmando que “la situación es grave” y que vienen “meses muy duros”. El sábado previo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciaba que se habían confirmado 465.319 casos de la COVID-19, un récord mundial por tercer día consecutivo. De ese total, la mitad se habían registrado en Europa.
El confinamiento nocturno es la principal medida que se desprende del último estado de alarma, decretado hace dos días. Es de carácter obligatorio en todo el país -exceptuando a las Islas Canarias- durante los próximos 15 días entre las 23 y las 6, aunque las Autonomías pueden acortar o estirar ese plazo una hora. Cataluña, por ejemplo, ha anunciado que lo adelanta a las 10 de la noche.
Esta medida, con la que se pretende frenar el avance del virus, ya está en vigencia en otros países europeos como Francia e Italia. En comparación con el estado de alarma de marzo, este será más suave, pero mucho más largo: se aprueba para 15 días, pero, esta misma semana, el Ejecutivo llevará al Congreso una prórroga para extenderlo seis meses, hasta el 9 de mayo. A partir del 9 de noviembre, el toque de queda dejará de ser obligatorio y quedará en manos de los presidentes autonómicos si lo prorrogan o no. Según explicó Sánchez, el plazo de seis meses es el recomendado por los expertos para superar la segunda ola de la pandemia que se prevé como la “más dañina”.
Además, se prohíben las reuniones de más de seis personas y cada región podrá imponer medidas a su conveniencia. Madrid, por ejemplo, una de las zonas más críticas, ha establecido la capacidad máxima de bares y restaurantes al 50 por ciento.
El objetivo está puesto en disminuir los contagios a 25 por cada 100.000 habitantes. Hoy, España está en 368 contagios de media, con varias comunidades rebosando esa cifra. “Tenemos un largo recorrido por delante. Vamos a tener que desplegar un gran ejercicio de resistencia”, ha dicho Sánchez.
En estos momentos, alrededor del 30 por ciento de los contagios se producen en reuniones en espacios cerrados. Por ello, el gobierno y las Autonomías creen que un confinamiento nocturno puede reducir los contagios. Las administraciones están viendo que cerrar bares y lugares de ocio nocturno no es suficiente, porque muchas personas, especialmente los jóvenes, siguen las reuniones en sus casas, lo que colabora en la transmisión del virus.
Estado de alarma no es sinónimo de confinamiento domiciliario. Y esa medida es la que tratan de evitar, por todos los medios, las administraciones. Así lo expresó Sánchez la semana pasada en un discurso que recordaba a los de marzo y abril, durante la primera ola de la epidemia. Con este confinamiento nocturno, lo que se busca es no frenar del todo la economía e impedir botellones, fiestas privadas y juntadas de jóvenes. Se pretende no confinar, pero sí limitar la movilidad. Sin embargo, el matiz entre el toque de queda y el confinamiento es muy fino.
El texto del estado de alarma aprobado en el Boletín Oficial del domingo deja abierta la posibilidad de restringir el movimiento entre comunidades, siendo los presidentes autonómicos quienes pueden decretar el cierre de sus territorios. Ello permitirá, por ejemplo, que las comunidades puedan cerrar sus fronteras si una autonomía cercana está muy afectada, algo que han planteado en otras ocasiones comunidades limítrofes con Madrid y, que hasta ahora, no se podía hacer por cuestiones constitucionales.
En una situación calificada como “extrema” y con un virus que ya ha causado al menos 35.000 muertos en todo el país, España vuelve al estado de alarma después de decretarse hace siete meses el primero de ellos, pero este será por mucho más tiempo y más suave.
*Por Lucas Gatica para La tinta / Foto de portada: EFE
