El abandono de los defensores ambientales en Chile
El gobierno de Sebastián Piñera se niega a firmar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional para la protección del medio ambiente y que permite el acceso a la información ambiental.
Por Andrés Kogan Valderrama para La tinta
La decisión final del gobierno de Chile de no firmar el primer acuerdo a nivel regional sobre derecho ambiental y único en el mundo en proteger a los defensores ambientales deja al país en una situación difícil de creer. Es un bochorno regional por parte de Sebastián Piñera, considerando que, en 2012, su mismo gobierno, junto a Costa Rica, en el marco de la Conferencia Río +20, lideró la negociación del Acuerdo de Escazú, el cual lo que busca, finalmente, es que los grupos más vulnerables tengan un mayor acceso a información ambiental, mayor participación pública y mayor acceso a la justicia ambiental.
Un acuerdo que está estrechamente relacionado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU (2015-2030) y que toma de referencia el Convenio de Aarhus, el cual ha sido firmado por los 27 países que forman parte de la Unión Europea (UE) y otras 51 naciones de Europa y Asia.
No obstante, pareciera que al gobierno chileno poco y nada le importa aquello, como impulsar un multilateralismo regional que permita generar ciertos estándares comunes mínimos en materia ambiental, mostrando así una postura aislacionista, ya que, prácticamente, todos los países de la región han firmado el acuerdo y varios de ellos, incluso, lo han ratificado.
Asimismo, es vergonzoso que haya decidido quedarse fuera de este acuerdo, considerando que buena parte del trabajo realizado para desarrollarlo se haya realizado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya sede está precisamente ubicada en Chile. De ahí que su rechazo al acuerdo sea también un rechazo al trabajo realizado por los mismos funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente de la época (Constance Nalegach) y a la sociedad civil de Chile (Andrea Sanhueza).
En consecuencia, Chile se queda al margen de un proceso inédito en la región, que lo que busca es fortalecer la institucionalidad vigente a través de una mejor implementación de ésta, por ejemplo, mediante la entrega de asistencia técnica gratuita a las personas que quieran llevar algún caso por conflictos socioambientales.
Los informes de Global Witness y Front Line Defenders ubican a América Latina no solo como la región con más conflictos socioambientales en el mundo, sino también con más asesinatos a dirigentes y activistas. Es cierto que Chile no tiene la cantidad de asesinatos de este tipo como Colombia, Brasil, Honduras y Nicaragua. No obstante, como muestra el mapa de conflictos socioambientales del INDH (Instituto de Derechos Humanos de Chile), en 2018, se detectaron 116 conflictos socioambientales, vinculados principalmente a la energía, la minería y el sector agropecuario, en donde la apropiación privada del derecho a agua ha sido una constante.
No por nada el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza condenó a finales del año pasado a Chile por la mercantilización de un bien común fundamental para la reproducción de la vida. Esto, sumado a que, de esos 117 conflictos socioambientales mencionados anteriormente, el 32 por ciento fue en territorio indígena, lo que deja en evidencia la vulneración del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual, si bien Chile lo ha firmado y ratificado, a diferencia del Acuerdo de Escazú, no ha querido implementarlo debidamente.
El resultado de todo este escenario en Chile ha derivado en amenazas, persecuciones, encarcelamiento y asesinato de personas chilenas y mapuche, como Nicolasa Quintremán, Alejandro Castro, Macarena Valdés, Alberto Curamil, Rodrigo Mundaca, Camilo Catrillanca, Francisca Linconao, además del desplazamiento de comunidades de sus territorios como consecuencia de la instalación de proyectos extractivos que se han dedicado a contaminar y destruir los ecosistemas.
Detengámonos en los más de 30 fallecidos y 359 personas con daño ocular que dejó la represión ante la revuelta social de octubre de 2019. Si bien muchos de ellos no tienen directa relación con demandas ambientales, son personas víctimas de violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado de Chile. Derechos humanos que este nuevo Acuerdo de Escazú busca entrelazar con los derechos ambientales.
Para el gobierno de Piñera, sería “mezclar temas”, como recientemente manifestaron insólitamente la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y el titular de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. Que no olviden los ministros que, junto al gobierno de Venezuela que tanto critican y del cual buscan diferenciarse, son prácticamente los únicos países en la región que no han firmado el Acuerdo de Escazú.
Al parecer, más allá de las diferencias políticas de sus gobernantes, comparten el mismo miedo autoritario al acceso a la información, a la participación, a la justicia y a la construcción de una democracia ecológica, en donde el centro sea la sustentabilidad.
*Por Andrés Kogan Valderrama para La tinta / Foto de portada: Agencia Uno
