Crisis en la última frontera rusa: las claves de las protestas en Bielorrusia
El acuerdo tácito en Bielorrusia se rompió cuando la oposición y parte de la sociedad no aceptaron el resultado de las elecciones que dieron a Aleksandr Lukashenko su quinto mandato presidencial.
Por Raquel Rero para La tinta
Dos hombres de traje y corbata, dos sillones cómodos y una sala medio vacía, pero, sobre la mesa, la promesa de 1.500 millones de dólares. Una semana después, la reunión de un grupo de ministros de Exteriores, la negativa de Chipre y la promesa del Alto Representante de “hacer lo necesario” para aprobar nuevas sanciones contra Bielorrusia más adelante. En el interludio, calles atestadas de manifestantes, represión y detenciones.
Un mes antes de que comenzaran las reuniones de contingencia, la población bielorrusa acudió a las urnas en unas elecciones presidenciales anómalas, marcadas por la pandemia mundial del coronavirus. En la noche del 9 de agosto, Aleksandr Lukashenko se declaró vencedor por abrumadora mayoría, con más del 80 por ciento de los votos, y entonces empezaron las protestas. En un distante segundo lugar, el recuento oficial le dio a Sviatlana Tsijanouskaya el 10 por ciento de los sufragios.
Esta mujer anónima para el gran público hasta hace unos meses galvaniza desde entonces el descontento social después de haberse convertido en candidata casi por sorpresa. Tsijanouskaya aceptó presentarse luego de que el candidato, su marido -el activista y famoso youtuber Syarhey Tsijanousky-, fuera arrestado por las autoridades. El 11 de agosto, cruzó la frontera hacia Lituania y, desde entonces, tacha de farsa los resultados oficiales. Desde su canal de YouTube, y en varias entrevistas con la prensa internacional, ha reclamado el reconocimiento de su victoria electoral, para así poder facilitar una transición ordenada y repetir los comicios con verdaderas garantías.
Los países de la Unión Europea (UE) y otros estados occidentales tampoco reconocen la victoria de Lukashenko y exigen nuevas elecciones. En su primer discurso del Estado ante la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “la UE está del lado del pueblo de Bielorrusia”. De ahí que la líder opositora acudiera el lunes pasado a Bruselas, durante la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, a pedir acciones más contundentes.
Pero la UE se encontró de nuevo con su propia historia y faltó unanimidad, algo que el responsable de Exteriores, Josep Borrell, espera resolver antes del próximo encuentro del grupo. El gobierno chipriota vetó la posibilidad de imponer nuevas sanciones a dirigentes políticos que los países de la UE consideran responsables de la represión y el fraude electoral, como medida de presión a sus socios para que castiguen también a Turquía por sus acciones en el Mediterráneo Oriental. Así que los ministros de Exteriores no han concretado, por el momento, la medida.
Donde sí hubo acuerdo, o al menos un mayor entendimiento, fue en la reunión privada de una semana antes. Los hombres de traje y corbata eran el propio Lukashenko y su homólogo ruso, Vladimir Putin, reunidos en Sochi. Moscú renovó promesas de apoyo político, militar y económico, con un paquete de 1.500 millones de dólares que ayude a aliviar las arcas públicas bielorrusas y la tradicional política de subsidios, mermadas por la epidemia de coronavirus.
A orillas del Mar Negro, Putin calificó al país vecino como “su aliado más próximo” y aseguró que cumplirá con su parte de los acuerdos existentes entre ambas naciones, incluidos los de seguridad y defensa, pero dio a entender que no interferirá en la crisis sociopolítica actual.
Dos días más tarde del encuentro, Lukashenko acusó a Estados Unidos y sus “países satélites europeos” (en concreto, Lituania, Polonia, República Checa y Ucrania) de intentar desestabilizar Bielorrusia e interferir en su soberanía, y citó a Venezuela y Siria como ejemplos previos de la misma táctica. Rusia también acusó a Washington de interferir en el país vecino.
Fuera de los despachos, las protestas continúan cada semana en las calles, donde miles de manifestantes y la oposición denuncian la represión policial y la persecución judicial. Algunas ONG como Human Rights Watch (HRW) denunciaron maltratos y torturas en los centros de detención, centenares de heridos y alrededor de 10.000 personas detenidas. Amnistía Internacional (AI) y otras 16 ONG internacionales y bielorrusas denunciaron en una carta abierta la crisis de derechos humanos y pidieron una investigación independiente a Naciones Unidas (ONU). El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha pedido recientemente una visita de la relatora especial del organismo, pero el embajador del Bielorrusia en Ginebra rechazó las acusaciones y calificó la resolución del Consejo de “injerencista” e “inaceptable”.
Varios líderes de la oposición también han sido detenidos, otros han huido del país y buscan denunciar al presidente ante la Corte Penal Internacional (CPI). La Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexiévich, convocó recientemente a los medios para denunciar que es la única de los siete líderes opositores que presiden el Consejo de Coordinación que aún está en libertad en el país.
¿Por qué estas elecciones han derivado en una crisis?
Si Lukashenko lleva 26 años en el poder, prácticamente desde la independencia de la Unión Soviética (URSS) a principios de la década de 1990, y no es la primera vez que recibe acusaciones de fraude electoral, la pregunta que sobrevuela esta crisis es por qué ahora y no, por ejemplo, tras los comicios de 2015, fuertemente cuestionados.
La mayoría de respuestas apuntan a una triple causa: la excesiva diferencia en el resultado electoral, la gestión deficiente de la pandemia y el descenso de popularidad del presidente, lo que añade un cuarto elemento: la posibilidad de que Rusia esté buscando un recambio para Lukashenko.
En primer lugar, la ruptura del pacto social. Gran parte de la sociedad y la oposición, además de organizaciones internacionales, llevan años cuestionando los resultados electorales y las continuas victorias del mandatario en todos los comicios celebrados desde la independencia. La caída de su popularidad, ligada a la gestión de la pandemia y la unión de la oposición en bloque, hacían esperar una reducción importante de los apoyos a Lukashenko. Pero el recuento oficial arrojó un 80 por ciento para el líder y una diferencia tan significativa disparó las alarmas de fraude y encendió a la población.
Aunque esta crisis ha eclipsado la situación derivada del coronavirus, Bielorrusia es el único país de Europa cuyos gobernantes no han aplicado medidas drásticas para contener su expansión. Sin cuarentenas o restricciones de movilidad, se han seguido celebrando actos públicos y el líder del país llegó a negar la existencia del virus. Acaba de empezar el otoño en Europa y Bielorrusia suma más de 75.000 contagiados, según los datos oficiales.
El tercer elemento, y a pesar de la posible interferencia externa, es la palpable desafección de la población con el presidente y los dirigentes del Estado. El equilibrio del país se basaba en garantizar la estabilidad y seguridad económica, a través de un modelo propio que combinaba las características de un antiguo país soviético centralizado con grandes empresas nacionales (de industria y agricultura principalmente), subsidios y una gran protección social. Pero aquí también el pacto se ha roto.
El deterioro de la situación económica y la reducción de los subsidios, junto con la respuesta a la pandemia y la represión de las manifestaciones, han terminado por abrir la grieta que durante años se sostuvo atada con hilo fino.
La última frontera
Otra de las claves de esta crisis es entender el encaje geopolítico de Bielorrusia. Para Moscú, no es solo un antiguo Estado de la URSS, cercano cultural y socialmente, sino que es un país tapón estratégico frente a la OTAN y la UE. Por eso, lo cuida con precios energéticos bajos, apoyo económico y militar. Rusia le compra casi la mitad de sus exportaciones y es su principal inversor. Tienen grandes proyectos conjuntos, como la central nuclear construida por una empresa rusa que empezó a funcionar un día antes de las elecciones o los corredores de gas con los que Moscú abastece a Europa.
Además de los gasoductos, Bielorrusia también supone un importante nudo de comunicaciones y ferrocarriles: conecta Polonia y Lituania con Rusia. También conecta Kaliningrado con el resto de Rusia y, de norte a sur, los países bálticos y el Mar Báltico con Ucrania y el Mar Negro.
Para la UE, el país también es un Estado fronterizo importante y necesita de su colaboración para garantizar la llegada del gas ruso y controlar en las fronteras el terrorismo, el tráfico de armas o el narcotráfico.
Lukashenko ha sabido utilizar este enclave estratégico -donde, además, comparte frontera con tres países de la OTAN: Polonia, Letonia y Lituania- a su favor, mediando y pivotando entre Rusia y Occidente. Queda por ver si la actual crisis llegará a cambiar de forma significativa todos estos equilibrios.
Bielorrusia es importante para Putin, pero quizá no tanto como para arriesgarse a una intervención al estilo de Crimea en Ucrania. Además, Moscú tiene que lidiar ahora con su propia crisis del coronavirus y unos bajos precios del petróleo que castigan significativamente su economía. Si se produce el recambio del líder, será importante no generar tensiones y evitar que el descontento social bielorruso traspase la frontera.
Otra duda es si la oposición será capaz de capitalizar la situación en la calle y encontrar un líder político de peso, que ofrezca un cambio creíble y rápido. Dadas sus respuestas en las últimas siete semanas, lo que sí parece claro es que Lukashenko tratará de mantenerse en el poder. Ayer, Lukashenko juró el cargo en una ceremonia de investidura no anunciada. La oposición convocó protestas indefinidas y en la calle se amplió la grieta. El Ministerio de Interior anunció más de 350 detenciones.
*Por Raquel Rero para La tinta / Foto de portada: A/N
