Ecuador: la política de exterminio del gobierno nacional
El gobierno de Lenin Moreno sigue negando la realidad del país. Aunque la situación sanitaria es crítica, el Ejecutivo planea más ajustes y la posibilidad de suspender los comicios.
Por Revista Crisis
La instrumentalización de la pandemia en el Ecuador por parte de los grupos de poder se vuelve evidente. A seis meses de la declaración de la emergencia sanitaria, poco o nada parece importarle al gobierno nacional que los contagios y las muertes por la COVID-19 se disparen. Hasta el momento, las cifras oficiales indican un número de contagios que ronda los 95.000, contando también más de 25.000 fallecimientos, entre casos comprobados y muertes inusuales. Pese al panorama alarmante, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional declaró la apertura de playas turísticas y terminales terrestres, además de la libre circulación en todo el territorio nacional ante el feriado de este 10 de agosto. Esto en medio de una situación que anuncia un pico de contagios tras otro, y un evidente desborde en el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Antes del feriado, ya teníamos un sistema de salud completamente colapsado, ahora ¿qué nos espera? Tal parecería que el gobierno nacional precisa un repunte en el número de contagios para poder renovar el estado de excepción y las medidas de control del espacio público, además de reflejar una intención claramente política.
Dentro del mal manejo intencional de la pandemia, las autoridades gubernamentales se esmeran por responsabilizar al pueblo por su propia exposición y muerte, insinuando una falta de disciplina y cuidado, sosteniendo la lógica neoliberal de culpabilizar al individuo por la suerte que pudiese correr la vida de cada persona. Esta estrategia pretende desenfocar la atención en la responsabilidad directa del gobierno por permitir que la pandemia en el Ecuador se descontrole, con instituciones públicas que poco o nada pudieron cambiar en la ecuación que desembocó en el actual desastre, y la crisis humanitaria que le siguió. Estas mismas instituciones, desprestigiadas y desfinanciadas por la lógica del neoliberalismo, con el afán de privatización de las mismas, juegan un rol determinante respecto a una respuesta efectiva ante la pandemia: en el Ecuador vivimos un fracaso rotundo y doloroso.
Según estimaciones regionales y continentales, en el Ecuador tenemos la tasa de letalidad por la COVID-19 más alta en Sudamérica, y somos el segundo país con la tasa más alta en el continente americano, en proporción a la población nacional. Esto como resultado de un Estado desmembrado, en el cual nos ha sumido el gobierno de Lenín Moreno con la implementación de recortes, despidos masivos y desfinanciamiento sistemático en los sectores salud, educación y cada ámbito de lo público.
El Estado burgués se muestra como ineficaz para garantizar el sostén de la vida, o contrario a la misma en medio de la pandemia. Indudablemente, el capitalismo salvaje atenta en contra de la vida, materializado por medio los preceptos neoliberales dictados por las instituciones crediticias y sus acólitos nacionales, a las cuales deben sus mandatos y su permanencia en el poder.
A nivel continental, el presidente brasilero Jair Bolsonaro está siendo denunciado en La Haya ante la Corte Penal Internacional (CPI) por genocidio, por su permisividad respecto al contagio por la COVID-19 entre las nacionalidades indígenas y la población en general. Bolsonaro negaba la existencia de una emergencia sanitaria y humanitaria en territorio brasileño, al calificar la COVID-19 como una gripezinha y desistir de la implementación de medidas de prevención y atención oportuna a la población en medio de la pandemia. El mismo destino deberían correr María Paula Romo y compañía, al estar al frente de la máxima institución de decisión respecto a las medidas propuestas e impuestas por el gobierno nacional, el COE.
El accionar del gobierno nacional, además de evidenciar la naturaleza depredadora del capitalismo, refleja también una política sistemática de exterminio. No cabe duda de que, como consecuencia directa de la relajación de las medidas de confinamiento y prevención a nivel nacional, el número de contagios y muertes por la COVID-19 se multipliquen. Esto llevará a un panorama más agravado del colapso de hospitales, centros de salud y morgues, dándole una excusa al gobierno para volver a declarar el estado de excepción, que vence el próximo 16 de agosto. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya haya desmentido esta tesis, resultaría plausible una instrumentalización del mismo a favor de una suspensión de la campaña preelectoral frente a los comicios del 2021, y una posible postergación de las propias elecciones.
En una realidad como la que vivimos, cualquier cosa es posible. La oligarquía político empresarial impondría, de esta manera, sus intereses de mantenerse en el poder, y una subsecuente ola de concesiones y privatizaciones de sectores estratégicos, que parece acelerarse en tiempos de pandemia. La depredación y el exterminio no paran ante nada ni nadie, sin importar cuántas vidas se lleven por delante. Esta es la lógica del capital por excelencia.
El capitalismo salvaje se lleva vidas en cantidades inaceptables cada día, imponiendo siempre al mercado por sobre la vida. Entre el virus y el hambre, el gobierno impone un exterminio contra el pueblo. El trato de las élites es el siguiente: una sistemática aniquilación del pueblo a cambio de unos pocos millones para sus bolsillos. Estos millones irán a parar a arcas privadas en paraísos fiscales, una vez que la feria de lo público concluya. Lo que en estos momentos aún resulta incalculable, es si es más mortal la COVID-19 en sí, o el exterminio calculado. Así se evidencia la lógica más profunda del neoliberalismo: la eugenesia de clase.
*Por Revista Crisis / Foto de portada: Celag
