“En Brasil, cada 23 minutos muere un George Floyd”
Preta Ferreita, activista afroamericana y lidereza del Movimiento sin Techo del Centro, habla de la actualidad de su país, el gobierno de Jair Bolsonaro, la discriminación racial y los efectos de la pandemia en la población indígena.
Por Gustavo Veiga para Página/12
A Janice Ferreira se la conoce mucho más por su apodo, Preta. Acusada de extorsión en la toma de viviendas, pasó 108 días detenida en la prisión de Santana, en San Pablo. “No vino contra mí el Estado y su poder judicial, fue el Estado en tanto especulador inmobiliario”, comenta. Orgullosa de su condición de mujer negra con formación universitaria y luchadora social, lidera el Movimiento sin Techo del Centro (MSTC). A los 35 años ya tiene unas cuantas cicatrices por la vida, que lleva en constante pelea contra las injusticias. Su perfil viene de familia. Carmen, su madre, también es referente de las personas sin vivienda que viven en las calles o alternan entre un alquiler imposible de pagar y el riesgo latente de ser desalojadas. Las dos fueron encarceladas aunque con una diferencia. El proceso contra la mamá de Preta terminó con su absolución y su hija en libertad. Desde la capital paulista, dialogó con Página/12 sobre la actualidad de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, la discriminación racial, el movimiento al que pertenece y los efectos de la pandemia sobre la población de las comunidades quilombolas e indígenas, la clase más sumergida de su país.
—¿Nos puede explicar cómo ha sido su militancia en el Movimiento sin Techo?
—Soy militante de la lucha por la moradia (en portugués hogar, vivienda, una palabra que repetirá a lo largo de toda la entrevista) y del MSTC. Me formé en publicidad y trabajo en la cultura con música, cine, arte… Soy cantora, actriz y ahora escritora. Acabo de terminar un libro que saldrá antes de fin de año y se llama Mi carne, diario de una prisión. Todas son cosas que veo con naturalidad. Yo fui criada en hacer lo que me gusta.
—¿Desde qué edad comenzó a involucrarse en las luchas sociales?
—Milito desde los 14 años, tengo 35 y me comprometí con el Movimiento Sin Techo. Soy una persona excluida de la sociedad y entonces milité por eso. Y lo hice para que otras personas no pasaran lo que yo pasé, cuando se me negó el derecho a la moradia y ahora soy una negra que lucho por los derechos constitucionales. Porque acá en Brasil estamos en las mismas condiciones que en la década de 1960, cuando en 1964 se produjo el golpe de la dictadura militar.
—¿Cómo se compone su familia?
—Nosotros somos ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Yo vivo en el centro y todos viven acá, en San Pablo, y todos están unidos a esta causa donde ocupamos viviendas por necesidades. Solo mi padre y la parte de su familia siguen en San Salvador de Bahía.
—¿El Movimiento que usted integra es social y políticamente amplio, o está identificado con algún sector en especial?
—Es un movimiento amplio que cuida de las personas que necesitan su casa, independientemente de su condición social y de su credo. Es un movimiento muy diverso que lucha por las garantías constitucionales. No nos ocupamos solamente de conseguir una casa: también la salud, la educación y de temas judiciales de quienes están dentro del MSTC.
—¿Cuántas personas estiman que no tienen techo en San hablo o en todo Brasil?
(NdelaR: en 2018 un estudio señalaba que había 6,9 millones de familias sin techo y 6 millones de inmuebles vacíos en todo Brasil). Acá en San Pablo no sé cuántas son las personas sin techo, porque aumentan gradualmente como los predios deshabitados. No tengo ninguna referencia. Pero así como hay 86 mil predios vacíos, la cantidad de gente en las calles es bien mayor. Falta voluntad política para resolver el problema de la vivienda, para hacer un programa sobre el tema. Esto pasa también por la especulación inmobiliaria. Porque si tú no tienes el dinero para pagar el alquiler vas a la calle y el problema de la especulación inmobiliaria es un problema de todo el mundo, no es solo de San Pablo. El derecho a la vivienda debería ser un derecho mundial. Las personas se quedan sin casa porque la especulación inmobiliaria se está comprando todo.
—¿Se identifican ustedes con el movimiento okupa que surgió a mediados de la década de 1980?
—Sabía sobre ese movimiento, pero la verdad es que nosotros tomamos predios desocupados, cien por ciento vacíos hace más de 20 años, ociosos, donde no se cumple la función social de la propiedad, y donde unos derechos dejan de estar garantizados. Los movimientos sociales quieren pagar por un hogar, pero no existen políticas públicas que, es importante recordar, deben hacerse efectivas para que la población pueda tener esas viviendas a un precio justo. Queremos que se den años de gracia para pagar, pero parece que no es interesante liberar esos predios para los trabajadores populares o de baja renta, porque existen grandes empresas que quieren comprarlos para transformarlos en apartamentos lujosos o minúsculos para vender por un precio que un trabajador pobre o de baja renta no consiga comprar. Por eso, el movimiento tiene la obligación de denunciar esta especulación inmobiliaria y por eso se nos criminaliza. Prueba de eso es que yo fui presa 108 días sin haber cometido crimen alguno.
—¿Cómo es afectada la población negra de Brasil en esta problemática? ¿Tiene más dificultades por cuestiones raciales que la población blanca o mestiza?
—Ahí ve la gente el problema racial, cuando se afecta el derecho a la moradia. Desde la época de la esclavitud que se está arrastrando, y al Estado no le interesa que una mujer negra tenga estudios superiores, un diploma, porque ese acceso es negado y lo señalan las estadísticas. A mí me pasó esa discriminación, cuando un empresario me pagó mi pasaje de avión y GOL no me dejó viajar porque la tarjeta de crédito no era la mía. Porque era de un hombre blanco, de Bélgica, hicieron especulaciones sobre dónde había comprado ese pasaje y no conseguí viajar y tuve que comprar otro con mi dinero, porque una mujer negra no puede viajar en Brasil si adquirió el pasaje con una tarjeta que no es de ella. Eso es el racismo en este país. Es un cáncer.
—¿Le hizo juicio por eso a la compañía?
—No, no quise gastar energía en eso, tengo muchas cosas a qué dedicarme.
—¿Las condiciones de movimientos como el MSTC empeoraron con el gobierno de Bolsonaro?
—Es un gobierno dictatorial, totalitario, fascista, racista, machista, que excluye y gobierna para una torcida organizada. Usted ve ahí la ayuda a la población indígena siendo negada por el presidente con un veto. Las personas de esas poblaciones indígenas y de las quilombolas no son gente para él. No es el presidente de la República, porque el presidente debe gobernar para todos, para toda la población del país. Bolsonaro gobierna para los ricos, ellos están muy bien. El hijo de él se vio envuelto en el asesinato de Marielle Franco. Bolsonaro nos mandó la policía federal para aprehendernos a nosotros, Bolsonaro junto al gobernador de San Pablo Joao Doria. Bolsonaro, Doria y Witzel, el gobernador de Río de Janeiro, son tres asesinos, tres genocidas, y hoy que estamos viviendo la pandemia el presidente le niega derechos a una parte de la población.
—¿Adhiere a la denuncia internacional contra Bolsonaro por genocidio?
—Sí. Absolutamente. Un presidente que no obliga a las personas a usar tapabocas es justamente para matar a esas personas, a la población carcelaria. Un presidente que firma un veto para que la población indígena y quilombola no tenga atención médica durante una pandemia mundial, es un asesino. Un presidente de la República que sabe que está infectado con la COVD-19 y está en la calles, conversando con las personas, es un asesino. No son opiniones, son hechos.
—¿Cómo siguió lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd y la respuesta que generó en la población?
—Yo creo que en Brasil debemos valorizar nuestras luchas, porque acá cada 23 minutos muere un George Floyd. Cada 23 minutos un joven negro es asesinado.
*Por Gustavo Veiga para Página/12 / Foto de portada: Marcelo Cruz – Brasil de Fato
