Paraguay: la corrupción también es un virus que no tiene cura
Aunque Paraguay es uno de los países menos golpeados por el coronavirus, desde que comenzó la pandemia, los casos de corrupción rodean al gobierno por la compra de insumos médicos.
Por Adolfo Giménez para Nodal
Cuando miles de personas están desempleadas y los trabajadores informales casi no tienen ingresos, cuando pobladores de barriadas pobres se organizan para obtener un poco de comida y los que salen a trabajar se arriesgan al contagio, es sorprendente cómo los especuladores que rondan las oficinas estatales siguen buscando hacer negocios sucios, sin importar la situación angustiante de una parte importante de la población.
La cifra oficial de desempleo antes de la pandemia era cerca del 10 por ciento y el subempleo del 34 por ciento, pero, ahora, habría que sumar algunos dígitos a cada cifra. El Banco Central estima una caída este año del PIB de 2,5 por ciento. La cantidad de migrantes que volvieron en los últimos meses es de 8.000, pero esta cantidad se triplicará o cuadruplicará en poco tiempo, cuando los controles en frontera sean más flexibles.
En esta situación, la corrupción es igual al coronavirus: no tiene cura. Un aparato estatal ineficiente y corrupto no puede asumir una responsabilidad social y humanitaria tan grande. Una sociedad que no es solidaria no podrá vencer al coronavirus; un mundo que no es solidario no podrá vencerlo.
A pocas semanas de la pandemia, todas las compras y licitaciones de insumos médicos del Ministerio de Salud fueron rechazadas por intento de fraude y estafa. También se comprobó sobrefacturación en compra de mascarillas y equipos de protección en la Dirección de Aeropuertos Civiles (DINAC) y en la empresa estatal de combustibles (Petropar). En esta última, se llegó al extremo de comprar con sobreprecio “agua tónica para coronavirus” (SIC).
Las denuncias fueron hechas por la Contraloría y comisiones especiales del Parlamento y el Ejecutivo, creadas para controlar el gasto durante la pandemia. Las primeras imputaciones de la fiscalía cayeron sobre las firmas Imedic y Eurotes (todas con nexos, como dicen los informes diarios de Salud) que se adjudicaron una licitación “rápida” de 17 millones de dólares. En la DINAC, se comprobó la participación de empresas de membrete.
Las verificaciones arrojaron que las mercaderías compradas (camas, respiradores, elementos de bioseguridad) no reunían las indicaciones técnicas requeridas. Es probable que los proveedores acudieran al mercado negro o a mercaderías desechadas en alguna parte del mundo.
Luego de más de tres meses del inicio de la cuarentena, poco se consolidó el sistema de salud. Los trabajadores siguen reclamando equipos apropiados. La cantidad de camas con respiradores a nivel nacional es de unas 800 unidades para una población de más de siete millones de habitantes, aunque se realizarán nuevas adquisiciones cuando las compras se hagan cumpliendo las reglas.
Y en plena crisis, aumentó la deuda externa. El gobierno hizo un préstamo de 1.600 millones de dólares, de los cuales 550 millones es para el sector Salud.
El presidente Mario Abdo Benítez representa a la tradicional oligarquía, ligada a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). El Partido Colorado cumple el papel de avalar la política neoliberal y asegurar el poder, utilizando un aparato político que se consolidó durante esta dictadura, con una red clientelar y coercitiva inmensa, muy efectiva en tiempos electorales.
Es evidente que el escenario post pandemia será de mayor crisis. Los reclamos sociales se mantendrán, junto a una fuerte denuncia a la representación política a la que se asocia con la corrupción.
Rompiendo al aislamiento y las restricciones impuestas por la cuarentena, organizaron movilizaciones los trabajadores de la salud, del sector eléctrico -rechazando un plan neoliberal de Reforma del Estado-, gente pobre exigiendo ayuda y los docentes contra la improvisación de la “educación a distancia”.
El acto más importante fue una caravana realizada el 22 de junio por el centro de la capital y las ciudades principales del país, organizada por todas las centrales sindicales, organizaciones populares, partidos políticos y estudiantes. Luego de un acto anterior convocado por la denominada Comisión Escrache, fue imputada por violar la cuarentena la activista Esther Roa.
Es conocida la definición de que el Estado es poder y el poder es corrupción. En esta coyuntura, esta frase golpea como un látigo. La corrupción es política. La ya añeja apertura democrática, que comenzó en 1989, no pudo zafarse de este virus. Muchos negocios, poco patriotismo.
*Por Adolfo Giménez para Nodal / Foto de portada: Jorge Saenz – AP
