La exportación de armas españolas creció un 300 por ciento en la última década
Un reciente estudio del Centre Delàs apunta a la responsabilidad de los sucesivos gobiernos en el crecimiento de la industria bélica española, convertida en la sexta del mundo en volumen de exportaciones.
Por Martín Cúneo para El Salto Diario
La exportación de material bélico made in spain sigue creciendo “impulsada y promovida” por el gobierno español. Esta es la principal conclusión del informe del Centre Delás Oriente Medio y Asia, mercados lucrativos para las armas españolas, en el que este instituto de análisis para la paz analiza el comercio de armas entre 2018 y 2019.
Según los datos recogidos por el Centre Delàs, las exportaciones de armas españolas se han “incrementando sistemáticamente” en los últimos diez años: las ventas de 2019 son 295,4 por ciento superiores a las de 2010, es decir, se han multiplicado por tres.
En esta década, en la que pasaron por La Moncloa tres presidentes y dos partidos, la evolución de las exportaciones de material bélico muestra que la política de PP (Partido Popular) y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) “no difiere demasiado”. Los dos partidos, sigue el estudio, han impulsado la producción de armas y las exportaciones de estas con el objetivo de “disminuir los costes de producción y, de esta manera, ser más competitivos en el mercado internacional de armamento”.
No fueron las diferencias políticas, sino la crisis de 2008 lo que supuso un cambio en la industria militar española. El ministro de Defensa del gobierno del PP, Pedro Morenés, sostiene el Centre Delàs, “compensó las medidas de austeridad presupuestaria de su ministerio, que comportarían reducciones de adquisiciones de material militar, apoyando a la industria para vender más armas en el exterior”.
El crecimiento que ha experimentado la industria española de armamento supera ampliamente la media mundial. Mientras el aumento de las exportaciones de armas en España en 2019 fue del 8,7 por ciento, la media planetaria fue un 0,1 por ciento superior a la de 2018.
Armas para las guerras de mañana
No solo la exportación de armas aporta datos sobre la contribución española a las guerras en el mundo. La política del gobierno de fomentar las exportaciones y la expansión internacional de la industria española militar, se puede observar en el creciente número de autorizaciones a la exportación que concede el Ministerio de Defensa, unas armas que serán enviadas a países de todo el mundo, en preparación de las guerras del futuro.
En 2018, el Ministerio autorizó exportaciones de armas por valor de 11.404 millones de euros, de las cuales, a día de hoy, se han exportado una tercera parte. En 2019, el gobierno dio luz verde a exportaciones de 10.090 millones de euros, de las cuales el 40 por ciento ya ha sido despachado. “Dado que, en los tres últimos años, la diferencia entre armamento autorizado a la exportación y el material exportado es considerable, cabe esperar que, en los próximos años, el nivel de exportaciones no disminuirá, sino que aumentará”, adelanta el informe.
El crecimiento de la venta de armas españolas ha situado a esta industria entre las más boyantes del mundo. En 2018, España ocupaba el quinto lugar en la lista de mundial de países exportadores de armas y, en 2019, se situaba en sexto lugar, por detrás de Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China.
De todas las armas exportadas en el planeta, el año pasado, el 3,9 por ciento habían salido de España. Los productos estrella de la industria bélica española: las aeronaves militares, que representan el 74,4 por ciento del total del material exportado, y los buques de guerra, que suponen el 9 por ciento. La venta de bombas, cohetes y misiles suponen el 2,5 por ciento de un negocio que ha dejado 814 millones de euros en una década.
Para hacerse una idea de cómo son las empresas que reciben el aval del gobierno para la exportación de armas de guerra, basta con echar un vistazo al historial de Explosivos Alaveses SA (Expal). Esta empresa, que forma parte del Maxam, uno de los gigantes de la industria armamentística en España, vendió 250 millones de euros en municiones y explosivos en 2018. Desde el 20 de septiembre de 2019, esta empresa tiene de consejero a uno de los ideólogos y estrategas de Vox, Rafael Bardaji, el más internacional de los integrantes de esta formación de extrema derecha. Sus contactos con los halcones de la Casa Blanca sirvieron en tiempos de José María Aznar para aceitar la participación española en la guerra de Irak.
En la trayectoria de Expal, figura haber sido uno de los grandes fabricantes de minas antipersona y de bombas de racimo, un tipo de explosivos que contiene en su interior hasta 202 sub-municiones con metralla o material explosivo, prohibido por una ley internacional de 2010. La destrucción de estas mismas bombas que Expal fabricaba le reportaron en los siguientes años un lucrativo negocio. A pesar de todo esto, el ejército británico utilizó bombas de racimo fabricadas por Expal en la guerra de Libia en 2011.
Las autoridades no solo han autorizados miles de millones de euros en exportaciones de material especialmente dirigido al asesinato de personas, sino que, además, lo han subvencionado con múltiples ayudas públicas.
Allí donde se necesite un arma
El primer destino de las armas españolas, detalla el informe del Centre Delàs, son los países occidentales que forman parte de la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado para el Atlántico Norte (OTAN). De las exportaciones restantes, el 27,3 por ciento del total está dirigida a países asiáticos de renta alta, y el 6,3 por ciento a países de Oriente Medio.
El auge del mercado asiático para las armas españolas se explica solo en parte por el crecimiento económico experimentado por muchos de estos países, según el Centre Delàs. El rearme en Asia es generalizado y solo se puede entender por la política militarista de China y Japón, la beligerancia de Corea del Norte, la inestabilidad del conflicto entre India y Pakistán, por las disputas territoriales de las aguas de los mares de China y, en general, por “por el miedo a la supremacía económica y militar” de Pekín.
Esta zona del planeta, resume esta organización antimilitarista, no solo “se está convirtiendo en el centro geopolítico mundial, sino que también se está transformando en la región que más se está militarizando con lo que aumenta la probabilidad de que en un futuro acoja algún conflicto armado”.
Aunque las exportaciones españolas a esta región pueden terminar en manos de gobiernos autoritarios, como ocurre en el caso de Filipinas, es en las ventas a Oriente Medio donde arrecian las críticas por la complicidad de gobierno español con posibles violaciones de los derechos humanos. El conflicto armado en Yemen, en el que los ejércitos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos “han realizado ataques indiscriminados a la población civil”, pone en entredicho las exportaciones de armas españolas.
Según la denuncia presentada en diciembre de 2019 al Tribunal de la Haya por seis ONG, las autoridades españolas, así como las empresas implicadas, podrían haber incurrido en delitos penales y criminales por complicidad en “la peor crisis humanitaria de nuestro tiempo”.
Para el Centre Delàs, “son especialmente alarmantes por razones humanitarias” la venta de munición a Arabia Saudí, que ascendió en 2018 y 2019 a 97,5 millones de euros, así como las ventas de munición a Omán, por valor de 17,8 millones de euros; a Egipto, por 10,5 millones de euros, y a Emiratos Árabes Unidos, por 12 millones de euros. Esta investigación también menciona como “preocupante” que la única autorización de venta de armas a Irak en 2019 sea de explosivos y por valor de 1,7 millones de euros.
Frente a las denuncias de presencia de armas de producción española en la guerra de Yemen en los años 2015 y 2016, la respuesta del gobierno español fue pedir a Riad que “dé su palabra por escrito” de que no usará las armas compradas a España, especialmente las municiones, fuera del territorio saudí, es decir, en la guerra de Yemen. El Centre Delàs critica que el gobierno no contemple “ningún procedimiento de verificación del uso de las exportaciones” a pesar de que el Real Decreto 494/2020, del 28 de abril, autoriza a realizar inspecciones sobre el terreno para comprobar que el material bélico se utiliza para el fin para el que adquirido.
El Centre Delàs critica el doble discurso del gobierno del PSOE en la guerra de Yemen. En 2018, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, confirmaba el envío de 400 bombas láser a Arabia Saudí en virtud de un contrato de 2015. Frente a las críticas y las evidencias de que este país estaba bombardeando infraestructuras civiles y “lanzando ataques indiscriminados, que mataron e hirieron a cientos de civiles en el conflicto yemení”, Borrell señaló que se trataba de un “armamento de precisión”, guiado por láser, que “no produce efectos colaterales”, sino que “dan en el blanco con una precisión extraordinaria”.
Las ventas de armas españolas a Arabia Saudí en la última década suman 1.193 millones de euros, algo que coloca a este país como uno de los clientes preferenciales de España. Todo esto, critica el Centre Delàs, “sin importar las claras evidencias y reportes de organizaciones internacionales que afirman de los ataques indiscriminados por parte de Arabia Saudí hacia la población yemení”.
Estas exportaciones, sostienen desde este centro de investigación, violan la normativa internacional, que prohíbe la venta de material bélico a países en conflictos armados o que violen los derechos humanos.
“El hecho de que sigan llegando armas y explosivos a países que están inmersos en un conflicto armado interno o a países que intervienen en conflictos armados de otro país, o que siga llegando armamento español a países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, prueba la poca rigurosidad de la aplicación de la legislación en materia de control de exportaciones de material de defensa que es de obligado cumplimiento”, dicen a modo de conclusión desde el Centre Delàs.
Con las leyes en la mano, muchas de las exportaciones realizadas a países que cometen graves violaciones de los derechos humanos -como Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Brasil, Colombia o Filipinas- podrían considerarse “ilícitas”.
*Por Martín Cúneo para El Salto Diario / Foto de portada: Fayez Nureldine – AFP
