Honduras: la vulneración de derechos para las mujeres trans bajo el toque de queda
Las organizaciones de derechos humanos están teniendo problemas para trabajar en Honduras. Las agresiones a mujeres trans no han cesado con la pandemia.
Por Pikara Magazine
Si la situación de la comunidad LGTBIQ+ en Honduras ya era crítica antes de la actual emergencia sanitaria, la llegada de la Covid-19 al país centroamericano se ha traducido en una doble vulneración de derechos. De esta manera, resumen su situación desde la Asociación LGTB Arcoíris, quienes explican que la pandemia del coronavirus tiene un impacto mayor en aquellos sectores de la población que ya estaban más vulnerablizados.
Desde el Comité por la Diversidad Sexual, aseguran que las personas que se identifican lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer u otros (LGTBIQ+), “están sufriendo los embates de la pandemia y sus consecuencias de una manera desproporcionada debido a la histórica exclusión social, laboral y por ende económica en el Estado de Honduras”. Así, debido a las restricciones impuestas por el gobierno hondureño, quien, desde el pasado 20 de marzo, declaró toque de queda absoluto en todo el país y la restricción de algunas garantías constitucionales, la población con menos recursos se encuentra con mayores dificultades de acceso, no sólo a los equipos de protección, sino también a la comida y agua.
El principal problema, según explica Donny Reyes, coordinador de la Asociación Arcoíris, “es que el colectivo LGTB no es considerado prioritario en recibir la ayuda del gobierno. Se da la prioridad a otra categorías, como personas mayores de 60 años y discapacitadas”. Por eso, desde la organización, están trabajando en la búsqueda de alimentos, apoyos para la vivienda e insumos de bioseguridad como cloro, jabón, guantes y mascarillas, para ayudar a la comunidad LGTBIQ+. Para ello, Arcoíris se está activando para pedir ayuda humanitaria, “pero de momento nos está yendo muy mal”, explican.
Hasta ahora, y con dificultad, han podido obtener a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, y con el apoyo del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), algunas bolsas de ayuda alimentaria del gobierno. Pero incluso cuando lo consiguen, los problemas no acaban: “Dejamos las bolsas en puntos estratégicos, porque nosotros no tenemos salvoconductos y no podemos ir casa por casa. Muchas veces, las personas no tienen cómo movilizarse: porque no hay transporte público o porque no tienen los recursos para poder pagar a un taxi. Entonces, nos ha ocurrido que alguien se ha robado las bolsas que habíamos dejado. Encima de esto, la entrega se vuelve cada vez más complicada y peligrosa. Cuando alguien de nuestro colectivo sale para entregar las bolsas, tenemos miedo de que algo malo le pueda pasar. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad del equipo que se moviliza por la ciudad?”.
Actualmente, en Honduras, la obtención de un salvoconducto a los integrantes de las organizaciones, ya sean nacionales, internacionales, de derechos humanos o ayuda humanitaria, es un proceso largo y complicado. De hecho, son muchas las organizaciones que critican que el Estado hondureño está minimizando la labor de las personas defensoras de derechos humanos, ya que no las ha incluido en las excepciones para otorgarles salvoconductos, cerrando así sus espacios de actuación y bloqueando sus labores fundamentales en esta situación crítica de suspensión de garantías. “Encima de esto, no están dando salvoconductos a ninguna organización LGTB del país, porque sería un acto oficial de reconocimiento y acreditación de nuestra labor”, comenta Donny Reyes.
Con el objetivo de conseguir el permiso para movilizarse para continuar su trabajo de defensoría de los derechos humanos, la Asociación Arcoíris, junto con otras organizaciones de la sociedad civil hondureña, han interpuesto un recurso de amparo para que se restituya el derecho a la libertad de circulación y expresión de personas defensoras. En definitiva, que se restituya el derecho a defender derechos.
En este contexto, aumenta de manera alarmante el riesgo que enfrentan las mujeres transexuales. “Estoy preocupada por mis compañeras, porque muchas de ellas se atreven a salir a trabajar cuando hay toque de queda”, comenta una compañera del colectivo de mujeres trans Muñecas de Arcoíris. La falta de oportunidades laborales hace que el trabajo sexual en las calles de Tegucigalpa sea una de las pocas opciones de subsistencia para este colectivo. Y en tiempos de pandemia y restricciones, deben saltarse el toque de queda, arriesgándose así a la detención o actos de violencia.
En las últimas semanas, se han reportado al menos 10 agresiones a mujeres trans por parte de militares, la policía nacional y agentes de seguridad privada, con ataques verbales y físicos, amenazas y uso de gases lacrimógenos. “Se aprovechan de que estamos violando el toque de queda para amenazarnos y golpearnos. Pero necesitamos pagar el piso y poder comer. Salir a la calle es nuestra única opción”, comenta Adriana, una mujer trans que fue recientemente víctima de un ataque por parte de militares en el centro de Tegucigalpa. Alguna de ellas, que no quiere desvelar su identidad, asegura “haber sido obligada a mantener relaciones sexuales a cambio de no ser detenida”.
El pasado 5 de mayo, el asesinato de una mujer trans de 23 años, en la ciudad de La Ceiba, se convirtió en el primer crimen de odio durante esta crisis sanitaria. Aunque la llegada de la Covid-19 ha intensificado la violencia contra ese colectivo, que no es algo nuevo. El Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGTBI en Honduras, de la red Lésbica Cattrachas, en lo que ve de 2020 han registrado, al menos, seis asesinatos de personas de la diversidad sexual, entre las que se encuentra una mujer trans. Además, en los últimos diez años las organizaciones reportan más de 315 crímenes de odio, de los que casi un tercio corresponden a personas trans. Y del total, el 92 por ciento se encuentran en la impunidad.
Junto al temor de ser arrestadas o víctimas de violencia, el acceso a los servicios de salud se vuelve todavía más complicado durante el toque de queda, un hecho especialmente preocupante para las personas que viven con VIH/SIDA y, por lo tanto, con un sistema inmunitario comprometido. Arcoíris y el Colectivo Muñecas muestran su preocupación por la situación: “Las compañeras VIH positivas no tienen forma de movilizarse para poder ir a recuperar las medicinas: primero por falta de transporte, segundo las chicas trans no tienen documentos de identidad y es muy arriesgado salir por la calle en este contexto; las pocas chicas que logran conseguir los medicamentos, tampoco pueden tomarlo al final porque son medicinas que tienen que ser tomadas con comida, y la gran mayoría de ellas en este momento no tienen acceso a alimentos”.
Ante este escenario, las mujeres trans, que ya de por sí experimentan regularmente situaciones de violencia, discriminación y entornos hostiles, ahora más que nunca procuran acompañarse y apoyarse entre ellas con la intención de disminuir su riesgo.
Mientras, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha recordado en diversas ocasiones, desde el inicio del brote, a los estados la necesidad de que la emergencia no sirva de pretexto para abusos y violaciones de derechos humanos, resaltando siempre la importancia de proteger a las personas LGTBIQ+. Recomendaciones que, a juicio de las organizaciones de la diversidad sexual, el gobierno hondureño no parece implementar.
*Por Pikara Magazine / Foto de portada: Telesur
