Hacemos por Córdoba aprobó el ajuste a jubilados en medio de la pandemia
Por Redacción La tinta
El gobernador Juan Schiaretti envió este miércoles a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el régimen de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba. Pese a la sorpresa de las bancadas opositoras y el rechazo de los gremios afectados, la medida fue anunciada y aprobada en el mismo día, con el voto en soledad del oficialismo provincial. Lo que comenzó como una serie de rumores y pasilleos, en apenas unas horas, se convirtió en certeza de ajuste para jubilados y pensionados cordobeses.
La Provincia anunció que el Proyecto de ley para fortalecer la solidaridad y sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, ahora convertido en la Ley 10.694, tiene el objetivo de disminuir el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones Provincial, que el propio gobierno estima que rondará los 35.500 millones de pesos para este año. Además señalaron que buscaban «armonizar una serie de puntos con la legislación Nacional vigente”.
En la práctica, la norma afecta a trabajadoras y trabajadores jubilados de la Municipalidad de Córdoba, de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), del Banco de Córdoba, empleados del Poder Judicial y funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Algunas de las modificaciones que plantea son:
– Baja del 5% en el cálculo de pensión. Ahora, será equivalente al 70% de la jubilación del causante.
– Baja en el cálculo del haber jubilatorio. Pasa del 73% al 67% del sueldo bruto de un activo de la misma categoría.
– Se extiende la base de cálculo inicial. El periodo que se tomaba de base para calcular el haber inicial contemplaba los 48 últimos sueldos (4 años). Ahora, la fórmula se calcula con los últimos 120 meses (10 años).
– Jubilados cobrarán los aumentos al mes siguiente del cobro de los activos.
– Se limita la cantidad de beneficios para una misma persona. Establecen un «aporte solidario» del 20% para quienes sean titulares de más de un beneficio previsional o bien perciban otro ingreso remunerado, y que su sumatoria sea mayor al equivalente a seis haberes previsionales mínimos ($102.000).
– Aumento de la edad jubilatoria para jueces. De 60 a 65 años, igualando el régimen de Magistrados con el previsto a nivel nacional.
En simultáneo, la normativa dispone el aumento de la jubilación mínima a 17.000 pesos en general y a 25.000 pesos en caso de que el jubilado tenga un sólo ingreso; y extiende el plazo de cobertura de la pensión de las hijas e hijos que estudien hasta la edad de 23 años (con la actual legislación, el beneficio se suspende cuando el hijo cumple 18 años).
Tratamiento exprés y rechazo
El proyecto se anunció el mismo día de su presentación y no pasó por comisiones. En una sesión que duró casi tres horas, quedó aprobado con 46 votos positivos de Hacemos por Córdoba, 12 negativos, 3 abstenciones y 9 ausentes. En el recinto, sólo estuvieron presentes las autoridades de Cámara y los presidentes de bloque, mientras que el resto de los y las legisladoras participaron de manera remota para evitar la concentración de personas.
Quienes tampoco pudieron concentrar debido a las medidas sanitarias contra la pandemia fueron los sindicatos cordobeses.
Los principales dirigentes de los sindicatos nucleados en la CGT Regional Córdoba se reunieron de urgencia este mediodía en la sede de la central obrera para tomar una posición conjunta y emitir un documento contra el ajuste: “Rechazamos en forma unánime este nuevo ataque a los actuales y futuros jubilados provinciales perpetrado en medio de la emergencia”.
También se difundió un comunicado conjunto de la CGT Rodríguez Peña, la CTA Regional Córdoba y la CTA de los Trabajadores, en el que acusan al gobernador Schiaretti de «autoritario» y de «falta de apego a la convivencia democrática».
En un contexto de clara limitación a la posibilidad de visibilizar la protesta, decenas de gremios, asociaciones de trabajadores y referentes partidarios expresaron en redes sociales su rechazo a los alcances de la ley o mostraron su solidaridad con los trabajadores afectados.
El conjunto de gremios aportantes a la Caja acordó definir una estrategia de lucha conjunta para enfrentar esta medida y ya anticiparon que irán a la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad de la ley.
* Por Redacción La tinta
