Reprimen y detienen a 42 trabajadores municipales en Jesús María
A través de un exaltado operativo perpetrado por un fiscal de oficio, al menos 42 asalariados municipales de Jesús María sufrieron el escarnio físico y las posteriores detenciones a partir de la irrupción de la policía e infantería para disuadir una asamblea y manifestación llevadas a cabo en un lugar de trabajo. La reunión de los empleados municipales se dio en el marco de una serie de medidas que tratan de contrarrestar el embate sistemático del intendente jesusmariense, Luis Picat, cuyas determinaciones marchan desde el advenimiento de la pandemia del coronavirus hacia la aplicación de un importante ajuste salarial a los trabajadores.
Por Máximo Paz para ANRed
Trabajadores municipales fueron reprimidos y detenidos por las fuerzas policiales en combinación con la Infantería en la localidad cordobesa de Jesús María por organizarse y así poder parar la envestida gubernamental que intentó –e intenta- vulnerar el patrimonio salarial obrero, único sustento de muchos.
Los empleados se encontraban en instancia deliberativa y de manifestación pública, llevadas adelante en las afueras de un obrador del municipio a partir de una escalada de reclamos ante la ambición de la rebaja de salarios a aplicar a parte de la plantilla trabajadora y que algunos de ellos aspiraban a llegar a los 15 mil pesos de descuento.
La resolución que conllevó a la represión y detención de, al menos, 42 trabajadores de la comuna cordobesa, apuntan a una iniciativa llevada adelante por el intendente, Luis Picat, ante la supuesta violación, por parte de los empleados, del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el 20 de marzo, impuesto por decreto presidencial y que fuera adoptado para hacer frente a la pandemia del covid-19.
Tal conflicto, que entrelaza las relaciones laborales entre la dirección municipal y los obreros, en desmedro de estos últimos, también encuentra su respuesta en la pandemia, dado que la medida de la gobernación de descuento salarial y amenaza de despidos se basa en la caída de la recaudación a partir de la baja de la actividad comercial impartida por la cuarentena aunque no se halla en funcionamiento legal acuerdo alguno sobre efectuar despidos, suspensiones o rebajas salariales, en el marco de la pandemia, a trabajadores del estado nacionales, provinciales o comunales. Ante la reunión obrera que comenzó a efectuarse el lunes reciente pasado, el desempeño inmediato del fiscal Guillermo Monti, quién actuó de oficio, hizo ordenar la medida procesal de las detenciones por “violación a las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Además, el funcionario judicial informó que “la mayoría de ellos no respetaban el distanciamiento social, no utilizaban barbijos o tapabocas y algunos de ellos se encontraban jugando al fútbol en la vía pública”, según expresa el texto oficial.
Por su parte, los trabajadores hicieron entender a la Justicia, secundada por las fuerzas represivas, que los comportamientos efectuados al momento de la asamblea respecto a las medidas a respetar por la pandemia no se diferenciaban en absoluto en comparación con la habitualidad diaria llevada adelante a partir del trabajo en la vía pública sobre las actividades de poda, jardinería, barrido y limpieza de Jesús María, actividades realizadas por la mayoría de los obreros que reclamaban.
La represión policial provino a partir de la negativa de los municipales para abandonar la manifestación. La riña policial se extendió mediante la aplicación de dispositivos violentos a través de varias cuadras del corralón municipal.
“Nos golpearon brutalmente, nos corrieron a tiros por los barrios aledaños, intimidando a los vecinos para que no hablen, nos secuestraron las motos y los vehículos con los que nos transportamos hacia nuestro trabajo”, relata un comunicado reciente de los municipales.
Tras el hecho, los manifestantes quedaron, bajo las aprensiones determinadas por la justicia y sus elecciones arbitrarias para actuar, inculpados por la infracción al artículo 205 del Código Penal, que establece penas de seis meses a dos años de a las personas que violen medidas dictadas para impedir la introducción de una epidemia. José Mansilla, comisario mayor de la departamental Colón, informó al multimedio cordobés Cadena 3 que el personal municipal reprimido y detenido se encontraba en instancias de liberación, a su vez, declaró a la empresa periodística que “se están cumpliendo todas las medidas procesales en la Fiscalía de Jesús María” y que “quedarán todos en libertad”.
Por contrario, el último comunicado de los trabajadores municipales pide por la liberación de sus compañeros.
El conflicto emergió días atrás y fue suscitado por parte de la intendencia, ante la decisión del intendente Luis Picat, a partir de un decreto que determinó la extracción arbitraria del patrimonio salarial, de suspender acuerdos y otros beneficios no remunerativos durante la vigencia de la pandemia sobre la fuerza laboral de la comuna de Jesús María. A caballo de la disposición municipal, los trabajadores afloraron plasmando medidas de protesta. La escalada estatal desembocó un la brutal represión.
*Por Máximo Paz para ANRed / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
