Crueldad de Estado: suspensión de programas provinciales
En medio de la crisis planetaria, el Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar del Gobierno de Córdoba publicó, el viernes, la resolución Nº 86 en la que dispone la suspensión de los Programas de Empleo PPP, PIP, POR MÍ y PILA por un plazo de 3 meses. Esta decisión va a contramano del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 del Gobierno Nacional, afectando a quienes menos tienen y a la posibilidad de cumplir las medidas sanitarias dispuestas.
Por Anabella Antonelli para La tinta
El viernes 17 de abril, se dio a conocer, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, la suspensión por tres meses de los programas provinciales de empleo. Esto incluye el Programa de Inserción Profesional (PIP), Programa Primer Paso (PPP), Programa de Inserción Laboral para Adultos (PILA) y Por Mí, que alcanzan alrededor de 27.000 beneficiaries.
En la resolución firmada por la ministra Laura Jure, se declara que, acompañando las medidas de cuarentena y de restricción de circulación, el Ministerio eximió a los beneficiarios de los programas de concurrir a sus lugares de trabajo y entrenamiento hasta el 31 de marzo pasado. Sin embargo, ante “el agravamiento de la situación epidemiológica y la imposibilidad material de la realización de las prácticas”, suspendieron los programas desde el día 1 de abril de 2020 y por el plazo de tres meses, o hasta que puedan volver al lugar de trabajo “sin riesgo para la salud de los beneficiarios”. Aclaran, además, que, durante el período de suspensión, las personas “no percibirán la asignación estímulo correspondiente”.
La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) emitió un comunicado repudiando la medida. Subrayan que este momento es cuando “más necesidad tenemos de alimento y trabajo, y de la presencia del Estado como resguardo, lo que claramente no se logra con esta clase de resoluciones”.
A su vez, entienden que los argumentos que se esgrimen en el Boletín Oficial “son contrarios al derecho, desconocen y contrarían el DNU 329/2020 del gobierno nacional”, que prohíbe las “suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”.
Exigen que el Gobierno dé marcha atrás con la resolución que menoscaba “la salud del conjunto, en sus facetas física, psíquica y social”. Proponen, en cambio, que los $225 millones que se ahorraría la Provincia “ajustando y dejando desamparadas” a más de 27 mil cordobeses y cordobesas “puede obtenerse, por ejemplo, de una contribución única, equivalente al 0,2% sobre el valor de las 8 explotaciones agropecuarias más grandes de la provincia”.
Esto se suma a los reclamos de comedores por la falta de entrega de mercadería en este contexto de emergencia, a cooperativas de trabajo que siguen esperando los pagos adeudados y a la larga lista de trabajadoras de distintas dependencias del gobierno provincial, muchas monotributistas, que denuncian despidos, suspensiones o vacilaciones en la continuidad de programas. En un momento de profundización de la crisis, el gobierno de Córdoba vuelve a mostrar su cara más cruel.
* Por Anabella Antonelli para La tinta
