Paraguay: un país que ya estaba en riesgo
La pobreza estructural y la falta de inversión en Paraguay complican todavía más la situación del país frente a la pandemia mundial del coronavirus.
Por Claudia Colmán, desde Paraguay, para La tinta
La cuarentena llegó rápido a Paraguay. También llegaron más rápido el hambre y la desesperación. En el corazón de América Latina, el 71 por ciento de las trabajadoras y trabajadores se encuentran con empleos informales. Un día te enfermas y no hay dinero, y, mucho menos, medicamentos.
Tras confirmarse los dos primeros casos de Covid-19, el 11 de marzo pasado, el país iniciaba la cuarentena con la prohibición de toda actividad que implique conglomeración de personas y, más tarde, con el aislamiento social obligatorio. El gobierno paraguayo buscaba así implementar una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del virus y, sobre todo, evitar que afecte a la población de riesgo.
Pero, para uno de esos sectores, el riesgo había llegado antes que la pandemia. En Paraguay, ocho de cada diez adultos y adultas mayores no tienen jubilación, y seis de cada diez no poseen ningún seguro médico. Estas cifras son la expresión de años de empleo informal y la falta de seguridad social para la clase trabajadora del país.
Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el mayor porcentaje de ingresos para las personas que superan los 65 años de edad sigue siendo por actividad principal, es decir, las actividades económicas. Esto significa que, al superar los 65 años, los paraguayos y las paraguayas debemos seguir trabajando para sobrevivir, quedando lejos el derecho a una vejez digna. Y queda aún más lejos luego del cierre de miles de fuentes de trabajo durante la emergencia sanitaria. La angustia de padres, madres, abuelas y abuelos llega a su punto máximo, mientras el Estado busca aplanar la curva de contagios del Covid-19.
A las calles vacías, se suman los abusos de la patronal. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social anunció, días atrás, que más de 1.600 trabajadores fueron afectados, hasta el momento, por las medidas preventivas y 50 empresas pidieron la suspensión de contratos con sus empleados y empleadas.
La respuesta del gobierno a esta situación fue una “ayuda” económica para trabajadores y trabajadoras afectadas durante el periodo de cuarentena, que consiste en un subsidio de apenas el 25 por ciento del salario mínimo vigente, insuficiente para paliar años de abandono. La verdadera respuesta para enfrentar la crisis fue otra: ollas populares en los bañados, colecta de alimentos para trabajadores y trabajadoras despedidas, y la solidaridad entre quienes nunca se abandonan.
Una crónica anunciada
La lucha contra el Covid-19 no es una lucha contra un enemigo invisible, sino contra las consecuencias más visibles de un Estado que precariza la vida en todas sus dimensiones.
Según la CEPAL, Paraguay es el país con menor inversión en gasto social de la región, alcanzando menos del 10 por ciento del PBI. En salud, el país destina apenas el 3 por ciento del PBI, es decir, 50 por ciento menos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El país dispone de 0,8 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud y Bienestar Social. A esto, se suman 700 camas en Unidades de Terapia Intensiva, contabilizando las del sector público y privado.
Ante un pico de casos de contagios del nuevo coronavirus, solamente con los casos de Asunción, colapsaría el sistema sanitario de todo el país. Ya la última epidemia del dengue, la más grande de los últimos 20 años, evidenciaba el precario sistema de salud. Centros de salud colapsados, falta de atención médica y de insumos necesarios para responder ante cualquier emergencia sanitaria.
La cuarentena era una crónica anunciada. Sin presupuesto ni hospitales públicos ni respiradores, no cabía otro escenario.
Una pandemia que no pagan los ricos
El 27 de marzo, el gobierno paraguayo decretó una Ley de Emergencia Nacional, aprobada y modificada por el Congreso, para iniciar un salvataje económico para enfrentar la pandemia. En la mencionada Ley, se dio luz verde a la contratación de empréstitos hasta 1.600 millones de dólares, elevando la deuda externa a 8.829,4 millones de dólares.
Días después, el Ejecutivo dispuso el tope de salarios de funcionarios públicos y de entidades binacionales como medida temporal para redireccionar fondos al sector salud. Con esto, se anunciaba, además, el inicio de una “reforma estructural del Estado” que frene los salarios privilegiados.
Pero el tope de ganancias no llegó a todos los privilegiados. Los sectores que más acumulan son los que menos aportan a un Estado cada vez más reducido.
El sector empresarial agropecuario es uno de los segmentos con menor carga tributaria, según se evidencia en el informe de 2019 de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Con el Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias (Iragro), el sector aportó apenas el 2,2 por ciento de la recaudación total percibida durante ese año. Mientras que, en el año pasado, solo con la exportación de soja, se acumuló más de 1.900 millones de dólares.
En el mismo año, la banca reportó utilidades netas de 464 millones de dólares y el sector de las maquilas exportó, el año pasado, por un valor de 722.652.168 dólares, aportando solo el Tributo Único del 1 por ciento.
La acumulación para estos sectores no entró en cuarentena. La Ley de Emergencia demostró así que la distancia social llegó antes que las medidas sanitarias; llegó con el sistema explotador que separa a los ricos de los pobres.
*Por Claudia Colmán, desde Paraguay, para La tinta
