Militares y crisis política en Brasil
Con las últimas maniobras políticas desarrolladas por los militares, en Brasil, empeora el presente político nacional y toda la región queda a la expectativa.
Por Luis Baños para Lanzas y Letras
Jair Bolsonaro llegó al Palacio de Planalto con tres objetivos estratégicos:
—Frenar la expansión de China (que había crecido fuertemente tanto en inversión directa como en relación comercial con Brasil).
—Privatizar los activos aún en manos del Estado (fundamentalmente las infraestructuras de transporte, los hidrocarburos y las instituciones financieras incluidos los fondos de pensiones).
—Deshacer el proceso de integración latinoamericana (acoso y derribo contra el ALBA, debilitamiento de UNASUR, reorientación de MERCOSUR hacia su subsunción en la Alianza del Pacífico impulsada por Estados Unidos).
Bolsonaro ha actuado abiertamente como un operador de la administración de Donald Trump, a veces en desmedro muy claro de los intereses nacionales de Brasil (por ejemplo, alineándose con Israel a pesar de que en Oriente Medio su principal socio comercial es Irán).
La vuelta de los militares a la primera línea de la política brasileña comenzó en 2016, con las maniobras para el impeachment de Dilma Roussef; continuó en abril de 2018 con la amenaza del comandante del Ejército, Villas Bôas, de intervenir si se permitía a Lula participar en las presidenciales, y dio un salto cualitativo con la candidatura de Bolsonaro en julio de ese mismo año, desde la fórmula que usó para tirarse a las elecciones (la vicepresidencia para el general Mourão) a su propuesta (que cumplió) de sentar en su gabinete a varios generales, pasando por la exaltación de la dictadura militar y el uso propagandístico de su pasado como capitán.
Las Fuerzas Armadas son parte del gobierno (aunque orgánicamente solo participen de él oficiales en retiro, tanto en ministerios como en decenas de cargos intermedios), pero tienen agenda propia. Su incursión en política de la mano de la familia Bolsonaro (a quienes no consideran propiamente de los suyos, sino un clan de políticos profesionales con un patriarca con pasado militar) ha revestido un carácter pragmático, de cara a conseguir varios objetivos en línea con su doctrina y la visión que tienen de sí mismos:
—Fortalecer ante el país una imagen de institución garante de limpieza (factor decisivo en una campaña electoral marcada por la crítica a la corrupción), orden y progreso (lema nacional de Brasil, equivalente al “por la razón o la fuerza” chileno) en un momento en que consideraban amenazados esos tres elementos.
—Aumentar su incidencia en la toma de decisiones estratégicas, tanto para el futuro del país como para su posición corporativa (por ejemplo, asegurarse en la reforma previsional de quedar fuera de la privatización y tener un status privilegiado, siguiendo el modelo de Chile).
—Reducir el rol empresarial del Estado (juzgado de manera muy crítica, como fuente de corrupción: apenas quedan rastros de nacional-desarrollismo en las Fuerzas Armadas, sustituido por una visión tecnocrática de la economía), pero mantener control sobre ciertas áreas consideradas estratégicas (fundamentalmente la joya de la corona, la compañía nacional de petróleo y gas Petrobras, y las relacionadas con seguridad e inteligencia) a través de su presencia en los directorios.
En este último punto, han tenido diferencias tanto con el presidente como con el ministro de Economía, el discípulo de la Escuela de Chicago (y colaborador de José Piñera en Chile) Paulo Guedes, que se han mostrado partidarios de avanzar con mayor rapidez y profundidad en la privatización de Petrobras y de concesionar el pre-sal, una franja frente a las costas de Brasil que constituye una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos, y que actualmente se explota mediante un régimen de sociedades mixtas entre el Estado y las petroleras, con predominio de Petrobras.
La gestión de la pandemia del Covid-19 ha agudizado estos roces en el seno del gabinete entre ultraliberales y pragmáticos.
En esta coyuntura, Bolsonaro, siguiendo a Trump, minusvaloró la importancia del virus y, a pesar de tener que adoptar algunas medidas, presionado por las Fuerzas Armadas y la tozudez de los hechos, ha seguido practicando el obstruccionismo, resistiéndose a decretar restricciones a la movilidad a nivel nacional, que sí han declarado gobernadores estaduales, y llamando a la población a volver a trabajar con normalidad.
Esta línea ha sido muy criticada por las Fuerzas Armadas, tanto por sus consecuencias sobre la seguridad nacional como por el espacio que ha abierto a la oposición (bajada de las redes sociales personales del presidente, prohibición judicial de desarrollar campañas contrarias a las recomendaciones de la OMS, caceroladas masivas, unidad inédita de todos los liderazgos de oposición para exigir la dimisión del presidente, presentación de cargos ante la justicia, pérdida de aliados políticos…), y por eso han asumido el mando operativo en el combate de la epidemia, y Mourão ha declarado estar preparado para asumir la presidencia (continuando la cadena de mando) en caso de que Bolsonaro renunciara o fuera destituido.
No es la primera vez que las Fuerzas Armadas manifiestan discrepancias públicas con el presidente en asuntos significativos y consiguen imponer su punto de vista, como cuando Bolsonaro anunció la disposición de Brasil a participar de una intervención militar contra Venezuela, y Mourão le desautorizó.
La diferencia en esta ocasión es el deterioro de la imagen pública de Bolsonaro y de su capacidad de conducción del país. La alianza circunstancial que consiguió agrupar tras de sí (propietarios agrícolas y ganaderos “ruralistas”, redes clientelares urbanas en la frontera de lo lícito, Iglesia Universal y otros cultos evangélicos, gran empresariado, sectores medios que buscan seguridades y temen el ascenso de quienes están debajo de ellos en la escala social…) no estará dispuesta a inmolarse con su ex candidato presidencial si cae definitivamente en desgracia, y confía más en las Fuerzas Armadas que en los partidos políticos del bloque de gobierno, que tienen menos legitimidad y solidez, por lo que no es de esperar que la influencia militar en la institucionalidad brasileña decaiga, sino que aumente si se sigue profundizando la crisis política.
*Por Luis Baños para Lanzas y Letras
