América Latina: las aerolíneas de la pandemia
Un periodista, de regreso de Colombia hacia Argentina, reflexiona sobre el negocio de las aerolíneas en medio de una travesía que lo llevó por cinco aeropuertos en cuatro días.
Por Pablo Solana para La tinta
Es sabido que el virus llegó a nuestros países a través de vuelos, en un 99 por ciento de Europa y Estados Unidos. Las tres aerolíneas que concentran la mayor parte del mercado tienen alta responsabilidad en el asunto. Algunos datos para que, cuando pase el temblor, se puedan investigar y juzgar como crímenes contra la humanidad las decisiones y presiones empresariales (y las complicidades políticas) que facilitaron la expansión de la pandemia en América Latina
Colombia tiene el crecimiento más vertiginoso en la región en los últimos días: de 13 casos informados el viernes pasado a 128, ayer, jueves 19 de marzo; la tendencia es más acelerada que la del resto de los países latinoamericanos.
El gobierno de Colombia no cerró los vuelos desde Europa, sino hasta el lunes pasado 16, después de que lo hicieron los demás países de América Latina (y niega pedidos de cierre del principal aeropuerto del país, señalado por la falta total de control).
La empresa que más capitaliza las rutas de América Latina con Europa y Estados Unidos, principal vía de ingreso del virus, es Avianca. Se trata de una compañía protegida por el gobierno de Iván Duque, con quien tiene intereses comunes y canal directo: la hermana del presidente es alta directiva de la compañía.
El lunes, Chile declaró la pandemia en Fase 4. Es el primer país de la región en llegar a ese punto. Recién este miércoles, se cerraron los vuelos. En los últimos tres días, los casos se duplicaron, llegando a 342 al finalizar el día de ayer.
Fase 4 significa que el virus se transmite en forma comunitaria, es decir, se está expandiendo en la sociedad por no haber sido contenido en su etapa de ingreso. En Chile, la principal operadora aérea es Latam, la más amplia aerolínea de América Latina y uno de los principales grupos económicos del país, de verificados lazos con la familia de Sebastián Piñera, a cargo del gobierno.
Panamá tiene un alto índice de infecciones en relación a la población (137 y un fallecido, en solo cuatro millones de habitantes). Allí, tiene su base principal de operaciones COPA Airlines (“Hub de las Américas”, le llaman al manejo que hace COPA del aeropuerto de Tocumen, donde pasan conexiones a todo el mundo, capitalizando la ubicación privilegiada en el planeta que tiene Panamá).
El gobierno de ese país demoró en cerrar los vuelos desde Europa hasta el domingo 15 de marzo, pero no los de Estados Unidos. COPA, por su parte, siguió ofreciendo a Panamá como base de interconexiones, sin aplicar restricciones propias. Con Latam, COPA es el otro gigante empresarial que domina el mercado de vuelos entre los países de Latinoamérica y de estos con Estados Unidos y Europa.
Perú es el otro foco de expansión veloz de la pandemia: 234 casos hasta este jueves y tres muertos en las últimas 24 horas. En el centro geográfico de América Latina sobre el Pacífico, el aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, es otra de las bases de interconexiones continentales. Sin medidas preventivas graduales, el cierre de vuelos se dio de forma abrupta recién el martes. Allí, también manda Latam.
Colombia, Chile, Panamá, Perú: gobiernos dominados por el neoliberalismo, donde mandan las empresas y, como contraparte, los sistemas de salud pública son débiles o inexistentes: dos caras de la misma moneda criminal.
Estas empresas hipermillonarias están reclamando, ahora que no tuvieron más remedio que suspender vuelos, que los gobiernos las subsidien por tener que dejar de operar. Latam, además, anunció que reducirá los salarios de su personal al 50 por ciento. Desde las presiones para mantener aeropuertos abiertos y rutas aéreas de riesgo activas, hasta el desprecio por la población en general y sus trabajadores en particular: cuando pase la gravedad de la pandemia, sería bueno que los procederes criminales del gran capital trasnacional, y de sus socios en los gobiernos locales, no queden impunes.
*Por Pablo Solana para La tinta