Masacre de Pergamino: tres años y la lucha sigue
Se cumplen tres años de la Masacre de Pergamino. Este lunes, los familiares de los siete pibes asesinados por la policía bonaerense vuelven a movilizarse para pedir cárcel común para los ex uniformados condenados.
Por Leandro Albani para La tinta
Cuando, el 20 de diciembre, se conoció la sentencia contra los seis ex policías responsables de la Masacre de Pergamino –cometida el 2 de marzo de 2017 en la comisaría primera de la ciudad bonaerense-, quedó en claro que la lucha de los familiares de los siete pibes que murieron no iba a bajar los brazos.
El recuerdo de Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Alan Córdoba, Jhon Claros, Juan “Noni” Cabrera, Franco Pizarro y Federico Perrota, desde hace tres años, se transformó en el motor que moviliza a decenas de personas en Pergamino. Ciudad conservadora y renuente a aceptar lo que sucedió en la comisaría primera –ubicada en pleno centro y a la vuelta de la municipalidad-, la lucha de los familiares llenó de dignidad a una localidad que, en su mayoría, piensa más en una posible suba a las retenciones a la soja que en la pobreza que, en estos últimos cuatro años, se multiplicó y desbordó sus márgenes.
El ex comisario Alberto Donza y sus subalternos –también exonerados de la policía bonaerense- Alexis Eva, Sergio Rodas, Brian Carrizo, Matías Giulietti y Carolina Guevara recibieron penas de entre 15 y 6 años de cárcel, luego de ser imputados por abandono de persona seguido de muerte. Los últimos cuatro, que llegaron al juicio con prisión domiciliaria, todavía gozan de ese beneficio. Los jueces Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, argumentaron que ese beneficio debía continuar porque la Corte Suprema de Justicia bonaerense dictó un fallo que recomienda no enviar a más personas con domiciliaria o prisión preventiva a los penales, debido a la situación crítica que, hace décadas, atraviesa el sistema carcelario. Los ex policías con domiciliaria recién podrían ir a la cárcel cuando la sentencia quede firme, algo que puede ocurrir recién dentro de un año. En el caso de Guevara, que recibió la sentencia más baja, es probable que nunca pise un penal, ya que, en un año, ya tendría dos tercios de la condena cumplida.
Como sucede casi siempre, el sistema judicial –por demás “comprometido” con las fuerzas de seguridad- encuentra la manera de que la impunidad sobrevuele los casos como el de la Masacre de Pergamino. Las razones, o excusas, para justificar esta medida están cobijadas en la legalidad y la institucionalidad, pero parece que, dentro del poder judicial, nadie se atreve a pensar en lo que sintieron, en diciembre pasado, los familiares de los siete pibes. El dolor, la angustia y el impacto psicológico de saber que cuatro de los seis ex policías -que dejaron que, durante una hora, el fuego devorara la vida de los chicos encarcelados en la celda 1 de la comisaría- transcurren sus días en la tranquilidad de sus hogares, es una pequeña nota al pie en los expedientes judiciales.
La Masacre de Pergamino no fue un hecho aislado. En Argentina, las fuerzas policiales apenas fueron modificadas después de finalizada la dictadura militar. La impunidad, la violencia desmedida, la estigmatización de los sectores más humildes, además de todos los negocios espurios que controlan, en el caso de la policía bonaerense, su marca registrada. Si a esto sumamos las políticas represivas contra civiles, que apuntan principalmente contra jóvenes pobres, da un resultado por demás conocido: un sinfín de casos de gatillo fácil –a un promedio de uno cada 24 horas- y hechos como el sucedido en Pergamino. No es casual que, el 15 de noviembre de 2018, la policía bonaerense fuera otra vez responsable de una nueva masacre: ese día, en la comisaría tercera de Esteban Echeverría, murieron diez detenidos, en un hecho calcado al de Pergamino.
Las condenas a los ex seis policías fueron apeladas por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que, en el juicio, demandó una pena mayor para los responsables de las muertes de los pibes. El fiscal que realizó la investigación, Nelson Mastorchio, en diciembre, afirmó que iba a apelar las domiciliarias. En el caso de Brian Carrizo, el beneficio que tiene pende de un hilo. En el último día de audiencia, cuando los jueces leyeron el fallo, una mujer vinculada a los ex policías, que fue identificada como Sara Esther Robledo, le gritó “¡delincuentes!” a los familiares de los chicos. Después, Robledo gritó otra vez: “¡Bien muertos están!”. A partir de ese momento, la sala del juzgado de Pergamino se transformó en un pandemonio. Antes de que los oficiales del servicio penitenciario pudieran retirar a los imputados, Carrizo tuvo tiempo de revolear una silla hacia el lugar donde estaban los familiares de las víctimas. El tribunal presentó una denuncia contra el ex policía por cometer un delito, que contempla que se le revoque la prisión domiciliaria, y, hasta ahora, la Fiscalía General de la ciudad tomó testimonios y recibió los videos presentados por los familiares de los pibes. Desde la fiscalía, aseguran, pese a las pruebas, que todavía no pueden reconocer quién lanzó la silla.
Como bien dijeron los familiares de los siete pibes en diciembre, este año, su lucha continúa y el principal reclamo es que los ex uniformados cumplan sus condenas en penales, como lo están haciendo Donza y Eva. Luego de lo sucedido en la comisaría primera, la mayoría en la ciudad mantuvo su indiferencia, pese a que el 2 de marzo de 2017 se cometió una de las masacres más grandes ocurridas en una institución en toda Argentina.
La historia profunda, esa que se revela en las nuevas generaciones, está a favor de los familiares de los pibes. La historia urgente y necesaria, esa que se construye en las calles, es la que transitan las madres, los padres, las novias y las hijas e hijos de Sergio, Fernando, Alan Córdoba, Jhon, Noni, Franco y Federico. Este lunes, esa historia volverá a iluminar con fuerza a la ciudad: a las 18:30, comenzará la marcha desde avenida de Mayo y calle San Nicolás hasta el edificio de la comisaría. Quienes no quieran ver esta nueva manifestación de dignidad serán condenados por esa historia de largo aliento que siempre está a favor de la verdad y la justicia real.
*Por Leandro Albani para La tinta / Imágenes: Andrés Muglia.
