Masacre de Pergamino: una condena con sabor amargo
La justicia condenó a los seis ex policías imputados por las muertes de siete pibes en la Comisaría Primero, pero a cuatro de ellos los benefició con la prisión domiciliaria.
Por Leandro Albani para La tinta
El temor más grande que tenían los familiares de los siete pibes asesinados el 2 de marzo de 2017 en la Comisaría Primera de Pergamino, se cumplió cuando los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 resolvieron que cuatro de los seis ex policías condenados continúen con el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a recibir duras penas por su responsabilidad directa en las muertes.
El viernes pasado, Pergamino amaneció oscuro, con un cielo que se abrió a una lluvia fría y copiosa. Desde las siete de la mañana, en los tribunales los familiares de Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Franco Pizarro, Jhon Claro, Noni Cabrera, Alan Córdoba y Federico Perrota ya estaban listos para afrontar la jornada más dura en estos casi tres años de lucha, demandas de justicia, y dolores tatuados en las pieles. Junto a ellos, un puñado de vecinos y vecinas los acompañaron, dejando otra vez en claro la reticencia de una parte importante de Pergamino a reconocer lo que sucedió en la Comisaría Primera. En los días previos, en varias redes sociales se pudieron leer cientos de comentarios y mensajes defendiendo a los ex uniformados imputados, y también festejando el asesinato de los pibes.
El ex comisario Albero Donza, el entonces oficial subayudante Alexis Eva, el ex sargento Brian Carrizo, el ex teniente primero Sergio Rodas, y los ex oficiales Matías Giulietti y Carolina Guevara, llegaron a la última audiencia del juicio con una frondosa cantidad de pruebas y testimonios en su contra. A esto hay que sumar que al brindar sus declaraciones, cayeron en contradicciones y mentiras tan obvias que el propio juez Guillermo Burrone –presidente del Tribunal-, las puso en evidencia una y otra vez.
Unos minutos antes del juicio, los familiares de los pibes brindaron una conferencia de prensa en la que remarcaron que estaban expectantes al veredicto y agradecieron a quienes los acompañaron durante estos largos, y por momentos fatigosos, meses. Junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora-, manifestaron que la investigación realizada por el fiscal de la causa, Nelson Mastorchio, era muy clara sobre la responsabilidad de los policías exonerados, y estaba basada en pericias oficiales, testimonios (principalmente de los 12 detenidos sobrevivientes de la masacre y de los bomberos voluntarios), y pruebas irrefutables que mostraban que ese 2 de marzo, frente al incendio generado en la celda 1 de la comisaría, los ex uniformados estuvieron una hora sin hacer nada para salvar a los siete chicos.
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En los tribunales, mientras afuera la lluvia arreciaba, algunos periodistas e integrantes del Colectivo Justicia X los 7 instalaron un televisor y un parlante para poder seguir el juicio desde el pasillo y la entrada del juzgado. La pequeña sala de audiencia fue insuficiente para contener tantos sentimientos cruzados. Las dos hileras de bancos, que ocuparon los familiares de las víctimas y de los imputados, estuvieron separadas por un contundente cordón de policías federales, pertrechados con cascos, chalecos y escudos. Cuando la sala se llenó, un silencio pesado y denso se apoderó de todo. Durante una hora y media casi no se pudo respirar, el dolor contenido de los familiares de los pibes se escapaba en lágrimas y sollozos, y la tensión acumulada -como nubes negras antes de una tormenta- explotó cuando el juez Burrone terminó de leer la sentencia.
Los argumentos presentados por el tribunal fueron contundentes. Burrone, junto a los magistrados Miguel Gáspari y Danilo Cuestas, coincidieron en que la responsabilidad de los ex uniformados fue total. El día que ocurrió la masacre, explicaron los jueces, los seis ex policías no respetaron el derecho a la vida de los detenidos, entorpecieron el accionar de los bomberos voluntarios –a los que llamaron 40 minutos después de iniciado el primer foco ígneo-, mintieron sobre hechos concretos de ese día, y se contradijeron en varias oportunidades. Los magistrados aseveraron que los ex policías en todo momento fueron “consientes” y “sabían lo que pasaba” en el sector de calabozos de la comisaría, pero tomaron la decisión de no salvaguardar la vida de los pibes. El tribunal detalló que el incendio iniciado por los chicos en la celda 1, en protesta porque los habían engomado, se desarrolló en tres etapas, y no de manera repentina y rápida –como sostuvieron los ex uniformados-, por lo cual tuvieron la posibilidad de sacar a los detenidos, algo que no hicieron.
Mientras Burrone leí los argumentos, Carrizo, Rodas, Guevara y Giulietti hablaban en voz baja entre ellos. El ex comisario Donza y Eva no estuvieron presentes. Cada tanto, alguno de los imputados se acercaba a otro y, pegado al oído, le decía algo. ¿Qué se decían entre ellos? ¿Comentaban la explicación de los jueces? ¿Maldecían lo que ellos consideran “mentiras” de una investigación sin fisura que los condenó? O, tal vez, ¿se imaginaban que las sentencias estaban cerca, pero que las iban a poder cumplir sin demasiados inconvenientes en la comodidad de sus casas, rodeados de sus seres queridos?
El final de la lectura del veredicto se convirtió en un instante frágil, doloroso y, por un momento efímero, feliz. Los jueces decidieron que los ex policías, imputados por abandono de persona seguido de muerte, eran culpables. Donza recibió 15 años de prisión, Eva 14, Gulietti y Carrizo 11, Rodas 8 y Guevara 6 años. Una condena que, por el tipo de imputación, fue la esperada. Para esta sentencia, los jueces también tuvieron en cuenta los daños físicos y psíquicos del que fueron víctimas los sobrevivientes y los familiares de los pibes. Pero ese instante de aire puro que recorrió la sala de audiencia, desapareció cuando lo jueces anunciaron que cuatro de los imputados (Gulietti, Carrizo, Rodas y Guevara) cumplirán la condena en prisión domiciliaria, como lo venían haciendo hasta ahora.
Cuando Burrone comenzó a leer este anuncio, Cristina Gramajo, madre de Sergio, se levantó, caminó por el pasillo y casi antes de salir de la sala gritó que el Estado estaba matando dos veces a sus hijos. El dolor de Cristina, genuino y visceral, nunca podrá ser abordado y comprendido en su totalidad por el Poder Judicial. Antes de que las palabras de Cristina se silenciaran, uno de los familiares de los imputados gritó: “¿Bien muertos están!”. En ese instante, la tormenta que sobrevoló todo el día los tribunales de Pergamino cayó como un huracán sobre la sala de audiencia. Los familiares de los siete pibes no se quedaron callados y las puteadas cruzaban de lado a lado.
Sonó una alarma, los policías (que por momentos llegaron a ser veinte) tensaron sus cuerpos y empezaron a desalojar la sala, sin escatimar algunos golpes. Los imputados fueron retirados de forma veloz, pero Carrizo –que durante el juicio había sido señalado por un testigo de ingresar drogas a la Comisaría Primera- tuvo tiempo de revolear una silla que impactó a dos policías, aunque iba dirigida a los familiares de los pibes. En el patio interno de los tribunales, los familiares de los ex policías mostraron su más profunda rabia: entre llantos histéricos no dejaron de putear a los siete pibes y repetir que estaban bien muertos. Carrizo, un joven de 25 años de mirada narcotizada, fue retirado por dos policías que lo sostenían de los brazos, mientras el ex policía trataba de zafarse para volver a la sala.
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“Ellos son el Estado y mataron dos veces. Mataron a chicos en un calabozo de dos por dos. Los dejaron porque no les importa la vida de los nuestros. Eso queda claro: que los nuestros para ellos no valen un carajo y para nosotros son todo –dijo Cristina Gramajo en la calle, frente al juzgado-. Esta sigue siendo una sociedad hipócrita. Todos los que estamos acá, la mayoría son de afuera, tienen que venir de afuera para entender. Los nuestros ya murieron, la justicia es que estuvieran acá. Estamos luchando por los otros que están en las calles, que están en peligro, pero no lo entienden”.
Cristina hablaba, lloraba, gritaba, se estremecía. Los cuerpos de los familiares de los pibes muertos no podían contener tanta bronca. Lolo, la abuela de Fernando Latorre, estaba descompuesta, su dolor era un solo desgarro. Ella, que lleva a su nieto abrazado a su mirada. Lolo, que nunca dejó de ir a una marcha. Que pintó banderas, cocinó para todos, que siempre abraza fuerte y con una sonrisa. Imaginar lo que sentía es pensar en la injusticia. También estaba Avi, la hija mayor de Franco Pizarro, que cuando se conoció la sentencia corrió por el pasillo hacia la sala llorando, diciendo el nombre de su papá, sin entender nada, furiosa por esos ex policías que -ella lo sabe muy bien-van a tener una vida sin demasiados problemas, pese a que en sus espaldas cargan con siete muertes.
Afuera de tribunales todos tratan de digerir lo que recién escucharon. Diego Filiberto, el hermano mayor de Sergio, resumió el sentimiento general: “Van a estar en la casa, mirando televisión, pasando las fiestas. Lo mínimo era cárcel común. Fue un homicidio, porque no hicieron nada, porque dejar morir también es matar. No puede ser que terminen mirando Netflix todas las vacaciones. No se puede creer que termine así. Y la provocación de ellos, que te griten ‘Bien muertos están’, en qué cabeza cabe que una persona pueda decir algo así”.
Los magistrados del Tribunal justificaron la decisión de la prisión domiciliaria amparándose en la orden dictada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, del 11 de diciembre pasado (resolución 3341/19), en la que se recomienda “la adopción de una serie de medidas frente a la preocupante situación de las personas privadas de libertad” en las cárceles. En el caso de los cuatro imputados, los jueces citaron la resolución que se refiere a “la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes”.
Los jueces además ordenaron remitir a la Fiscalía General “la valoración efectuada sobre los testimonios de Eduardo Antonio Hamué y Renzo Girasi (también policías)”, y “la extracción de copias de la videograbación de aquéllos, del acta del debate y de esta sentencia” para que sean investigados “de la posible comisión de delitos de acción pública”.
Algunas preguntas e inquietudes quedaron flotando en el aire frío de Pergamino. ¿Quiénes van a controlar que los ex policías condenados cumplan con la domiciliaria? ¿Por qué los familiares de los pibes muertos repiten con insistencia que los ex uniformados no cumplen del todo con esa medida judicial? Si la crisis carcelaria en la provincia de Buenos Aires se arrastra desde hace décadas, ¿por qué el beneficio ratificado para los condenados nunca se le permitió a los pibes muertos en la Comisaría Primera?
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“Es el criterio de este tribunal, el criterio es que la situación jurídica procesal con la que llegan (los imputados) a debate, se mantiene hasta que no haya un motivo procesal no judicial o jurídico que obligue al tribunal a modificar esa situación”, sintetizó Maximiliano Brajer, abogado de Mariana Noguera, la esposa de Fernando Latorre. Las palabras de Brajer se refieren a otra de las razones de por qué se benefició a cuatro de los imputados con la prisión domiciliaria. “Si esta gente quebranta el arresto o hace algo inherente al arresto, el tribunal se lo va a quitar”, agregó el abogado.
Para Margarita Yarque, una de las representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), lo sucedido en los Tribunales de Pergamino “puede colegirse en determinados comportamientos y determinados estados de salud psíquica que tienen que ser valorados”. “Todos vimos a una persona totalmente violenta, tirando una silla al voleo, adonde estábamos las personas, por lo cual eso es de una gravedad que merece revisarse. El tribunal va a enviar un acta con lo sucedido, y nosotros allí ampliaremos la denuncia”, señaló la abogada.
Sobre este punto, Brajer agregó: “Obviamente, es deleznable esta actitud última de esta gente de arrojar sillas o, de alguna manera, vanagloriarse del final que habían tenido las víctimas, en el sentido de que gritaban ‘bien muertos están’. Eso es deplorable. Entiendo que debería haber una sanción, porque de hecho es un delito. La turbación de una audiencia cuando un tribunal está sesionando constituye un delito per se. Espero que tanto los imputados que cometieron ese hecho ilícito como los familiares de estos imputados también sean sancionados por este episodio”.
Yarque indicó que “el tribunal se excusa de que es una condición que ya traían los imputados de la primera instancia, y es la propia doctrina del tribunal que, aparentemente, es lo que aplican para todos los casos. Entendemos que en este caso en particular, por la envergadura del hecho, por tratarse de funcionarios públicos, y por lo que hemos visto durante todo este debate con la actitud provocativa, con diferentes estrategias por parte de los imputados, de sus defensores y de sus familiares, “eso podría haber dado lugar a una revocatoria de la domiciliaria”.
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Nora Cortiñas se sentó en la puerta del juzgado. Estaba conmocionada. El cielo gris, los nubarrones cargados y la lluvia fría no la afectaban, aunque tenía en claro que se había cometido una injusticia. Durante la lectura de la sentencia estuvo junto a los familiares de los chicos. Las madres de los pibes muertos la abrazaban entre llantos. Cuando todo se volvió oscuro, ella las alentó, las protegió, les dijo que sigan la lucha. Con una voz que permite unos minutos de calma entre tanta conmoción, Nora expresó sin vueltas: “Yo salí destrozada”. También dijo que asumió cada palabra pronunciada por el juez Burrone con mucho dolor, “porque las familias estaban esperando lo que tenía que ser: la cárcel común”. Sin vacilar, afirmó que lo que sucedió en la Comisaría Primera “fue una muerte colectiva armada por la policía y aprobada por los jueces”. Y sentenció: «Estamos desprovistos de justicia, estamos huérfanos de justicia. Termina un proceso, que tenía que finalizar con toda la justicia y la verdad, con esta complicidad de jueces, fiscales y policías al servicio de este sistema”.
Pero Nora sabe que hay que seguir. Quiere darles un mensaje a los familiares de los chicos. “Tienen que salir a la calle, tienen que hacer marchas para que este pueblo, que es también hipócrita, escuche todos los días la denuncia permanente de lo que ha pasado con este juicio –aseveró-. Lo van a tener que hacer, porque esto no puede entrar en el olvido. Yo les diría: tienen que salir a la calle, seguir denunciando para que el pueblo entienda cómo viven acá y cómo es la justicia que tienen. Es lo misma que nosotras, el gobierno no quisiera que salgamos, pero tenemos que seguir saliendo a la calle porque no tenemos justicia, no se abren los archivos (de la dictadura), no sabemos la verdad. ¿Nos vamos a quedar adentro de casa?, como decían en aquella época los milicos. Es todo tan atrasado con respecto a la protección al pueblo que tiene que dar el Estado”. Para Nora no quedaron dudas sobre la masacre de Pergamino y lo dijo: “Esto fue un crimen de Estado”.
El día que se conoció la sentencia, en Pergamino apenas asomó el sol por la tarde. La historia de la lucha de los familiares de los siete pibes no va a terminar. Pienso en “El terco”, la canción de La Renga, cuando dice: “Si me levanto y me vuelvo a caer / y si ya no hay cristales habrá una pared / para pegarme una y otra vez. / Siempre que muera volveré a nacer”. En ese nacimiento permanente sigue los familiares de las víctimas de la masacre de Pergamino.
*Por Leandro Albani para La tinta / Imágenes: Andrés Muglia.
