Las explicaciones que pide la ONU a Macri por el presunto “plan sistemático” de presiones sobre la justicia
El relator especial sobre la independencia de jueces envió un pedido de aclaraciones al gobierno por una docena de casos acerca de presiones y designaciones irregulares en la justicia denunciados por la Asociación de Abogados por la Justicia Social (Ajus). Pide aclaraciones sobre “la presunta existencia de un Plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial”.
Por Diario Contexto
El Relator Especial sobre la independencia de los jueces de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán, manifestó a las autoridades argentinas su “preocupación” por la denuncia que presentó la Asociación de Abogados por la Justicia Social junto a otros organismos de derechos humanos acerca de la existencia de un “plan sistemático y estructural de cooptación del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura instaurado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri”.
García Sayán firmó el extenso documento que detalla más de una docena de casos de presiones, designaciones irregulares y destituciones arbitrarias entre otras prácticas que consideró detalladas en la denuncia que caracterizó como “suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.
La ONU le solicitó a las autoridades de la Cancillería argentina que remita información sobre los diferentes casos testigo presentados por las asociaciones denunciantes. Pidió también sanciones para quienes puedan haber aplicado esas prácticas y tomar los recaudos necesarios para que, de haber ocurrido los casos que detalla, no se repitan.
“AJUS formalizó una denuncia en la ONU donde expone trece casos que ilustran el riesgo del Estado de Derecho y el propio sistema democrático en Argentina”, indicaron desde la asociación civil.
Entre los casos más destacados que se enumeran en la denuncia están las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un decreto firmado por Mauricio Macri; el pedido de destitución de Alejo Ramos Padilla, al frente de la investigación de la red de espionaje ilegal encabezada por Marcelo D’Alessio y que implica al fiscal Carlos Stornelli; las constantes presiones que recibió hasta el día de su renuncia la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; y las claras intervenciones en las actuaciones de la causa del Correo Argentino que involucra al presidente Macri.
También figuran entre ellos: la destitución de los jueces platenses Carlos Rozanski y Luis Federico Arias, el nombramiento irregular de Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, los ataques a jueces y abogados del fuero laboral, la cooptación del Consejo de la Magistratura desde donde se instrumentaron las presiones y pedidos de destitución, entre otras.
“Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, sostiene el documento firmado por García Sayán.
“El poder ejecutivo utilizaría la Comisión de Disciplina y Acusación para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses”, indicó el relator en el informe, y destacó el nombramiento de jueces cercanos al gobierno con mecanismos similares en el Consejo.
“Según la información recibida dichos nombramientos se habrían realizado sin respetar los requisitos del proceso de selección y nombramiento de jueces de la Corte Suprema establecido en la legislación (entre otros por lo dispuesto por el Decreto 222/2003), tales como las audiencias públicas, la participación de la sociedad civil o la aprobación del Senado de la Nación”, señaló sobre los nombramientos de Rosatti y Rosenkrantz en la Corte.
Acerca de los ataques que recibió la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, en el informe recordó las pretensiones del gobierno por apartarla del cargo, la amenaza de crear organismos paralelos y descentralizados y, finalmente, de destituirla a través de un decreto. En este caso también destaca la maniobra de dos Colegios de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la asociación Será Justicia que denunciaron a Gils Carbó y pidieron el juicio político de la ex funcionaria, pero insólitamente desestimaron la denuncia una vez que la procuradora renunció al cargo.
En el caso del pedido de destitución de Alejo Ramos Padilla del juzgado de Dolores que investiga la red de espionaje ilegal montada por el falso abogado Marcelo D’Alessio y que involucra al fiscal Carlos Stornelli, entre otros funcionarios políticos y judiciales, sostiene que “junto con esta solicitud y varias declaraciones en medios de comunicación, el Poder Ejecutivo y miembros del partido oficialista impulsaron una campaña de desprestigio y persecución contra el juez Ramos Padilla”.
En el final de la solicitud, el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados establece que el gobierno tiene 60 días para realizar las aclaraciones que crea necesario y aportar la información que le solicitó. Aunque podría producirse antes la remisión de esos pedidos, en 60 días, Mauricio Macri ya no será presidente de la Nación y la tarea podría corresponder a la próxima administración.
*Por Diario Contexto
