Cataluña regresó a las protestas
En los últimos días, las manifestaciones y la represión policial volvieron a desplegarse por las ciudades de Cataluña, en medio de una fuerte lucha independentista.
Por Colombia Informa
El 14 de octubre pasado, el Tribunal Supremo español condenó a Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, a nueve años de cárcel, y a 100 en total a los líderes independentistas catalanes por “sedición”. Esta sentencia es un ataque frontal a los derechos fundamentales de Jordi Cuixart y del resto de los condenados, así como una criminalización del derecho a la manifestación pacífica, y en particular al pueblo de Cataluña que lucha por su autodeterminación e independencia de España.
La jornada del martes, según reportes oficiales, sumó 51 personas detenidas y 125 heridas en varias ciudades: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Sabadell. Desde ese día, miles de personas marchan desde cinco puntos de la geografía catalana para llegar el viernes a Barcelona. Las movilizaciones han salido desde Tàrrega, Tarragona, Vic, Girona y Berga, y avanzarán por distintas carreteras hasta llegar a la capital catalana.
“La sentencia es un ataque a las libertades de expresión y manifestación”, denunció la organización Omium Cultural en un comunicado a la prensa: “El presidente de Omnium ha sido injustamente investigado, procesado y, finalmente, condenado a prisión por haber liderado una manifestación pacífica el 20 de septiembre de 2017 y por haber hecho llamamientos públicos a favor de la participación en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Fue encarcelado el 16 de octubre del mismo año y ha pasado casi dos años en prisión preventiva”.
El último capítulo de este conflicto centenario por la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Cataluña, se inició formalmente con la demanda popular de un referéndum por la libre determinación catalana. Este referéndum, que se realizó el 1 de octubre 2017, fue suspendido por el Tribunal Constitucional del Reino de España; los que manifestaron su oposición a la decisión del tribunal fueron violentamente reprimidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil española.
Todas las acciones que siguieron se enmarcan en el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, recogidos y protegidos por la Constitución española, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“No hubo sedición: Jordi Cuixart actuó de forma pacífica y cívica -denunció Omnium Cultural-. Jordi Cuixart ejerció el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión igual que todos los ciudadanos que participaron en la manifestación del 20 de septiembre. Entender que protestar masivamente es tumulto y, por tanto, sedición, es un ataque al pluralismo ideológico y la criminalización de cualquier protesta si es masiva”.
Derechos fundamentales violados
Según varias organizaciones, entre ellas el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura, o Front Line Defenders, la condena a Cuixart reclama el rechazo de la comunidad internacional: “Los cargos que pesan contra los Jordis, según la información de la que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben ser retirados”, aseveró Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña.
Esta condena de “rebelión” o “sedición” es desproporcionada y una restricción excesiva de los derechos a la libertad de expresión y de protesta social.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el 19 de junio 2019 había condenado la privación de libertad de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Oriol Junqueras. Ella había sido definida como arbitraria para el Grupo de Trabajo. Entre otras, porque contravenía los artículos 2, 9 a 11, y 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los artículos 3, 14, 19, 21, 22 y 25 del Pacto, inscritas en las categorías II, III y V.
El Grupo de Trabajo había pedido al gobierno español que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los señores Cuixart, Sánchez y Junqueras sin dilación, y poniéndola en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, poniéndolos inmediatamente en libertad.
En respuesta a la sentencia, se esperan movilizaciones de la ciudadanía en las principales ciudades catalanas. Desde este 14 de octubre, los representantes de la sociedad civil catalana (independentistas y no-independentistas) se han concentrado en la Plaza Sant Jaume de Barcelona para manifestar su unidad en la oposición a la sentencia del Tribunal Supremo. Las concentraciones han contado con la participación de los principales sindicatos y de las organizaciones empresariales de Cataluña. Igualmente, la represión y brutalidad policial han estado presentes.
Referendo y condena judicial
Jordi Cuixart es el presidente de Omnium Cultural, la ONG cultural y de derechos humanos más importante de Cataluña y España, con más de 170.000 personas asociadas. El 16 de octubre 2017, fue encarcelado por haber liderado y participado en una manifestación el 20 de septiembre del mismo año, en protesta por la detención de 16 miembros del gobierno catalán que, supuestamente, estaban organizando el referéndum del 1 de octubre. Desde entonces, han pasado dos años en prisión preventiva.
El 1 de octubre de 2017, cerca de 2,3 millones de ciudadanos participaron de un referéndum previamente suspendido por el Tribunal Constitucional español. Como respuesta, el gobierno español desplegó 10.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil por toda Cataluña y ejerció brutalidad policial contra los votantes, dejando, según fuentes sanitarias, más de 1.000 heridos.
Hoy en día, las autoridades españolas no han cumplido con su obligación de investigar la violencia policial, solicitada por diferentes organismos internacionales.
“Paradójicamente -afirma Omnium Cultural-, se ha perseguido judicialmente a las personas que trabajaron por hacer realidad un referéndum sobre el futuro político de Cataluña y su autodeterminación, un instrumento político defendido por el 80 por ciento de la sociedad catalana; el mismo porcentaje está en contra de la judicialización del conflicto. Además, observadores internacionales como International Trial Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos y EuroMed Rights han detectado graves irregularidades en el proceso judicial”.
Concretamente, la inconstitucionalidad del referéndum sobre la libre determinación de Catalunya se ubica en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española. El primero afirma que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, y el segundo sentencia “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Quienes toman estos artículos en defensa de la ilegalidad de la Constitución catalana afirman que para que un referéndum sea válido se necesita que toda España vote.
El abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, explicó a Colombia Informa que el debate acerca de la constitucionalidad del referéndum por la libre determinación de Cataluña es mucho más complejo, y no se puede resumir a dos artículos de la Constitución: “Existe un debate técnico político sobre esta cuestión, pero no hay nada en la Constitución que impida ese referéndum y existe unos preceptos que pueden ser interpretados en esa dirección”.
*Por Colombia Informa
