Ministerio de Seguridad de la Nación vs. CORREPI
A través de un comunicado con cifras precisas, CORREPI desmintió el «contrainforme» presentado por Patricia Bullrich, en el que intenta sostener la supuesta disminución de casos de víctimas de violencia institucional, a base de exenciones, tecnicismos e incluso cuentas mal hechas.
Por CORREPI
Después de amenazar reiterada e infructuosamente con “desmentir caso por caso” el Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que elabora CORREPI, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por una vez, cumplió su palabra, y convocó el lunes a un grupo de periodistas para presentarles el tan demorado “contrainforme”.
Es muy significativo el momento elegido para presentar este “trabajo exhaustivo”, como lo denominó. A menos de un mes de las elecciones generales que, como todo indica, señalarán el fin del gobierno más represor que el pueblo argentino debió padecer desde diciembre de 1983, la preocupación de una de las principales voceras de campaña del macrismo es desmentir los datos que erróneamente llama “de CORREPI”. Como tantas veces lo hemos señalado, los datos del Archivo no son “nuestros datos”, sino los de los gobiernos. Son lxs muertxs que matan ellos. Nosotrxs no sólo los contamos y ordenamos para denunciarlos, sino que militamos todos los días para visibilizarlos y combatirlos.
El “contrainforme”, bien leído, no hace más que confirmar la veracidad de nuestra información. En ningún caso pudieron decir “es un invento” o “esto no pasó”. El argumento (es una generosidad calificarlo así) es que 74 de los 98 hechos que seleccionaron “no corresponden” a casos que impliquen la aplicación de políticas represivas estatales y la utilización de los recursos del aparato estatal “según el análisis que se ha realizado desde el Ministerio de Seguridad”. Análisis que, según tienen a bien explicitar, utiliza como única fuente las Fuerzas de Seguridad Federales, la Justicia y el Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego del propio ministerio. Es decir, una vez más, “la versión de las fuerzas es versión de verdad“.
Las fuentes de CORREPI, en cambio, como el “contrainforme” tiene a bien citar, son un poco más amplias y objetivas: el contacto directo con lxs familiares o amigxs de las víctimas, el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales, aportes de compañerxs de las provincias que sistematizan y nos remiten información ya chequeada, informes de otras organizaciones, informes de organismos oficiales que registran datos de interés, etc.
Párrafo aparte para la media verdad -y por lo tanto, verdadera mentira- de que “las fuerzas federales están matando menos civiles“, basada en la comparación de 2016 en adelante. La falacia es infantilmente obvia. Hasta diciembre de 2016, entre las fuerzas federales se incluían los alrededor de 20.000 efectivos de la Policía Federal, transferidos a partir del 1/1/2017 a la nueva Policía de la Ciudad, que absorbió también los 9.000 de la ex Metropolitana. La PFA bajó notablemente su incidencia en el total de casos porque hoy esa tropa pertenece a la fuerza que depende del GCBA, que, dicho sea de paso, supera 60 asesinatos en menos de tres años de existencia. Con el mismo criterio de Bullrich, mañana podría salir Rodríguez Larreta a ufanarse de que la metropolitana no mató una sola persona entre 2017 y 2019, lo que sería también cierto. Ex Metropolitana y ex PFA hoy matan con uniforme celeste y granate.
Se excluyen de manera completamente arbitraria las muertes atribuibles al Servicio Penitenciario Federal, que, aunque no dependa orgánicamente del ministerio de Seguridad, sino del de Justicia, es una fuerza de seguridad federal. Se omiten también en el cómputo de “casos seleccionados” los menos (pero no pocos) casos con protagonismo de miembros de las fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza aérea), indudablemente federales; los vigiladores privados (que son supervisados por el ministerio de Seguridad); los femicidios cometidos por miembros de las fuerzas (20% del total de femicidios a nivel nacional), como si esas mujeres no hubieran sido asesinadas a punta de reglamentaria, o los violentos de uniforme no utilizaran sus recursos como policías, prefectos, gendarmes, o policía de seguridad aeroportuaria para el encubrimiento y la búsqueda de impunidad, y los retirados, que estatutariamente conservan el estado policial.
El “contrainforme”, entonces, sesga sus datos a partir de utilizar su propia definición de hecho represivo, que naturalmente jamás podría coincidir con nuestros criterios, abundantemente explicados en la presentación del Archivo de Casos. Vaya como simple ejemplo el caso “excluido como legítima defensa” de Ariel Santos, por el que fue escandalosamente absuelta en juicio oral la policía Carla Céspedes. Ariel fue fusilado por la espalda, cuando intentaba poner en marcha su moto para huir después de un frustrado robo en un supermercado chino. En lugar de ser juzgado y condenado por una tentativa de robo, la mujer policía le aplicó la pena de muerte sumaria y extrajudicial, conducta criminal que un tribunal oral premió con la absolución y el ministerio de seguridad con su reincorporación triunfante, como “ejemplo” para la fuerza, a través del programa Restituir. Ni hablar de la exclusión de los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel porque están “bajo investigación”.
Finalmente, corresponde que agradezcamos a la ministra Bullrich que, con su ampuloso título “Ministerio de Seguridad de la Nación versus CORREPI”, nos ubique en el lugar de “enemigo público nº 1” de su gestión, tarea a la que tanto esfuerzo venimos dedicando, para ser la voz de lxs represaliadxs y asesinadxs por su aparato represivo.
Los datos: aprendiendo a sumar
Después de un análisis detallado del “contrainforme” presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, podemos reafirmar que, a pesar del evidente esfuerzo realizado, una vez más fracasaron en el intento de desmentir los datos del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. No sirven ni para sumar, o lo hacen mal a propósito:
Al día 1° de octubre de 2019, nuestro Archivo contiene un total de 6.652 casos, de los cuales 1.393 ocurrieron durante la gestión Macri. Ciertamente no son todos los ocurridos, sino de los que nos enteramos.
Excluyendo los casos de 2019, es decir, acotando a 2016/2018, quedan 1.275 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal federal, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.
Excluyendo de ese total los que corresponden a efectivos de la ex metropolitana (4 casos en 2016), policías provinciales (474), servicios penitenciarios provinciales (487), policía de la Ciudad de Buenos Aires (44 casos en 2017 y 2018) quedan 266, no 98 como sostiene Bullrich.
¿Cómo llegan a 98?
No contabilizan al Servicio Penitenciario Federal, que aunque no depende de Seguridad sino de Justicia, como su nombre lo indica es FEDERAL, y suma 139 casos 2016 y 2018 (nuestra principal fuente en este punto es la procuración Penitenciaria Nacional, organismo oficial del ministerio de Justicia y DDHH de la Nación).
No contabilizan los efectivos retirados de las fuerzas federales, que conservan, pese a la situación de retiro, su estado y siguen perteneciendo a la fuerza y gozando de todos sus recursos y beneficios (9 casos).
No contabilizan al personal de las agencias de seguridad privada, que tienen supervisión y control del ministerio de Seguridad, además de ser casi todos policías o gendarmes retirados (7 casos).
No contabilizan los miembros de las Fuerzas Armadas (ejército, fuerza aérea y armada), que también son fuerzas federales, y suman 13 casos.
Al recortar 2016/2018, excluye los casos de diciembre de 2015, ya asumido su gobierno, (4 casos de fuerzas federales).
Cantidad de casos de fuerzas que dependen del gobierno nacional 2016/2018:
| CORREPI | BULLRICH | ||
| PFA | 68 | ||
| GNA | 22 | ||
| PNA | 15 | ||
| PSA | 2 | ||
| FFAA | 13 | ||
| SPF | 139 | ||
| SEG. PRIV. | 7 | ||
| TOTAL | 266 | 98 |
Si seguimos la lógica del “contrainforme” y sólo contabilizamos los casos de las fuerzas que dependen directamente del ministerio de Seguridad, es decir, PFA, GNA, PNA y PSA, la cuenta tampoco le da a Bullrich, porque 68+22+15+2= 107.
Bullrich miente cuando dice que bajó la cantidad de casos de las fuerzas federales: éstos son los números que muestra Bullrich, sobre su recorte antojadizo de 98:
| CORREPI | BULLRICH | ||
| Dic. 2015 | 4 casos | ||
| 2016 | 89 casos | 2016 | 38 casos |
| 2017 | 94 casos | 2017 | 36 casos |
| 2018 | 78 casos | 2018 | 24 casos |
| TOTAL | 266 | 98 | |
No puede computarse como “baja” real que tengamos “sólo” 78 casos registrados en 2018. Por una parte, es sabido que muchos casos nos llegan un año o más después de ocurridos. De hecho hay varios de 2018 esperando ser incorporados este año. Por la otra, en 2018 había 20.000 efectivos de la PFA ya transferidos a la policía de la Ciudad, que tuvo en ese año 21 casos.
Bullrich miente cuando dice que 74 casos “no corresponden” a la represión estatal: si revisamos caso por caso los 74 que el “contrainforme” excluye, para reducir a los únicos 24 que sí reconoce (22 pendientes de investigación y 2 condenas) se advierte fácilmente lo burdo de su maniobra, basada en una combinación de aplicación de la doctrina Chocobar y de la mano que le dan las resoluciones judiciales, en especial cuando no hay querellas activas que impulsen la investigación.
1) Excluye femicidios cometidos por miembros de las FFSS federales, es decir a quienes matan en un contexto de violencia machista con su arma reglamentaria, y/o utilizan luego sus recursos como funcionarios para ganar impunidad.
2) Excluye muertes presentadas como suicidio, entre ellas varias “intrafuerza”, en todos los casos cuestionados por familiares de las víctimas.
3) Excluye casos informados ampliamente por los medios de comunicación como cometidos por integrantes de las FFSS, de personal en situación de retiro o vigiladores privados.
4) Excluye casos “porque no encontraron antecedentes” (busquen en los diarios, algo que se llama Google ayuda bastante).
5) Excluye casos que define como “legítima defensa”, como Ariel Santos (fusilado por la espalda cuando intentaba poner en marcha una moto para huir de la policía Carla Céspedes) o Jonatham Echimborde (el chico de 28 años que recibió un disparo en el pecho cuando lavaba su auto en Mataderos, en la puerta de la casa, y pasó un patrullero disparando a un auto que huía), en los que claramente, más allá de lo que obedientemente resolvieran los jueces, hubo fusilamientos.
6) Excluye casos sin el uso del arma reglamentaria, como las persecuciones que fuerzan choques y vuelcos como si se tratara de accidentales hechos de tránsito (menos mal que se va, o el año que viene excluye la Masacre de Monte con este argumento).
6) Excluye hechos cometidos por otras fuerzas que dependen del gobierno nacional.
Finalmente, ¡Gracias Bullrich por ayudar en la actualización del Archivo! Sería injusto no reconocer que, en su afán por desnaturalizar los hechos que seleccionó, en muchos casos el “contrainforme” nos aportó datos que no teníamos. Gracias a Bullrich, pudimos actualizar la situación procesal de muchos casos, e identificar víctimas y victimarios que sólo registrábamos como NN.
Como decíamos, no le hacemos asco a ninguna fuente para chequear la data del Archivo. Incluso de Bullrich sacamos información útil para perfeccionar esta herramienta para la lucha antirrepresiva.
Contra la represión, ¡Unidad, organización y lucha!
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*Por CORREPI.
