Después de dos años y medio, comienza hoy en Pergamino el juicio contra los ex uniformados responsables por la muerte de siete personas privadas de su libertad.
Por Leandro Albani para La tinta
Hace dos años y medio, la policía bonaerense cometió una masacre en Pergamino. Quienes todavía hablan de ese hecho como “tragedia” mienten. Mienten con convicción. Y quienes apuntan las responsabilidades por lo que sucedió a los siete pibes muertos en la comisaría primera de la ciudad, hacen gala de un cinismo perverso.
En Pergamino, localidad del noroeste bonaerense, rica en tradiciones, campos inundados de soja y ganado, y defensora de costumbres que brillaban en tiempos inmemorables, se cometió una masacre. Y los responsables fueron los policías, ahora exonerados e imputados, Alberto Sebastián Donza, Alexis Eva, Matías Giulietti, Carolina Guevara, Brian Carrizo y Sergio Rodas. Los seis uniformados dejaron que un pequeño fuego en el sector de las celdas de la comisaría se convirtiera en un pandemonio. Durante una hora, en una tarde calurosa de marzo de 2017, los uniformados observaron y escucharon cómo las 19 personas privadas de su libertad, que se encontraban en la seccional, alcanzaran los más altos niveles de desesperación y locura tratando de sobrevivir. Para esos policías, imputados por abandono de persona seguido de muerte, esas 19 personas no valían nada. Ni una pizca de humanidad se desprendió de los cuerpos de los policías. Con la impunidad a que nos tiene acostumbrada la policía bonaerense, dejaron que el fuego consumiera siete vidas. Y destrozara, tal vez para siempre, las vidas de las familias de los chicos. Ese 2 de marzo fue tan aberrante la actuación de los policías, que ni siquiera dejaron ingresar a los bomberos que llegaron a la comisaría y que fueron avisados cuarenta minutos después de iniciado el incendio.
Pero existe un responsable mayor por la masacre de Pergamino: el Estado argentino. Aunque, por momentos, se transforme en un actor difuso y difícil de abarcar, el Estado es el encargado de administrar el poder de la represión y las medidas punitivas. Las fuerzas de seguridad son su brazo ejecutor. Y el Estado, gestionado de forma cruel por el gobierno de Mauricio Macri, ese 2 de marzo, cumplió su función. Los policías que dejaron morir a los pibes condensan la actual política oficial de seguridad: impunidad para cometer crímenes, desprecio hacia los sectores más humildes, aplicación de la fuerza bruta y una férrea complicidad institucional.
Este lunes, después de dos años y medio de una ardua lucha de los familiares de los pibes, en Pergamino, comienza el juicio contra los ex uniformados imputados. En ese tiempo, las familias y los vecinos y las vecinas que las acompañan se convirtieron en un ejemplo para la ciudad. No existen dudas de que la lucha que ellos y ellas encabezan convierten a Pergamino en una ciudad más digna. Con sus marchas, banderas, reclamos, y charlas que brindan a donde los invitan, embellecen a una ciudad cruzada por el conservadurismo. Esta lucha también permitió que nadie pueda ignorar lo que sucedió en la comisaría primera. Quienes cierran los ojos frente a la muerte de los siete chicos y condenan a sus familias por lo ocurrido, seguramente, carguen en sus pechos un desierto frío en donde se rechaza el pulso rebelde de la vida.
Cuando se abran las puertas del juzgado de la ciudad, en Pergamino, se va a confirmar que luchar no es en vano. Los familiares de los siete pibes volvieron realidad esta afirmación.
En un lunes frío y tenso, durante todo el día, un viento cálido va a sobrevolar la ciudad y abrazar a los familiares de los chicos. La memoria de Federico Perrota, Alan Córdoba, Sergio Filiberto, Juan José Cabrera, Jhon Mario Claros, Fernando Latorre y Franco Pizarro va a estar soplando con fuerza para que se haga justicia.
*Por Leandro Albani para La tinta.
