Cómo los fondos buitre saquean la economía mundial
Son los piratas del siglo XXI y actúan al amparo de leyes de ciertos países y con la complicidad de algunos políticos e, incluso, parlamentos.
Por María Luisa Ramos Urzagaste para Sputnik
Argentina debió pagarles miles de millones de dólares; en España, se apoderaron de la vivienda pública social; la República del Congo y Perú están en esa infame y larga lista. Son los fondos buitre, que ahora están al acecho de su próxima víctima.
Imagine usted tener una deuda y que su banco la transfiere a otros, sin su conocimiento ni aprobación. Y que su nuevo acreedor le cobrara no solo la deuda, sino también altísimos intereses, multas y costes legales. Ningún país ni ciudadano está a salvo de los llamados fondos buitre o holdouts. En el mundo, ahora pululan estos fondos, mal llamados de inversión, y sus acciones son brutales, pues no solo saquean las arcas nacionales, sino que utilizan también todos los mecanismos posibles frente a quien se oponga a sus planes.
Uno de los más infames es Elliott Management, fundado por el estadounidense Paul Singer. Singer es un republicano acérrimo y conectado con lo más rancio de la facción conservadora Tea Party, si bien también destaca por apoyar campañas a favor del matrimonio homosexual con varios millones de dólares y, en 2015, secundó al senador de Florida, Marco Rubio.
Singer compró, en 1996, bonos de deuda soberana a Perú por valor de 11 millones de dólares y, luego de una prolongada batalla legal, Perú tuvo que pagarle el valor original de los bonos más intereses, obteniendo más de un 400 por ciento de ganancias especulativas. Ese fue uno de sus primeros ensayos.
Los holdouts despojaron a Grecia de sus riquezas a muy bajo coste. Dos conocidos fondos buitre, Aurelius Capital Management y Elliott Associates, tomaron parte del festín. Venezuela también es acechada y Puerto Rico es otra víctima.
A lo largo de 15 años, lo intentaron todo contra Argentina, desde pretender apropiarse de las reservas del Banco Central, de los fondos de pensiones, hasta del buque insignia de la Armada, la Fragata Libertad. Emboscaron a Argentina y la doblegaron con el apoyo del gobierno de Mauricio Macri y el Parlamento.
Especialistas de la usura y la manipulación
Los holdouts o fondos buitre son sociedades privadas que buscan Estados y empresas altamente endeudados y con dificultades financieras, y adquieren sus deudas a bajo precio. Estas compras se realizan principalmente en el mercado secundario de deuda y el Estado deudor ni siquiera es informado del cambio de acreedor. Luego, como aves de rapiña, esperan mientras madura el problema.
La etapa siguiente consiste en rechazar participar en la reestructuración de deuda y, en cuanto detectan que la situación financiera les es favorable, entonces, demandan para obtener el total de la deuda, los intereses y multas por retraso, e incluso los costes legales del proceso, logrando así astronómicas sumas. Para conseguir esto, recurren a países con sistemas judiciales que les permitan defender sus derechos, como Estados Unidos y el Reino Unido, ya que sus legislaciones protegen sobremanera la figura del acreedor financiero.
El fondo buitre Elliott Management, de Paul Singer, tiene sus propias estrategias. Como parte de la campaña para obtener el reembolso de sus bonos incumplidos, Elliott y otros fondos se convierten en guerreros contra la corrupción gubernamental. Sus campañas de asedio están conectadas estrechamente a la explosión de escándalos de corrupción (que sobra en los países).
En el caso del Congo, por ejemplo, su litigio expuso la malversación por parte de los líderes congoleños, incluidas sus compras en Europa y las extravagantes facturas de hoteles del entonces presidente y su familia. Grupos de defensa de los derechos humanos acusaron a los fondos buitre de provocar desvíos de dinero del país, que podría haber ido a hospitales y escuelas, a lo que Elliot respondió: “Los pobres en los países en desarrollo son pobres porque los sistemas políticos y económicos en sus países les han fallado”.
Esto muestra la crudeza del asunto. Ellos saben que pueden usar el tema de la corrupción para sus fines. Los escándalos son tales que distraen a la opinión pública del hecho del despojo de parte de los fondos buitre y así el país sufre por doble partida.
Estos fondos especulativos se interesan en comprar bonos soberanos debido a que son considerados los más seguros del mercado, ya que tienen el respaldo de los estados y serán pagados tarde o temprano. En el caso de España, por ejemplo, el fondo buitre Blackstone adquirió vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid e incrementó el precio de los alquileres sin consultar y de manera unilateral, lo que dejó en una situación de desamparo a miles de personas necesitadas. Se teme, incluso, que puedan controlar a su antojo a los grandes bancos españoles y pudieran hacerse con el control de algunas de las principales eléctricas españolas, lo que afectaría directamente al precio de la luz, además de aplicar una estrategia de control de las energías renovables.
El despojo de Argentina
En el año 2001, Argentina entró en el mayor cese de pagos de la historia moderna mundial, declarando la suspensión de pagos de su deuda soberana, que ascendía a 102.000 millones de dólares.
En el 2005, el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, y, en 2010, la presidenta Cristina Fernández, lograron negociar con los tenedores del 92,4 por ciento de la deuda, quienes aceptaron los canjes impulsados por el gobierno. Pero un poderoso 1 por ciento de los fondos especulativos no aceptó reestructurar la deuda y acudió a los tribunales de Nueva York, que les dieron la razón en 2014 para que pudieran buscar compensaciones en activos financieros argentinos repartidos por todo el mundo.
Debido al juicio en Nueva York a cargo del juez Thomas Griesa, Argentina no pudo emitir nueva deuda. Para cualquier negociación o arreglo, dicho juez estadounidense exigió la derogación de las leyes conocidas como Ley Cerrojo y de Pago Soberano, cosa que no sucedió sino hasta 2016.
Al asumir Macri la presidencia en 2015, procedió a “regresar a Argentina a la arena internacional y sacarla del aislamiento”. Esto significó ceder a las exigencias del juez Griesa de derogar las leyes referidas y pagar a los fondos buitres multimillonarios montos. El gobierno argentino promulgó una ley que le permitió emitir bonos por valor de 12.500 millones de dólares y pagó 9.300 millones de dólares a los principales fondos especulativos. Por ejemplo, Paul Singer, de Elliot Management, y su subsidiaria NML Capital, recibió más de 2.000 millones de dólares por su inversión de 177 millones de dólares. Un rendimiento superior al 1.000 por ciento.
Cabe recordar que, en su esfuerzo de liberarse de la dependencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), el entonces presidente Kirchner pagó, en el 2006 de forma anticipada, dos años antes del vencimiento, el préstamo contraído con el FMI, que ascendía a 9.810 millones de dólares. La cancelación anticipada de esa deuda supuso la recuperación de autonomía en materia económica, además de un ahorro en el pago de intereses, y esos recursos le permitieron a Argentina invertir en su propio desarrollo.
La última vez que el FMI realizó una auditoría fue en 2005. Pero, en el 2016, apenas Macri asumió la presidencia, su ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, informó que Argentina abría la puerta, otra vez, a dichas auditorías. El FMI negoció con el gobierno de Macri un crédito de 56.300 millones de dólares. Ahora, la deuda externa de Argentina aumentó nuevamente, hasta sobrepasar los 275.000 millones de dólares.
Pero los problemas de Argentina con los fondos buitre están lejos de finalizar y se sabe que hay una cantidad de bonistas, que no se puede definir con exactitud, que aún no han presentado sus demandas. Casi siete meses después de que el gobierno de Macri anunciara un arreglo con los principales fondos buitre, la empresa financiera Bainbridge presentó una nueva denuncia contra Argentina.
Saqueo enmascarado
Varios analistas califican el accionar de los fondos buitres como “crisis de deudas soberanas” o “crisis de deudas públicas”, pero, en realidad, estamos asistiendo al saqueo sin precedentes de las arcas de estados, empresas y ciudadanos particulares.
El número de litigios iniciados por los fondos buitre es desconocido. Según encuestas del FMI y el Banco Mundial, 13 países clasificados como “países pobres muy endeudados (PPME)” fueron enjuiciados en la primera década del 2000 a través de 54 procedimientos. Se trata de Camerún, República Democrática del Congo (RDG), República del Congo, Guayana, Etiopía, Honduras, Kirguistán, Liberia, Nicaragua, Sierra Leona, Zambia, Sudán y Uganda. Además de estos países, también hay que mencionar a Brasil, Argentina, México, Perú, Paraguay y Ecuador, y a varios Estados europeos: Polonia, Bulgaria, Grecia, España, Irlanda y Portugal.
Para prosperar, los fondos buitre se benefician tanto de los paraísos fiscales como de la ausencia de un derecho internacional referido a la quiebra. También aprovechan la inexistencia de regulaciones nacionales. Muchos países tienen leyes de bancarrota, pero no cuentan con marcos equivalentes para las bancarrotas soberanas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha tomado tímidas iniciativas para intentar subsanar este vacío.
Una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos, por sus condiciones predatorias y exhortó a los estados a que consideren la posibilidad de aplicar marcos jurídicos para frenar esas actividades. En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un documento compuesto por nueve principios que da marco a un sistema legal global para los procesos de reestructuración de deudas soberanas.
Derechos ciudadanos sobre intereses usureros
Los hechos muestran que no solo es importante la relación de la deuda externa con el PIB, sino el asegurar que esté resguardada para no caer en manos de fondos buitres, pues, como se vio en Argentina, fue el 1 por ciento de los acreedores quienes lograron obtener ganancias inimaginables.
Los estados deben dotarse de mecanismos que aterricen y pongan en vigencia las recomendaciones de las distintas resoluciones de la ONU. El asunto pasa no solo por tener un presidente o gobierno decidido a defender el interés nacional, sino también parlamentos comprometidos con el país.
Por cuanto las leyes pueden ser revertidas, tal vez una opción nada descabellada sería incorporar en las Constituciones Políticas mecanismos de defensa y así evitar que el cabildeo de las corporaciones y los fondos especulativos pongan en riesgo la estabilidad social, económica y financiera de los países.
*Por María Luisa Ramos Urzagaste para Sputnik
