La guerra del agua: Cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido
El agua es el recurso más rico del planeta, por eso gobiernos y trasnacionales se disputan su control y comercialización.
Por María Luisa Ramos Urzagaste para Sputnik
Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha por su apropiación por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.
Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa. El 70 por ciento de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10 por ciento se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), tres de cada diez personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros, y seis de cada diez carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua “gestionada de forma segura”.
Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina y la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.
El agua es un derecho humano
Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello, los gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los parlamentos y gobiernos buscan “transferir” a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en El Salvador más del 40 por ciento de sus habitantes vive en situación de pobreza. Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios, puesto que “más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75 por ciento de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas”.
El 90 por ciento de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60 por ciento de la población rural no tiene acceso al agua.
A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.
Durante su gestión, Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.
Un derecho humano incompatible con el interés privado
La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas. Si bien el actual anteproyecto define que “el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable”, no obstante lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un “ente rector”, o figura similar, con participación de las empresas privadas.
La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.
Según la Alianza contra la privatización del Agua, “se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país”, por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.
Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Informar mediante un cartelito
El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y “solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar”. Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además “por medio de un cartel”. Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las alcaldías municipales correspondientes.
¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?
Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer “razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización”, y deben adjuntar “las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren”.
Al leer esto uno se pregunta: ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿Acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos?
Estas son apenas algunas pinceladas que justifican claramente la preocupación de la gente.
Chile y Bolivia: dos antípodas
En febrero de 2000, el entonces presidente y ex dictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial (BM), privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.
El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300 por ciento. El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como “la guerra del agua”.
Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano en el año 2009 aprobó en la nueva Constitución política que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.
La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas”.
La Constitución Política en Chile, adoptada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar “la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes”, donde “los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él, y puede ser incluso hipotecado. Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3 por ciento de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7 por ciento del mercado.
Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.
Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA), afirma que “el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado”.
La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuosa para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defenderla.
¿Estados al servicio de las compañías transnacionales?
Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder, o ya está sucediendo, en muchos países donde pretenden privatizar el agua.
La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso. Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano es completamente impropio “delegar” su gestión o su propiedad a la empresa privada.
Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía. El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar “fuera del mercado” implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.
En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina “demanda inelástica”, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.
Esto ocurre con la demanda del agua por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa. Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los estados los que deben buscar ser eficientes y justos.
*Por María Luisa Ramos Urzagaste para Sputnik
