Puerto Rico: el gobernador en su laberinto
El país caribeño, un Estado asociado a Estados Unidos, atraviesa una profunda crisis política generada por el mal gobierno de Ricardo Rosselló.
Por Carmen E. Ortiz Abréu para Claridad
Los acontecimientos que estremecieron a Puerto Rico la semana pasada -específicamente los arrestos por las autoridades federales de dos ex funcionarias del gabinete y varios contratistas del gobierno de Ricardo Rosselló, y la revelación de la existencia de un “chat” en el cual por 41 días dieron rienda suelta a sus peores instintos el gobernador y 12 de sus más allegados colaboradores- han convertido al país en un hervidero, y desatado lo que muchos califican como una crisis sin precedentes en nuestro sistema constitucional de gobierno. Como resultado de esta situación, se han afectado irreversiblemente la imagen y utilidad política del gobernador, hecho que reconocen los líderes de su propio Partido Nuevo Progresista (PNP), algunos de los cuales se refieren a él en privado como “un cadáver político”.
La caída de Rosselló y su gobierno se venía gestando en silencio desde hace tiempo, sobre todo a partir del desastre provocado por el huracán María. Fue entonces cuando nuestro pueblo empezó a intuir que detrás de la fachada bien construida del gobernante, había paredes falsas que se derrumbaron estrepitosamente al primer soplido del huracán. La respuesta de su gobierno a la emergencia y su manejo errático e insensible de las muertes relacionadas a esta, y de la recuperación post-huracán, dejaron una espina clavada en el corazón de nuestra gente. Más adelante, los rumores insistentes de corrupción y mal manejo de fondos aumentaron la suspicacia colectiva.
Por eso, si bien los arrestos por corrupción sacudieron la opinión pública, estos eran esperados. Pero la revelación de la existencia del “chat”, y su contenido tan agresivo y despreciable, sacudió al país. Esto ha provocado una ola espontánea y unánime de repudio al gobernador y sus compañeros de conversación -miembros prominentes del gabinete, contratistas externos y amigos personales del mandatario-, como pocas veces se había visto antes en Puerto Rico. Esto ha llevado al liderato legislativo, y a otras importantes figuras dentro del PNP, a distanciarse de las acciones de su presidente ante la gravedad del contenido del documento de 889 páginas que fue filtrado en su totalidad a través del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El tono del “chat” -inflamatorio, prejuiciado, discriminatorio y en ciertos momentos flagrantemente ilegal- bordea un sensacionalismo puro y duro que ha generado la atención de los medios de prensa en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países, calificando estos sucesos como un gran escándalo político. Ciertamente lo es, no solo porque abona a la percepción de corrupción e ingobernabilidad que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene y propaga sobre Puerto Rico, sino también porque desnuda la falta de decencia y la callosidad moral de la claque nefasta que ha gobernado nuestro país por los pasados 30 meses.
Un amplio y representativo espectro de los principales sectores en Puerto Rico reclama y espera a que el gobernador Ricardo Rosselló abandone su cargo. Éste ha reiterado que no va a renunciar. Se ha limitado a separar de sus puestos y contratos gubernamentales al resto de sus amigos del “chat”, pero no ha internalizado ni reconocido en sus expresiones públicas que él era el líder de esas conversaciones infames, en que se planificaba el asesinato de reputaciones, la manipulación y el chantaje a medios de prensa, el acoso y asedio de adversarios y disidentes, y se lanzaban epítetos, burlas, insultos o improperios hacia mujeres, miembros de la comunidad LGBTTQ, personas pobres, con defectos físicos y enfermedades, incluyendo los cadáveres de quienes murieron a consecuencia de la catástrofe provocada por el huracán.
El gobernador Rosselló dice que no renuncia a pesar de que las protestas contra él y su gobierno crecen a cada minuto. No entiende, o no quiere entender, que no tiene credibilidad ni utilidad política en Puerto Rico, y en Estados Unidos tampoco. Que su carrera política es un fraude que se fraguó para el engaño y por el engaño muere. Aquí, su presencia es repudiada. Allá, se le han cerrado las puertas. Si no lo cree, que intente tocar alguna, y nos cuente cómo lo reciben.
Las autoridades federales han dicho que continuará el desfile de corruptos. Se acercan más arrestos de allegados suyos que serán encausados. Y surgirán también revelaciones adicionales a la prensa acerca de su carácter errático, sórdido y mendaz. Entonces, no tendrá ante sí más alternativas: o renuncia o será residenciado. La Asamblea Legislativa debe sentir la presión pública que la obligue a cumplir con su deber de iniciar el juicio político de un farsante que nunca debió ser gobernador de Puerto Rico. Al culminar el proceso de residenciamiento, Ricardo Rosselló habrá establecido un nuevo precedente: pasar a la historia de Puerto Rico como el primer gobernador encausado y removido de su cargo por alta traición a la confianza de su pueblo.
*Por Carmen E. Ortiz Abréu para Claridad
