El fin de la moratoria o el fin del reconocimiento del trabajo de las mujeres
Por Espacios de Economía Feminista UNICEN y regional CABA
El fin de la ley de moratoria previsional, más conocida como “jubilación para las amas de casa”, es un hecho y el Gobierno Nacional no duda en revertirlo. Hace tres años, el Gobierno decidió instaurar la Pensión Universal y, así, converger al fin de la moratoria previsional N° 26.970 que, desde su creación, concedió un valor simbólico a las trayectorias de las vidas de las mujeres que cargan en sus espaldas ese trabajo que, lejos de ser amor, es una desigualdad social muy concreta.
Esta decisión, tomada paradójicamente junto con la ley de “reparación histórica”, hoy, se convierte en un hecho que profundiza la precarización laboral y previsional pretendiendo implementar una “pensión universal” que no solo vuelve a invisibilizar y desvalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene nuestras sociedades, sino que, además, proyecta jubilaciones aún más bajas.
Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), se produjeron, entre otras, dos transformaciones con vistas al mejoramiento de la protección social: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan de Inclusión Previsional (PIP), vulgarmente llamado “las jubilaciones de amas de casa”. Aunque no fueron presentadas como reivindicaciones para paliar las desigualdades de género entre varones y mujeres, mejoraron la inclusión de las mujeres al sistema de previsión y seguridad social. A partir del 2004, el PIP permitió la inclusión de un grupo siempre relegado en el sistema previsional, aquellas que, teniendo la edad de retiro, no podían acceder a una jubilación. Entre otras causas, esto podía deberse a que las mujeres habían trabajado durante toda su vida en el ámbito del hogar sin remuneración y reconocimiento; o en el ámbito de la informalidad, entonces, no habían podido realizar aportes (y sus empleadores, las respectivas contribuciones obligatorias); o a que sus trayectorias laborales registradas y remuneradas habían sido demasiado inestables.
La Economía Feminista provee evidencia en torno a cómo estas trayectorias laborales fueron y son signadas por una organización social del cuidado, injusta, que hace cargar a las mujeres -en promedio- con una participación del 89% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y el doble de horas de cis-varones dedicados a trabajos remunerados y registrados. Por ejemplo, el 94,7% del trabajo en casas particulares es realizado por mujeres y, en la mayoría de los casos, nadie realiza los aportes y contribuciones jubilatorios que obliga la ley. A partir de la moratoria, cualquier persona podía inscribirse para percibir un seguro social, se declaraba una deuda por aportes impagos y se saldaba con un plan de pago en cuotas, que se iban descontando de los haberes mensuales una vez que la Anses otorgaba la prestación. Señalemos que los aportes se pagaban y no consistían en jubilaciones “gratuitas” como se difunde a menudo.
El PIP no fue una política aislada, junto con la figura del Monotributo Social (inclusión a trabajadores y trabajadoras en condición de vulnerabilidad pertenecientes a un listado restringido de actividades productivas y de servicios) y del Régimen de Regularización de Deudas de lxs trabajadorxs, formaba parte de un paquete que tenía como objetivo regularizar una situación dispar en tanto seguros y previsión social para lxs trabajadorxs, a través de viabilizar el pago de las contribuciones que no realizaron lxs aportantes al Sistema de Seguridad Social, pero, a la vez, tratando de ampliar las prestaciones que este brindaba.
Amas de casas jubiladas
La desigualdad de género es una de las mayores problemáticas que continúa mostrando nuestro sistema previsional al día de hoy, ya que las mujeres, como parte del rol que se les asigna en las familias, realizan un gran porcentaje del trabajo doméstico y de cuidado necesario para la subsistencia, sin ningún tipo de remuneración y, por lo tanto, sin aportes. Al mismo tiempo, aún las mujeres y disidencias presentan tasas de formalidad y participación en el mercado laboral mucho menor que los varones(cis).
Existe entonces una evidente desventaja: acumulan menos aportes y, por lo tanto, no logran alcanzar el mínimo para acceder al beneficio de la jubilación, después de haber trabajado durante toda su vida. Según el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, informa que, de las mujeres económicamente activas, las desocupadas son alrededor del 10%, si se agregan a éstas las que ocupan puestos informales, se concentra casi el 40% que participan del mercado de trabajo, casi 3 millones de personas según datos del 3er Trimestre 20176.
El mote de “jubilación de las amas de casa” se debe a que la mayoría de las personas beneficiadas han sido mujeres. Según el Observatorio para la Seguridad Social, en mayo de 2010, del total de beneficios otorgados, un 78% corresponden a mujeres, mientras que el 22% restante a varones.
Nicolás Dujovne, actual ministro de Hacienda, declaró que “mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que dio el kirchnerismo”. En alusión a que quienes se consideran plenos aportantes en el mercado formal y, por lo tanto, creen que tales pensiones no contributivas se estarían financiando con la “licuación” de los beneficios de quienes sí aportaron. No es casual que la mayoría de estos plenos aportantes sean (cis)varones y de clases medias y altas.
Este planteo invisibiliza, por un lado, que la recaudación impositiva se ve incrementada al ampliar el alcance de las herramientas conjuntas al PIP (con la implementación de la figura del Monotributo Social) en actores que no aportaban previamente. Y, por el otro, que lxs beneficiarixs que, a través del PIP, lograron un alivio económico al contar con un ingreso para afrontar su adultez mayor, fueron perjudicadxs previamente por el mismo capitalismo heteropatriarcal que les excluyó del mercado laboral formal o del reconocimiento de sus labores domésticas y de cuidado, privándolxs del derecho jubilatorio que todxs lxs trabajadorxs poseen. Resultan paradójicas las declaraciones del ministro si observamos las cifras del Reporte de Trabajo Registrado de febrero de 2019 que muestra una caída del 2% del trabajo registrado con respecto al mismo mes de 2018, mientras que se observó un aumento interanual del 3,6% de trabajadorxs en casas particulares (en su mayoría, mujeres dedicadas a reemplazar a otras mujeres en las tareas de cuidado, limpieza y mantenimiento del hogar).
Otro ingreso a la precariedad: porque la pensión universal es más desigualdad
Paradójicamente, el fin de esta medida que intentó reconocer y reparar una parte pequeña, pero sustancial para que las vidas de las mujeres sean más autónomas en su adultez mayor, viene de la mano de reclamos históricos que se neoliberalizan para sostener la precarización.
Muchos de los reclamos en torno a la sostenibilidad de la vida exigen la universalización de las prestaciones -entre otras medidas- y vienen a dar por tierra los argumentos que refuerzan la segmentación e inequitativa distribución de la protección social. Sin embargo, con un gobierno que tiene como objetivo la austeridad del gasto público, esta universalización concedió un retroceso al piso de derechos adquiridos en la década anterior.
La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), si bien brinda una cobertura previsional para todas aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con los años de aportes que exige el régimen previsional contributivo y es vitalicia, prevé el pago mensual del 80% de la jubilación mínima, creando una discriminación entre quienes pudieron contribuir en su historia laboral y quienes no. A diferencia de la moratoria, estipula un aumento de la edad a partir de la cual se percibe el beneficio (de 60 a 65 años) y no es compatible con la percepción de otro beneficio social, únicamente con la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual, debiendo optar por uno u otro. Por ejemplo, una mujer no podría tener dos pensiones, en caso de tener derecho a obtener pensión por viudez, deberá renunciar a la percepción de este beneficio.
Desde la economía con una mirada feminista, son muchas las voces que creemos en la centralidad de la ampliación de la protección social sin segmentaciones ni distribuciones inequitativas atadas a la suerte y meritocracia de trayectorias laborales inestables y erráticas, constitutivas de la división sexual del trabajo y de la época. Una propuesta que implique reducir las famosas brechas de género no requiere sólo políticas focalizadas, sino la ampliación y robustez de un sistema de bienestar que abarque no solo la extensión de lo que entendemos como protección social, sino cuestiones más allá del ingreso monetario que cada persona obtiene para sostenerse.
En ese sentido, garantizar políticas públicas y el derecho al cuidado de todas las personas con pleno reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una medida nodal para empezar a construir una justicia económica y de género para quienes sostienen, día a día, las vidas en nuestro cotidiano. “Eso que llaman amor” está invisibilizado y genera desigualdad, se puede reconocer, reducir y redistribuir.
*Por Espacios de Economía Feminista UNICEN y regional CABA.
