Jubilaciones: la eliminación de la moratoria parece un castigo patriarcal
La Ley Nacional de Moratoria fue fundamental para reconocer el trabajo de las amas de casa y el empleo doméstico como cuidadoras o en tareas de limpieza, en general informal. Permitió que 4 millones de personas fueran reconocidas en su derecho a ser incluidas dentro del régimen previsional como trabajadoras. En julio llega a su fin y es un derecho más que pierde la Argentina. Tali Goldman explica en esta nota por qué la Ley de Reparación Histórica es un subsidio deslaboralizador y no un derecho.
Por Tali Goldman para LatFem
Cuando en 2015 la abogada le dijo que la esperaba en el Banco para cobrar la jubilación, Graciela pensó que se desmayaba. Llegó a la puerta del Banco Nación en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde vivió toda su vida, sacó un numerito e hizo la fila. Cuando llegó su turno y sacó toda la plata –retroactiva a dos años que era cuando había iniciado el trámite– empezó a temblar. La abogada le recomendó que se tomara un remise para volver a casa porque estaba desbordada. Graciela le hizo caso. Cuando llegó a su casa puso toda la plata sobre la cama: nunca había visto tanta junta en su vida: “Esta plata es mía, esta plata es mía”, repetía como un mantra. Cuando se recuperó y entendió que estaba jubilada se compró una heladera nueva, un plasma –todavía tenía el televisor viejo–, un colchón –nunca lo había cambiado en su vida y padece de artrosis en la columna y rodilla–, una frazada térmica, una juguera y unas botitas de cuero. Graciela Mondragón es parte del millón setecientos noventa y seis mil cuatrocientas treinta y nueve mujeres que entre 2003 y 2016 se jubilaron por moratoria previsional a través de la ley 24.476.
Pero esta medida, que benefició a mujeres entre 60 y 65 años que cuentan con menos de 30 años de aportes para que pudieran jubilarse, llega a su fin el próximo 23 de julio. El presidente Mauricio Macri no sólo no va a renovar esta legislación, sino que pone obstáculos a quienes se quieren jubilar antes de la fecha de caducidad. “En este marco de ajuste, y considerando la desigual distribución ocupacional y del trabajo no remunerado, la decisión de eliminar la moratoria jubilatoria a las mujeres se parece mucho a un castigo patriarcal”, definió la doctora en economía y periodista Julia Strada. Para entender por qué, basta con poner la lupa en todas las Gracielas a lo largo y ancho del país.
Graciela cumplió 12 años y de inmediato tuvo que empezar a trabajar. Era el año 1966 y para pagar los estudios de su escuela secundaria la habían contratado de manera informal en una escuela normal para ayudar a las maestras, llevar a los nenes al baño, limpiarlos en las clases de pintura. Era una suerte de niñera a la que le daban unos pesos para que pudiera cubrir los gastos si quería estudiar. Su mamá, Argentina, que vive con 91 años, la criaba sola a ella y a sus hermanas y, para poder trabajar como cocinera en un sanatorio, necesitaba que sus hijas se arreglaran solas.
Cuando terminó el secundario se dio cuenta de que tenía que ponerse a trabajar en serio. Ya no le alcanzaba con la changuita de la escuela. Y ahora sí, tenía que aportar más consistentemente a la casa. El primer trabajo que consiguió fue en un taller de costura, “La Calestia”. Junto a otras chicas de su edad aprendió a coser. Allí estaba muchas horas y el salario no le alcanzaba. En ese momento fue cuando consiguió el gran trabajo de su vida, como maestranza en una concesionaria de autos muy importante en Gualeguaychú. Era el año 1974 y con sus 20 años tenía que dejar todo el negocio reluciente. Durante dos años estuvo contratada de manera informal, la hacían ir día por medio, pocas horas. Recién en 1976 la pusieron en blanco y pasó veintiún años de su vida.
En ese tiempo conoció a Santiago, que trabajaba como ordenanza en el Colegio Nacional. A mediados y finales de los 80 nacieron sus hijas Luisina y Agustina. Los Díaz sacaron un crédito en el Banco Hipotecario y se compraron su casa. Vivían una vida muy modesta. Lejos de algún tipo de lujo, los dos salarios iban para la educación a sus hijas. Pero en 1998, en plena crisis, la empresa quebró. Graciela tuvo que volver al circuito informal, cobrando en negro como limpieza de hoteles y de otros lugares. Toda la plata se iba en la cuota de la hipoteca. Pese a la artrosis, los dolores de columna, Graciela tenía que seguir trabajando casi a destajo. Las hijas ya se habían ido a Buenos Aires a estudiar a la universidad. A poco de cumplir 60 años empezó a angustiarse. ¿Qué iba a pasar cuando no pudiera trabajar más, cuando el cuerpo no la acompañara? “Trabajo desde los 12 años, siempre fui muy independiente económicamente, me ponía muy mal saber que de un día para el otro no iba a cobrar más plata. No me alcanzaban los aportes para jubilarme. Por eso fue tan importante para mí la moratoria”.
La Ley nacional de Moratoria fue un proyecto que se sancionó en 1995 pero recién la implementó el Presidente Néstor Kirchner en 2006. Esto implicaba que las mujeres que tenían 60 años (y los hombres a 65) y no llegaban a tener los 30 años de servicios con aportes pudieran comprar años con un sistema de planes de pago muy accesible. Con el mecanismo se incluyeron al régimen previsional a alrededor de 4 millones de personas en todo el país, según el ANSES.
El gobierno de Macri sancionó la ley de “reparación histórica”–26.970– que permite incluir deudas por servicios hasta diciembre de 2003 y es para las mujeres que cumplen 60 años entre el 23 de julio de 2016 y el mismo día de 2019.
“La moratoria es la decisión política de reconocer a la jubilación como un derecho, es decir, reconocer al trabajo más allá de los aportes o no. Porque la persona que trabajó, independientemente de la regularidad o no, hizo un aporte a la sociedad con su trabajo. En ese sentido, es fundamental para las amas de casa y es un reconocimiento al empleo doméstico porque, valga la redundancia, se les reconoce el trabajo para reproducir la fuerza de trabajo”, explica a LATFEM Eva Sacco, economista y parte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que, según definió el diario Tiempo Argentino, es la “consultora que divulga la economía entre los sectores populares”.
Las mujeres tienen una doble jornada laboral (se estima según el INDEC que destinan 6 horas promedio por día a tareas domésticas), pero solo perciben ingresos por una jornada, que tiene –por otro lado– menos horas que la de los varones y, por ende, se traduce en la percepción de ingresos menores.
Según explica Julia Strada en un artículo publicado en CEPA, “existe una división entre actividades ‘feminizadas’ y actividades ‘masculinizadas’, donde las primeras perciben menores ingresos. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el 62% de las inserciones laborales asociadas al cuidado están ocupadas por mujeres, mientras que sólo el porcentaje restante, el 38%, ocupan a los hombres. Como contracara: el 94% de las ocupaciones no asociadas al cuidado las realizan hombres y solo el 4% mujeres. Esto espeja la división de tareas en el hogar: la atención de la salud, la educación, la realización de servicios sociales y el trabajo doméstico son, bajo la óptica patriarcal, tareas asignadas a las mujeres”. Y agrega que otro elemento clave refiere a la mayor tasa de no registración en las mujeres, que supera en 5 puntos a la de los varones. “Hay 36,4% de mujeres con empleo no registrado y 31,9% de hombres con empleo no registrado”.
Todo esto explica por qué la moratoria fue fundamental para reconocer el trabajo del cuidado no remunerado que hacen las mujeres. Como en el caso de María Eva, que a los 15 años se vino sola de Misiones tras la enfermedad y la muerte de su mamá. Antes de eso, ayudaba a su familia –mamá, papá y doce hermanos– en el campo. Pero cuando se vino a Buenos Aires tuvo que salir a trabajar porque tenía que comer y mandarle plata a su papá que había quedado viudo. El único trabajo para una chica de su edad era cuidar a otros chicos. María Eva nunca se imaginó que ese iba a ser el laburo que conservaría toda su vida.
Cuando se casó y tuvo su primer hijo –al que siguieron tres más– no podía cuidar a los propios y a los ajenos. Entonces durante quince años se dedicó a las tareas domésticas de su propia casa y a criar a sus cuatro hijos. Su marido tenía un negocio de estampería. Cuando su hija menor entró al secundario, sumado a que a finales de los 90 el negocio no andaba nada bien, María Eva volvió a trabajar cuidando chicos.
En 2004 quedó viuda, así que el trabajo se tuvo que incrementar. Más casas, más niñxs, incluso en algunas ocasiones, sumarle trabajo de limpieza. Cuando cumplió 62 años, una de sus “patronas” –una mujer a la que María Eva le cuidó al hijo cuando era chico y que ahora trabajaba en el ANSES– le contó que podía entrar en una moratoria para jubilarse. A María Eva se le iluminaron los ojos. Nunca, jamás en su vida, había estado regularizada en ningún trabajo. “Fue una emoción porque nunca me imaginé que a mí también me iba a tocar tener la jubilación, además fue lindo porque uno de los chicos que yo cuidé es el que me ayudó con todos los trámites para que me saliera la jubilación”. El primer monto de dinero llegó unos días antes de las fiestas: compró regalitos para sus cuatro hijos y sus cinco nietos. Ese año el arbolito fue una verdadera fiesta.
En octubre de 2016, a partir de la Ley de Reparación Histórica –Ley 27.260–, se aprobó la implementación de la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM). Esto es que cobran el 80% de la jubilación mínima. Y para acceder a ella hay que haber cumplido 65 años tanto para varones como para mujeres y tener una suerte de “certificado de pobreza”. Así lo explican en el informe “De pobreza cero a pobreza cien mil: análisis de la Pensión Universal de Adultos Mayores como reemplazo de la moratoria previsional para el acceso a la jubilación” del CEPA.
“La aplicación de una pensión universal no contributiva a la vejez plantea una segmentación entre los que están adentro del mercado laboral formal, aportaron y se jubilaron en regla, y los que por no haber cumplido alguno de esos requisitos (aun si dependiera de un patrón o empleador que no quiso pagar sus aportes) no les corresponde una jubilación, entendida como un retiro después de toda una vida de trabajo y aportes. A esa población se le otorga un subsidio, un plan social, y ello constituye un concepto deslaboralizador, que se ‘focaliza’ en las poblaciones pobres y las ‘atiende’ específicamente según sus necesidades. En este caso el subsidio que se entrega tiene más que ver con la condición de “pobre”, que con el reconocimiento de un derecho de jubilación por ser un trabajador o una trabajadora. No hay reconocimiento de derecho, como sí lo hace la moratoria previsional”.
*Por Tali Goldman para LatFem.
