El mundo del revés
Tras las cesárea practicadas a niñas en Jujuy y Tucumán, quienes están en el ojo de la tormenta son lxs que garantizaron la práctica y no quienes se negaron a dar una respuesta e incumplieron derechos sexuales básicos y tratados internacionales.
Por Redacción La tinta
A principios de este año, se dieron dos situaciones muy controversiales: en enero, en Jujuy y, en febrero, en Tucumán. Cada una con sus particularidades, coincidían en algunas cuestiones básicas. Niñas, acompañadas de sus madres, solicitaron un aborto legal tras haber quedado embarazadas por haber sufrido violencia sexual. Los directivos y médicos, junto con funcionarios de salud de las provincias, intentaron dilatar las prácticas y, finalmente, ambas se resolvieron con cesáreas. No se garantizó, en ningún caso, el derecho a la confidencialidad y secreto profesional, por lo que fueron tapa de diarios y noticieros por varias semanas. El producto de ese embarazo fue noticia en todos lados y, a los pocos días, ambas fallecieron.
Lxs antiderechos pusieron el grito en el cielo por haber intervenido a las niñas antes de tiempo (tiempo de gestación), por no haber resguardado la vida del feto. La mayoría de lxs profesionales se declararon objetorxs de conciencia y tuvieron que llamar a personales externos de los servicios para que realicen una práctica que finalice con el embarazo.
Quienes defienden el derecho a decidir desde una perspectiva de derechos humanos, sexuales y reproductivos estuvieron luchando para que la práctica se lleve a cabo lo más rápido posible. Fueron acusadas de violentas, por intervenir con vigilias en los hospitales para garantizar el derecho a un aborto seguro de las niñas. Mientras, al interior de los hospitales, los pro abortos clandestinos se aseguraban de que estos derechos no se cumplan.
Les realizaron cesáreas. Una cicatriz física que les quedará de por vida, sin saber qué cicatrices dejará en su salud integral. No es la forma en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda proceder en estas situaciones de embarazos del segundo trimestre, que es garantizando una interrupción legal del embarazo (ILE) como ambas situaciones merecían, amparándose en el Código Penal, el Protocolo para la atención de personas con derecho a la ILE y los acuerdos con los que la Argentina se ha comprometido a nivel internacional.
Lxs profesionales que fueron convocadxs en ambas situaciones no tuvieron la potestad de decidir cómo llevar a cabo la práctica. Predominó en ellxs la necesidad de dar una respuesta. Pese a que no era la mejor de las prácticas ni la que garantiza la ley, era la única que podía permitir que las niñas dejen de gestar, tal como ellas querían. Sus nombres se conocen y fueron nombradas por doquier.
Quienes incurrieron en ilegalidad, en abandono de persona y de sus tareas como funcionarixs públicxs no se vieron expuestxs. No sabemos sus nombres, sus caras, no debieron dar notas ni justificar sus actos. Así como con los violadores, a duras penas, sabemos que están detenidos o con una causa abierta, pero de las niñas y sus madres sabemos toda la historia de vida.
Lxs profesionalxs que realizaron la cesárea de Tucumán están imputadxs por homicidio calificado tras la muerte del producto del embarazo. Parece el mundo al revés, en el cual quienes garantizaron el pedido de las niñas, amparadxs por la ley, son juzgadxs y castigadxs. Mientras, quienes incumplieron la ley, no tienen que rendir ningún tipo de cuentas.
Surge hacernos la pregunta sobre cómo deberían resolverse estas situaciones. ¿Está el sistema de salud preparado para dar una respuesta a la altura de las circunstancias? ¿Qué cuestiones se ponen en juego? ¿Es una cuestión moral? ¿Es objeción de conciencia? ¿ Es desconocimiento científico?
Hace un tiempo, en algunas provincias de nuestro país, se implementó el programa de Prevención de embarazo no intencionado en la adolescencia (ENIA), el cual supone garantizar derechos sexuales y reproductivos para jóvenes de 10 a 19 años. Uno de sus objetivos fundamentales es brindar anticoncepción de larga duración. Esto es una recomendación de la OMS, siempre y cuando la joven así lo desee, para evitar embarazos de manera más efectiva y por un tiempo prolongado. Sin embargo, se lleva a cabo de una manera casi obligatoria, se colocan implantes subdérmicos en manada sin que las jóvenes sean protagonistas de este proceso de decisión. También algunxs profesionalxs indican que madres llevan a sus hijas a las consultas y solicitan la colocación de este método anticonceptivos sin que la niña haya comenzado sus relaciones sexuales, pero como una forma de «protección» ante una inminente violación. ¿Cuál sería el mensaje a partir de estas dos situaciones? Una joven, sí o sí, va a sufrir violencia sexual, la intención es evitar el embarazo porque la posibilidad de interrumpirlo implicaría torturas. En ningún caso se toman medidas profundas para la prevención de estas violencias sexuales.
Lamentablemente, estas situaciones no son excepcionales como muchas veces nos hacen creer. A fin del año pasado, murió una niña de 13 años en Chaco por cursar un embarazo con un estado de salud severo. La semana pasada, en El Sauzalito, de la misma provincia, con apenas 11 años, tuvo un parto otra joven, quien ya había solicitado atención en dos hospitales, pero nadie la asesoró sobre la posibilidad de la ILE. Sabemos de dos jóvenes en Salta que solicitaron la ILE también en lo que va del verano, ambas atravesaron situaciones de violencia sexual que terminaron en embarazo; por nombrar sólo algunas jóvenes cuyas historias tomaron estado público.
Estamos viviendo en el mundo del revés. Sin embargo, las organizaciones no se quedan de brazos cruzados. Hay mucho por hacer. El Estado es el gran responsable de generar condiciones de vida que nos eviten pasar por situaciones como estas. La niñez no puede vivirse con una maternidad obligada. Queremos infancias libres.
*Por Redacción La tinta.
