Narcolavado en Río Cuarto: la mafia en el poder
La muerte del líder narco Claudio Torres en enero pasado y la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal destapó una red que abarca diversos sectores sociales y que evidenció las complicidades de la Policía provincial con las mafias locales. Alrededor de 50 allanamientos, 16 detenciones, amenazas al juez a cargo de la causa, un jefe policial preso y la remoción de la cúpula de la Unidad Departamental Río Cuarto sacuden a la ciudad del sur cordobés. Mientras tanto, los asesinatos ocurridos en los barrios el último mes superan los de un año entero.
Por Redacción La tinta
Jefes policiales, empresarios del mundo inmobiliario, sindicalistas, profesores de tenis, dueños de una pollería o un local de celulares en pleno centro de la ciudad. En las últimas semanas, la investigación de la Justicia Federal sobre una red de narcotráfico y lavado de dinero está desnudando, capa por capa, la trama de un poder que se extiende por todas las esferas de Río Cuarto.
Un poder que involucra directamente a altos mandos de la Policía provincial y que en la última semana llevó al retiro y la detención del hasta ahora Jefe de Investigaciones a nivel local, Gustavo Oyarzábal, y finalmente, este miércoles, a que se removiera a las máximas autoridades de la Unidad Departamental Río Cuarto. Mientras tanto, el juez federal Carlos Ochoa a cargo de la causa recibió amenazas en los últimos días y reforzaron su custodia.
El puntapié que destapó a nivel mediático una realidad que lleva años operando en la zona ocurrió el 16 de enero, con la muerte de Claudio Torres, el narco que lideraba una de las mayores bandas de la ciudad y que fue asesinado con seis balazos en la vía pública, frente a su casa. Después, las conexiones fueron revelando nombres y más nombres, con unos 50 allanamientos y 16 detenciones que llegaron al propio Oyarzábal, quien por sus funciones en la policía local justamente tenía a su cargo la investigación del asesinato y que el 7 de febrero pasado fue detenido, sospechado de encubrimiento por posibles vínculos con la banda de Torres.
Pero al homicidio del líder narco se suman otras seis muertes más ocurridas en barrios de Río Cuarto, sólo en los primeros cuarenta días del año, una cifra que se asemeja al promedio de asesinatos que la ciudad llega a tener en todo un año. Gran parte de los casos son jóvenes que fueron asesinados en el marco de enfrentamientos entre bandas o disputas personales, y que podrían estar relacionados tanto con la violencia social y económica que se vive en las calles como con el narcotráfico y el narcomenudeo.
Durante el último mes, los aires del poder narco y la violencia que viene gobernando ciudades y regiones enteras de países como México o Colombia empezaron a recorrer la ciudad y a poblar los rumores del día a día riocuartense. Y con ellos la sensación de desprotección e impunidad ante una “fuerza de seguridad” liderada por policías vinculados al crimen organizado, que hasta ahora parecen haber contado con la complicidad del poder político y judicial.
Así lo muestra el caso de Oyarzábal, quien fue acumulando ascensos y poder en los últimos años dentro de la policía provincial a pesar de que ya tenía denuncias en su contra y existían voces que lo vinculaban con narcotraficantes. A esto se suma la detención de Jonathan Montserrat, sospechado también de ser parte de la banda de Torres y yerno de Sergio Almerich, quien hasta diciembre de 2018 se desempeñó como jefe de la Policía Federal en Río Cuarto, justamente la división encargada de la lucha contra el narcotráfico.
Narco seguridad
La investigación, caratulada como organización de narcotráfico y lavado de activos, se inició ya en 2014 y desde entonces está a cargo del juez federal Carlos Ochoa. Incluso, desde el Juzgado Federal sostuvieron que a fines del año pasado ya tenían programados una serie de allanamientos para febrero de 2019 que involucraban a Torres, pero después de su asesinato tuvieron que adelantar el operativo, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Así fue que una semana más tarde de la muerte del líder narco se realizaron 46 allanamientos y las primeras 11 detenciones, aunque se especula que esos días de demora ya fueron suficientes para que las personas investigadas pudieran adelantarse. Desde entonces siguen los arrestos y hay nuevos allanamientos casi cada día, donde hasta ahora se han encontrado desde armas y joyas, hasta autos de alta gama y cantidades enormes de efectivo, aunque no drogas.
En el marco de los arrestos y complicidades que ya se sospechaban dentro de la policía provincial, este megaoperativo está a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, enviada por la ministra Patricia Bullrich ante el pedido de intervención del juzgado. Sin embargo, la fuerza de seguridad cordobesa no fue la única involucrada en narcotráfico local en los últimos años: en 2015 la causa de los “narcogendarmes” terminó con la detención y condena de dos gendarmes supuestamente encargados de investigar el tráfico de drogas. Tiempo después, Leonardo Hein, quien era segundo jefe de la Policía de Río Cuarto, fue también condenado por haber tenido conocimiento de la actividad de una banda narco que no denunció.
Esta vez fue el caso del jefe de Investigaciones de la Departamental local quien evidenció una vez más las complicidades entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. El subcomisario Oyarzábal fue pasado a retiro pero aún cumplía funciones en su cargo cuando Torres fue asesinado, por lo que los primeros días quedó a cargo de esa investigación. Hasta que días después la PSA allanó su casa en el marco de la investigación de la Justicia Federal y lo detuvo, acusado de encubrir al líder narco. Sin embargo, el subcomisario acumulaba acusaciones desde hace años, incluso antes de su ascenso como jefe de investigaciones.
Ya en 2011, Rosa Sabena había denunciado a Oyarzábal por encubrir a los Vargas Parra, narcotraficantes condenados por la desaparición de su hijo de 21 años, un caso que fue emblemático en Río Cuarto. Pero su madre no tuvo respuestas de la Justicia provincial hasta que el año pasado el fiscal a cargo, Fernando Moine, pidió su sobreseimiento, que fue finalmente rechazado.
“Oyarzábal protegía a los narcotraficantes y le armaba causas a los fiscales”, expresó ahora en el medio Retruco la madre de Nicolás, después de su reciente detención. “Yo siempre fui la loca que denunciaba, la loca de dolor que dice cualquier cosa. Bueno ahora se comprobó que la loca decía la verdad. Espero que caigan todos los otros responsables y que de una vez por todas se dediquen a protegernos a nosotros, a los ciudadanos y no sigan cuidando a los narcotraficantes”, sostuvo Rosa Sabena, quien después de la desaparición de su hijo se recibió de abogada y empezó a luchar para conseguir justicia y desentramar la complicidad entre la policía, el poder político, la Justicia y los delincuentes
A partir del entramado que se destapó en los últimos días, ayer el Gobierno Provincial designó a los comisarios Walter Huerta y Hernán Etcheverry como nuevos jefe y subjefe de la Unidad Departamental Río Cuarto. Mientras tanto, Juan Alberto Gatica fue ascendido a comisario en los últimos días y quedó a cargo del puesto que dejó Oyarzábal. En ese marco, este miércoles el ministro de Gobierno Carlos Massei reconoció ante medios locales que «lo ocurrido está muy por fuera de la normalidad», en relación a los siete homicidios ocurridos en lo que va del año y el caso de narcolavado.
La impunidad
En este contexto, Torres se manejaba con total impunidad, a pesar de que existía una denuncia anónima en su contra por narcotráfico desde hacía cinco años. Su único antecedente penal era de 2014 por violencia de género, pero viajó a España donde esperó que la causa prescribiera.
Según expresa el medio Otro Punto, que sigue de cerca la investigación, Torres “vivía como narco, no hacía ningún esfuerzo por disimularlo”: se transportaba en autos de alta gama que cambiaba continuamente y hasta en el banco lo reconocían como alguien vinculado a la venta de drogas. De hecho, al allanar su casa se encontraron cámaras de seguridad en todas las habitaciones, grandes cantidades joyas, perfumes y ropa importada sin estrenar, y aparecieron también entre sus pertenencias valijas llenas de efectivo. Al parecer, tenía contactos con Buenos Aires y Santa Fe, desde donde recibía la droga en Río Cuarto para desde allí distribuirla a otras zonas de la región.
Después de su asesinato, hay ya 21 imputados en la ciudad por su vinculación con la banda que lideraba y por lavado de dinero, de los cuales 16 ya fueron detenidos. Entre ellos los hermanos Andrés y Mariano Rivarola, dueños de una pollería ubicada frente a la plaza central de la ciudad; Jonathan Montserrat, propietario de una concesionaria de autos y yerno del ex jefe de la Policía Federal Delegación Río Cuarto, Sergio Almerich; Samuel Mansilla, trabajador y sindicalista de la empresa recolectora de residuos Cotreco; y Cristian Schiarolli, dueño también de una concesionaria autos e hijo de un ex director del hospital provincial; además del propio Oyarzábal.
* Por Redacción La tinta.
