Si no hay cuota, no hay recolección
Por Carina Ambrogi y Pablo Callejón para La tinta
Después de 24 horas acampando frente a la planta de Cotreco sobre ruta nacional 8, los rostros se reflejaban exhaustos por la tensión y la convicción de un planteo que no acepta resignar derechos. Las mujeres en protesta frente a la planta de la recolectora de residuos de la localidad cordobesa de Río Cuarto habían logrado quebrantar la intransigencia financiera de una empresa que les impedía acceder a la cuota alimentaria para sus hijxs, en un intento por especular con fondos que ya habían retenido a los trabajadores.
Algunas de las 30 mujeres en la protesta hacía tres meses que no podían percibir el monto que la Justicia había exigido transferir a sus cuentas. Se trata de una deuda, en promedio, de 40 mil pesos por cada una de las afectadas. Un monto que difícilmente podría dejar en jaque las arcas de una firma que, solo en Río Cuarto, tiene ingresos mensuales por casi 40 millones de pesos y se aseguró el mayor contrato municipal durante 6 años.
El paso de las horas reveló que el bloqueo de mujeres y niñxs en el acceso principal y la entrada lateral se mantendría hasta alcanzar el objetivo. Los CEOs de Cotreco decidieron intervenir en la negociación para evitar el costo de las sanciones por no brindar el servicio y cada intento por alcanzar pagos parciales fue infructuoso.
Durante toda una jornada, en una totalidad de tres turnos laborales, ningún camión abandonó la planta para realizar la recolección de residuos. La ciudad amaneció el miércoles con la basura en las calles y el alto costo político obligó a la Municipalidad a exigir la mediación del Ministerio de Trabajo. Cercados por la fortaleza de la protesta, Cotreco fue depositando los montos adeudados y la tensión recién se dispersó sobre el final de la tarde. La firma de un acuerdo consolidó la efectividad del reclamo y puso en evidencia la endeble situación financiera de la empresa que pierde influencia en Córdoba y debió vender la mayor parte de su paquete accionario.
El reclamo que terminó con la medida de fuerza tiene nombres propios e historias de necesidad real. Carina, una de las mujeres que acampó, vive junto a su hija de 4 años en una casa sin luz por falta de pago, debe tres meses de alquiler y tiene riesgo de desalojo. Se separó hace dos años del papa de su hija, y vive de la cuota de alimentos que le otorgó la Justicia. “A mí no me importa no comer, a veces yo me arreglo con mate todo el día, pero quiero que mi hija coma”, dice con vos firme sentada en el banco que comparte con otras mujeres.
Lucía vive junto a su esposo en una piecita atrás de la casa de su madre, tiene dos hijas, una de una relación anterior. Una de las pequeñas tiene un problema de discapacidad por lo que tiene que afrontar viajes periódicos a la ciudad capital cordobesa. Según vio en los recibos, su marido cobra en bruto $47.000, pero con los descuentos percibe de bolsillo $7.000. Ante la necesidad de afrontar los gastos médicos comenzó a reclamar hace un año al papa de su otra hija, que también trabaja en la empresa recolectora, la cuota alimenticia que no había reclamado en 10 años. Hace desde mayo que por los trámites administrativos de la justicia y de la empresa no cobra la cuota.
Johana y sus hijos viven de lo que ella gana en su peluquería más la cuota que paga el papa de los niños. Tiene riesgo de desalojo porque hace tres meses que no paga. Atendió dos turnos en la peluquería por la mañana y cerro para sumarse a la protesta.
La mayoría de las mujeres trabaja para sumar más ingresos a los que reciben de la cuota, una de ellas, empleada doméstica, faltó a su trabajo lo que duró la medida de fuerza, y ahí, sentada soportando el calor de la chapa bajo la que se cobijan del sol, escucha una voz masculina que les grita desde la ruta: “¡Vayan a trabajar!”.
La problemática situación de cobro de haberes no es sólo de las mujeres que esperan la cuota, durante la medida de fuerza se llegaron familias enteras para apoyarlas porque dicen que muchos de los trabajadores tampoco recibían los salarios en tiempo y forma.
Según relatan las damnificadas los sueldos promedio de los empleados rondan los $40.000. Hay recibos con descuentos de ganancias por $20.000, lo que sumado a otras retenciones hace que los salarios que rondan los $40.000 queden en $10.000 como promedio.
El miedo a perder el empleo hacía que los trabajadores no se animen a reclamar, pero después del ejemplo de las mujeres dijeron que ahora vienen ellos, y comenzaron a trabajar a reglamento hasta que les den respuesta a sus reclamos. El conflicto, que ya encontró una respuesta para las que se plantaron y resistieron hasta las amenazas policiales de pintarles los dedos, parece tener una ventana abierta por donde puede escaparse un desenlace incierto para la empresa que se lleva la mayor partida presupuestaria de las arcas de la municipalidad.
* Por Carina Ambrogi y Pablo Callejón para La tinta
