Ley de Integración Urbana: ¡Topadoras nunca más!
Este miércoles 10 de octubre, se vota en el Senado de la Nación una ley de expropiación de tierras que beneficiará a 4.416 barrios populares de Argentina. La norma sintetiza la lucha histórica de movimientos sociales, barrios populares y organizaciones villeras que asumieron la responsabilidad de construirla y reivindicar la voz de quienes luchan por una vida digna.
Por Redacción La tinta
“Lo que está pasando en relación al proyecto de ley hay que situarlo en un debate mucho más amplio y profundo que es el debate sobre la tierra y quiénes la habitan, sobre quiénes habitan las ciudades y cuáles son los barrios deseables”.
Noelia Feldmann, coordinadora regional en Córdoba del ReNaBaP
El 4 de julio pasado, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción con el voto de todos los bloques al «Régimen de integración socio-urbano y regularización dominial”, proyecto de ley que propone la expropiación y urbanización de casi 4.500 barrios populares donde habitan más de 3 millones de personas.
Todo indica que la norma recibirá, este miércoles, su aprobación definitiva en el Senado y esa victoria es consecuencia de acciones y luchas de vecinos, vecinas y organizaciones de base, quienes históricamente fueron lxs que resolvieron los problemas de vivienda e infraestructura ante la ausencia del Estado.
Erradicación, desalojos, obras de emergencia, programas de mejoramiento, regularizaciones aisladas. Lejos de promover una real transformación en la vida de miles de personas que habitan los barrios populares de nuestro país, los gobiernos de turno se limitaron, una y otra vez, a dar respuestas precarias y de corto plazo, apuntando a contener las tensiones sociales o motivadas sólo por políticas de seguridad y especulación inmobiliaria. Durante décadas, ante un mercado de tierras excluyente y la falta de una política habitacional que contemple las necesidades reales, los barrios populares surgieron como una de las alternativas construidas desde los propios vecinos y vecinas.
Ahora, la Ley de integración urbana se configura como una herramienta construida desde las organizaciones sociales de base para lograr un real acceso a la tierra y la vivienda. “Este proyecto de ley tiene la particularidad de ser una propuesta que surge `desde abajo´, desde el esfuerzo de más de diez mil compañeros y compañeras que han participado en el relevamiento de sus propios barrios. Un trabajo coordinado por todas las Organizaciones Sociales, cuyo principal objetivo es la Integración Sociourbana de los más de 4.416 Barrios Populares identificados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares)”, expresaron los movimientos sociales en una carta al Senado.
Los puntos centrales incluyen declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras que ocupan los barrios populares relevados en el ReNaBaP y que no corresponden al Estado Nacional (60% en manos de privados), y la suspensión de desalojos en dichos lugares durante cuatro años, además de que permitiría avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra para miles de vecinos y vecinas.
En relación a la urbanización, la ley declara que deben coordinarse los esfuerzos para lograr la integración de los barrios populares a través del acceso a los servicios básicos, lo que implica, por ejemplo, que un barrio sea incluido en el área programática de un centro de salud y sus vecinxs tengan acceso real a ese derecho.
Además, según la legislación, la infraestructura que se construya en los barrios populares debe ser llevada adelante en un 25% por cooperativas de la economía popular, que, en muchos casos, son los propios vecinos y vecinas del lugar que ya vienen realizando este tipo de trabajos y que podrían obtener así nuevas fuentes de empleo.
La informalidad en la tenencia de la tierra es la primera pieza de un efecto dominó sobre otras problemáticas. En la Carta al Senado, explican que, de las más de 3 millones de personas que viven en barrios populares, más del 70% no tiene garantizado el acceso seguro a la electricidad, el 93,8% no tiene agua potable, el 98,8% no cuenta con la conexión al sistema de saneamiento y el 98,5% no tiene acceso a gas natural por red para cocinar o calefaccionarse.
“Son muchos los problemas que enfrentamos día a día, como consecuencia de esta realidad: las enfermedades relacionadas con la falta de agua potable, las muertes evitables por cortocircuitos e incendios, los desalojos forzosos sin relocalizaciones adecuadas son parte de una cotidianeidad a la que nos negamos a acostumbrarnos y que estamos decididos y decididas a revertir de una vez por todas”, expresaron.
La situación particular de los barrios populares de Córdoba no es mejor que la del resto del país. Según los censos del año 2010, casi la mitad de la provincia tiene problemas relacionados con la tierra y la vivienda. El 48% de la población cordobesa corresponde a familias no propietarias (alquiler o préstamo) o con propiedades irregulares, familias que sufren problemas de hacinamiento o que viven en viviendas deficitarias. Según los datos arrojados por el ReNaBaP, en Córdoba, son 119 barrios populares, en los que hay 14.372 viviendas, habitadas por 16.069 familias. Unas 55.000 personas.
El proyecto que se tratará hoy es hijo de la movilización de las organizaciones y una larga labor coordinada, quienes en 2016 realizaron el ReNaBaP: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), TECHO y Cáritas. Pero también es hija de la demanda y la lucha histórica de un pueblo obligado a vivir en la precariedad, expulsado del derecho básico del acceso a la tierra, fundamental para la vida digna. “Hasta ahora, las únicas políticas sostenidas para los asentamientos han sido los desalojos y, en escasa medida, la relocalización y construcción de viviendas sociales”, expusieron desde CTEP en mayo de 2018, cuando se presentó la ley.
Sin desconocer las dificultades y desafíos de la integración urbana y el acceso a la tierra y la vivienda, que no se agotan en la aprobación de esta ley, las organizaciones sí reconocen que es una herramienta que permite seguir la lucha a largo plazo y generar estrategias para las problemáticas urgentes.
El desalojo brutal y la persecución vivida por lxs vecinxs de Parque Esperanza hace poco más de cuatro meses, mostró, una vez más, la situación de los y las habitantes de los barrios populares. La ley, en este sentido, es una herramienta en situaciones de desalojo – demolición – represión policial. Además, a partir de los Certificados de Vivienda, expedidos por el ANSES tras el ReNaBap, existen experiencias efectivas en la exigencia de los servicios básicos. Frenar desalojos, garantizar servicios básicos, pero también avanzar en el campo del sentido: la ley reconoce derechos.
En un comunicado público, convocando a concentrar en la Ciudad de Buenos Aires desde las 14hs en Av. de Mayo y 9 de Julio para exigir la aprobación, las organizaciones declaran: “Sabemos que la lucha cotidiana que miles de vecinos y vecinas enfrentamos todos los días no termina con esta ley. Las calles seguirán llenas de barro con olor a desidia estatal y dependerá de nuestra capacidad de organización que los servicios públicos se hagan realidad. Pero si el miércoles, de una vez por todas, se vota sin obstrucciones la ley, dormiremos un poco más tranquilos”.
* Por Redacción La tinta
