Suspenden en Honduras el juicio por el asesinato de Berta Cáceres
En la capital hondureña, se inició el proceso judicial en el que están imputadas ocho personas por el asesinato de la lideresa campesina, pero el proceso fue aplazado.
Este lunes en Tegucigalpa, capital de Honduras, comenzó el juicio por el asesinato de la lideresa campesina y ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo de 2016 cuando estaba en su casa, en la ciudad de La Esperanza, al oeste del país.
Los acusados por ser autores materiales del crimen también serán juzgados por la tentativa de homicidio del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien estaba junto a Cáceres el día del ataque.
Poco después de la apertura del proceso, éste fue suspendido tras la presentación de cinco recursos de amparo y una recusación al tribunal de sentencia. “La audiencia se ha suspendido, pese a que se abrió el juicio oral y público tal como corresponde. No obstante, no se puede señalar una fecha de continuidad hasta que la Corte de Apelaciones resuelva los amparos y la recusación que han sido presentados”, dijo el portavoz de la Corte Suprema de Honduras, Melvin Duarte. El funcionario agregó que el juicio se abrió “con la presencia de las partes”, pero que fue suspendido por la presentación de los recursos, “algunos por el COPINH (Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y diferentes tipos de defensa”.
Entre los detenidos imputados, hay sicarios, militares y representantes de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la empresa que estaba a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres junto a diversas comunidades se opusieron firmemente.
La activista había liderado protestas masivas en contra de DESA y presentó decenas de denuncias ante la Fiscalía hondureña. La represa empezó a construirse sobre el río Gualcarque, considerado sagrado para la comunidad lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, a la que pertenecía Berta.
De los ocho imputados, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo están vinculados a DESA. El primero era el gerente de asuntos comunitarios y ambientales de la compañía en el momento del asesinato de la activista. El segundo fue jefe de seguridad de la firma entre 2013 y 2015. Antes de ser asesinada, Cáceres –que presidía el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH– denunció haber recibido amenazas de los dos hombres.
El resto de los acusados son Mariano Díaz Chávez, oficial del Ejército; Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza, y Óscar Arnaldo Tareas. En marzo de este año, también fue detenido el presidente ejecutivo de DESA, Roberto Castillo, quien enfrentará un juicio por separado en una fecha que aún se desconoce. Castillo es acusado de ser el autor intelectual del crimen.
La familia de la ambientalista insiste en que hay más personas involucradas en el asesinato y que las autoridades no amplían la investigación porque se trata de altos cargos de la empresa e incluso del gobierno hondureño.
Para Olivia Zúniga, hija de Berta, los imputados “no son los autores intelectuales en el escalón más alto de este asesinato, sin embargo, esperamos que las personas de las que se tiene evidencia clara sean condenadas y que haya justicia en este nivel y también en un nivel de autoría intelectual más alto”.
En declaraciones a la agencia de noticias EFE, Zúniga acusó a la junta directiva de DESA de planificar el asesinato de su madre y criticó al sistema judicial de su país por “no estar actuando de manera correcta a favor de la justicia y en contra de la impunidad”.
En noviembre de 2017 –recordó la hija de Berta-, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) concluyó, después de analizar los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas en los celulares de las personas imputadas, que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Cáceres ya habían comenzado en noviembre de 2015. Además, el GAIPE aseguró que tanto la empresa de seguridad de la compañía como las autoridades hondureñas y las entidades internacionales que financian el proyecto jugaron un papel en la trama que acabó con su vida.
Laura Zúniga, otra de las hijas de Berta, alertó en declaraciones a eldiario.es sobre las irregularidades del proceso judicial. “Fuimos marginadas de ese proceso. A pesar de que la ley hondureña contempla el acceso al expediente del caso por parte de las familias de las víctimas, nosotras no pudimos tener acceso. No pudimos participar”, advirtió Laura.
Ante la denuncia de irregularidades en el proceso por parte de la familia Cáceres, el juicio será observado de cerca por una comisión de expertos en derechos humanos, integrada por representantes de al menos 17 organizaciones de Canadá, Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y Honduras. En calidad de observadora, también estará Amnistía Internacional (AI), que ha expresado una “grave preocupación por que la investigación de las autoridades hondureñas adolezca de graves deficiencias y no se hayan investigado pistas que lleven hasta quienes puedan haber estado implicados en ordenar su homicidio”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) destacó en un comunicado el pasado 3 de marzo, en el segundo aniversario del crimen, “la urgencia de profundizar” en la investigación sobre la muerte de Cáceres para conocer la verdad y sancionar a los responsables del crimen. A su vez, resaltó “la responsabilidad” del Estado de Honduras de investigar este caso con la “debida diligencia” a través de una investigación “expedita, independiente, pronta y exhaustiva”.
Por su parte, Greenpeace demandó “un juicio justo y ejemplarizante” en un contexto de «persecución» de quienes defienden el medio ambiente. “Reclamamos justicia para Berta y una sentencia que contemple todo el proceso de criminalización de esta activista por parte de las personas que planificaron y ordenaron el crimen, que aún permanecen libres. Algo así, no debería repetirse”, sostuvo Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.
En un comunicado conjunto firmado por varias organizaciones, entre las que se encuentra el COPINH, se hizo un llamado a los pueblos ancestrales y originarios del mundo, organizaciones feministas y de los movimientos sociales amplios, “al acuerpamiento territorial, espiritual y feminista comunitario” para el comienzo del juicio.
En el texto, convocaron a la “dignificación de la memoria de Berta Cáceres como Ancestra del pueblo Lenca en Honduras” y exigir “juicio y castigo a los responsables del femicidio de nuestra hermana y defensora”.
A su vez, demandaron el “cese de la represión, la persecución y el hostigamiento” en contra del pueblo Lenca y que el Estado hondureño “asuma la responsabilidad que implica haber concesionado territorio ancestral Lenca a inversionistas”.
Durante la jornada de ayer, el COPINH denunció que un “grupo de personas pagados por la empresa DESA, encabezados por Hector Mejía, hermano del sicario Olvin Mejía, empleado de la misma” efectuó provocaciones contra los integrantes del COPINH y de los diferentes pueblos indígenas con el objetivo de “iniciar un enfrentamiento”.
Según el último informe de Global Witness, al menos 207 personas fueron asesinadas en todo el mundo por defender los derechos humanos y el medio ambiente. La gran mayoría provenía de América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa para los defensores.
Se espera que el juicio por el asesinato de Berta Cáceres se extienda hasta el 19 de octubre de este año.
*Por Redacción La tinta
