Costa Rica y la lucha por el matrimonio igualitario
En el país centroamericano la justicia se pronunció a favor del matrimonio igualitario, aunque el poder conservador pone trabas para que la medida se aplique.
Por Carla Perelló para Nodal
El pasado 8 de agosto la Sala constitucional del máximo órgano judicial de Costa Rica declaró inconstitucional las normas que prohíben el matrimonio igualitario. Sin embargo, el tribunal no concretó ningún cambio en las leyes sino que delegó esa tarea en la Asamblea Legislativa. ¿Era la decisión que esperaban las organizaciones LGBTI+? ¿Por qué este fallo ha despertado tantas críticas? En el medio, se ha colado otra lucha: ¿qué pasa con el derecho al aborto? Para responder algunas de estas preguntas, NODAL entrevistó a Paola Vega, diputada nacional por el partido de gobierno Acción Ciudadana (PAC).
Antes de continuar vale mencionar dos hitos de la lucha del colectivo LGBTI+. Según reseña el diario La Nación de Costa Rica, fue Rita Maxera, en 1994, la primera en plantear públicamente la nulidad del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que prohíbe el matrimonio a personas del mismo sexo. Al cabo de unos cuantos años, en 2017, el país realizó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuya respuesta llegó el 9 de enero pasado, polarizó las elecciones presidenciales y echó por la borda al candidato Fabricio Alvarado, de posición conservadora. El organismo reconoció al matrimonio igualitario como un derecho y exigió al país adecuar sus normas. A propósito de ello, el fallo de la Sala constitucional que se ha dado a conocer.
—¿Cómo evalúa el lugar del colectivo LGBTI+ en la actualidad de su país?
—El colectivo está muy fuerte desde la sentencia de la Corte IDH y muy vigilante para que se resuelva lo estipulado por la Sala constitucional: la Asamblea Legislativa debe resolver en un plazo de 18 meses nuevas leyes. Entonces, el movimiento está muy consciente de sus demandas, muy agrupados y con una posición bastante contestataria ante esta situación.
—¿Esperaban esta resolución por parte de la Sala constitucional? Se ha visto que ha generado muchas críticas desde distintos sectores, ¿por qué?
—No esperábamos jamás esta resolución. Esperábamos que la Sala constitucional estuviera a la altura de los tiempos y no fue así. Realmente lo que hizo fue “patear la bola” -como decimos en Costa Rica- a la Asamblea Legislativa y postergar un tema que es impostergable, porque para asegurar un derecho humano no hay por qué tardar ni siquiera un día más. Esta decisión obliga a que el tema del matrimonio igualitario no sólo se demore, sino que se junte con las elecciones. Es que los 18 meses van a coincidir con las elecciones locales-municipales y esto va a provocar un clima de polarización que no es el adecuado, máxime cuando venimos saliendo de unas elecciones (N de R: realizadas las generales en febrero y, en abril, el balotaje) que fueron polarizadas por ese tema. Realmente este fallo no le cayó bien a nadie. El sector conservador está enojado, el sector progresista está enojado, el movimiento LGBTI+ está molesto y la Asamblea Legislativa está molesta. Fue muy inapropiado. Al momento, tampoco han dado a conocer la sentencia completa ni la fecha en la que tendremos acceso a los fundamentos para poder iniciar el debate legislativo. Allí también habrá que ver si tienen alguna justificación sobre esta resolución. Esperábamos que la Sala fuera contundente, pero no estuvo a la altura. Vaciló y titubeó en un tema en el que no se puede hacer eso.
—¿Cuáles serán las propuestas que llevarán adelante para cumplir con el mandato de la Sala y de la Corte IDH y qué rol supone que pueden llegar a tener los sectores conservadores y religiosos?
—Hay toda una pugna en la Asamblea Legislativa. Para nosotros, las y los diputados progresistas, no cabe otra propuesta más que legalizar la figura del matrimonio igualitario, porque el fallo de la Corte IDH es claro: tienen que garantizarse las mismas figuras jurídicas a las que tienen acceso las personas heterosexuales. La gente más conservadora está contemplando figuras nuevas, como sociedades de convivencia o uniones civiles. Para nosotros eso no es lo adecuado, porque las personas de la comunidad LGBTI+ no son extraterrestres como para tener un régimen jurídico aparte, se les tienen que garantizar los mismos derechos que a las personas heterosexuales. Como decía, estamos esperando el fallo. Una vez que llegue hay varios proyectos de ley en la Asamblea que se estarán discutiendo en las comisiones de derechos humanos. Sin embargo, no es un panorama óptimo: tenemos una Asamblea Legislativa mayormente conservadora por lo que en estos 18 meses probablemente no salga absolutamente nada y, finalmente, la Sala deba actuar de oficio, lo que evitó hacer hasta este momento. En ese caso, si no se aprueba ninguna ley, las normas declaradas inconstitucionales quedarán derogadas automáticamente recién en 2020.
—El pasado 8 de agosto, durante la vigilia en apoyo a la legalización del aborto en Argentina, diversas organizaciones de su país entregaron al presidente Carlos Alvarado una carta solicitando el acceso a este derecho, algo que también ha sido recomendado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que se ha solicitado y cuál es la situación al respecto?
—En este momento el procedimiento de aborto “impune” -que es el que permite la ley costarricense- es legal en caso de que corra riesgo la vida o la salud de la madre, pero esto no se está aplicando con la rigurosidad que corresponde. Primero, porque no se le informa a las mujeres adecuadamente. Segundo, porque el personal médico muchas veces actúa conforme a su moral o a su juicio personal. Y, en la actualidad, se dan situaciones que no permiten que se aplique correctamente. Por eso es que pedimos un protocolo que permita que se dé de una manera adecuada. Este protocolo ha tardado porque en el medio ha habido una discusión fiscal y el presidente no ha querido enredar los temas, pues el sector conservador está molesto con eso (los cambios económicos). Entonces, el movimiento Aborto Legal Costa Rica le hizo al presidente una nota donde hacía varias peticiones. Una: que firme el protocolo; dos: que las involucre en las discusiones. El plazo para que el presidente responda venció ayer. Sino responde, pueden acudir a vías legales, como un recurso de amparo, para que conteste. Muy posiblemente el tema seguirá siendo un foco de conflicto. Mientras tanto, avanza el proyecto de ley del sector conservador en el sentido más bien contrario: proponen equiparar el aborto al homicidio y quitar la salud emocional como causa de aborto impune. Estamos en una batalla bastante complicada.
*Por Carla Perelló para Nodal
