La criminalización migratoria de Cambiemos
Por Flor Niti para Periódico Virginia Bolten
El 20 de junio, el canciller de Argentina presidió la conmemoración por el Día Mundial del Refugiado. Durante el evento realizó diversas declaraciones, “Hemos visto imágenes terribles en los últimos años, horrores de la exclusión y no podemos aceptar que estos sea posible”.
En el año 2016, el gobierno nacional de la alianza Cambiemos junto con el gobierno porteño planificaron una cárcel para migrantes ubicada en el barrio de Pompeya. En función de la fuerte presión de organizaciones de DD.HH. y países de la región, la prisión no se instaló.
No obstante, desde que asumió, el actual gobierno finalizó con los programas de normalización de documentación y desde la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) informan de la cantidad de controles para detención de personas en un nítido cambio de paradigma del organismo.
Dentro de las actividades realizadas por migraciones se destacan las relacionadas con la criminalización de la migración. En marzo, migraciones participó en un operativo contra el narcotráfico en Córdoba, donde detuvieron varias personas. En abril, se realizó una Jornada sobre narcocriminalidad en migraciones, el director de este organismo expresó “Este encuentro sirve para pensar esta problemática que tenemos en el país. Hace muchos años el narcotráfico era una hipótesis, nosotros estamos en una situación muy complicada, de permeabilidad respecto a esta actividad ilícita. Y desde la DNM nos ponemos a disposición de ustedes para prestar todos los servicios con los que contamos. Somos un organismo de control, queremos trabajar en todas las fronteras con seriedad y con esfuerzo diario”.
En los últimos meses, recrudeció la persecución a vendedores senegaleses. En junio, nuevamente se monto un operativo policial en el barrio de Once. Por orden judicial ese día también se realizaron allanamientos en viviendas de migrantes senegaleses. Las fuerzas represivas del estado incautaron dinero, mercadería y detuvieron a 16 senegaleses. El juez que ordenó el allanamiento y operativo detalle que fue en cumplimiento del artículo 83 del código contravencional, “usar indebidamente el espacio público”.
El decreto 70/2017 firmado por Mauricio Macri, que tuvo un freno por encontrarse denunciado de inconstitucional pero confirmado por la justicia, establece la aceleración de los procesos de expulsión de personas migrantes que tengan causas judiciales en curso. Entre varias causantes el decreto establece que “ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera”. El tiempo de presentación de defensa es de 3 días.
Un ejemplo de los modos que tiene la justicia con personas migrantes es la actual situación del guineano Gassimou Barry, quien, luego de ser acusado con pruebas endebles por un juzgado mendocino, hace más de 11 meses se encuentra detenido sin juicio. La causa contra Barry es por el asesinato de una mujer, Florencia Peralta. El principal sospechoso es Damián Ortega, ex pareja de Peralta, quien la hostigaba constantemente.
En los meses de enero y febrero de este año, el gobierno nacional firmó un protocolo de actuación para la expulsión de migrantes con varias provincias, entre ellas; Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero, así como también la Ciudad de Buenos Aires. En el último año, la cantidad de personas expulsadas del país se incrementó en más de un 3000 %.
*Por Flor Niti para Periódico Virginia Bolten / Foto de portada: La Obrera Colectivo Fotográfico
