América Latina mira el debate por la legalización del aborto en Argentina
El continente latinoamericano tiene sus ojos puestos en Argentina, donde se define la aprobación del aborto legal, segur y gratuito.
Por Lucía Cholakian Herrera y Carla Perelló para Nodal
Habrá treinta y siete líneas de colectivo que serán desviadas de su trayecto original. El tránsito estará cortado diez cuadras a la redonda. La Plaza de los Dos Congresos estará dividida en dos y habrá dos pantallas gigantes con sonido. De un lado estarán ubicadas personas que recientemente comenzaron a identificarse con un pañuelo celeste. Del otro, inundará una marea verde. Es el Mundial del movimiento feminista y de las mujeres argentinas. La escena se repetirá en distintas plazas del país, pero otras tantas miles se organizan para viajar a la vigilia de este miércoles 13 de junio al centro de la Ciudad de Buenos Aires. De esa manera, se preparan para seguir en vivo y en directo el partido que definirá el destino de las mujeres y personas gestantes: por primera vez en la historia del país la Cámara de Diputados/as dará tratamiento a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para modificar el estatus actual que rige desde 1921, que penaliza a quien se realice un aborto excepto en las causales violación o riesgo de salud para la mujer e inviabilidad fetal. Esta situación lleva a que el aborto clandestino sea la primera causa de muerte materna en Argentina. De aprobarse, pasará al Senado.
Tratamiento parlamentario en el Congreso argentino
El trámite parlamentario comenzó el 6 de marzo pasado cuando en vísperas del Paro Internacional de Mujeres del 8M, fue presentado en Diputados, por séptima vez, el proyecto IVE, escrito de manera colaborativa y horizontal entre unas 500 organizaciones de todo el país, cuya articulación es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Luego, 738 expositoras/es nacionales e internacionales argumentaron a lo largo de 15 sesiones en contra y a favor de la sanción del proyecto. En total, fueron 118 horas de debate. Los ejes centrales fueron la disputa entre la los derechos sexuales y reproductivos y la maternidad mandatoria, las distintas definiciones de “vida”, las estadísticas internacionales en países donde el aborto está despenalizado y divergencias en perspectivas políticas y religiosas.
Tras las exposiciones, las y los diputados consensuaron un dictamen con base en el proyecto de la Campaña (puede acceder aquí) cuyas propuestas principales son: la despenalización y legalización del aborto hasta la semana 14 con la afirmación explícita de la “mujer o persona gestante”, garantiza el acceso en todo el sistema de salud público o privado y crea un registro de objetores de conciencia, limitado a profesionales de la salud y prohibido a instituciones.
Miradas regionales
El proyecto que espera ser convertido en ley llega al recinto en medio de la emergencia de un movimiento internacional de mujeres y feministas que se asienta en la arena política y demanda a gobiernos ampliación de derechos. El reclamo de aborto legal atraviesa al continente latinoamericano y caribeño, donde el derecho a decidir no gestar ni maternar está penalizado de distintas formas.
Los marcos regulatorios en la región son heterogéneos y, según marca Pío Iván Gómez Sánchez, médico ginecólogo colombiano que trabaja en cooperación internacional con la Asociación internacional de Ginecología y la Latinoamericana de Ginecología, a pesar de los retrocesos que “hay una tendencia a la ampliación del derecho al aborto y el caso de Argentina es un ejemplo de este fenómeno. La opinión pública sobre el tema ha progresado mucho en poco tiempo y particularmente entre los jóvenes del país”.
El experto hace un repaso por la situación actual en donde se encuentran experiencias como las de Uruguay, Puerto Rico, Guyana Francesa y ciudad de México, “con liberalización del aborto a demanda, similar a la tendencia creciente global”. Y, por otro lado, también se encuentran “un número importante de países (como El Salvador, Nicaragua y República Dominicana) que mantiene una penalización total del aborto, con altas cifras de criminalización y mortalidad materna por aborto inseguro. La mayoría de los países de la región -alrededor de 16- tienen un modelo de causales. En El Salvador, las mujeres enfrentan penas de hasta 40 años. Estar cerca de estas situaciones y el estudio de ellas le han permitido llegar a la conclusión de que “la despenalización del aborto ha cambiado la experiencia de las mujeres en relación con el estigma y a culpa que sentían, incluso obteniendo abortos seguros, por la ilegalidad de la práctica”.
En este marco, Gómez Sánchez -también expositor en las jornadas en Diputados/as- entiende ante NODAL que Argentina en las últimas décadas “ha dado ejemplo para la región” con el reconocimiento de derechos a minorías sexuales y la expansión de los derechos reproductivos, por lo que considera que “el momento político es favorable al avance en la garantía del derecho al aborto”.
“Esta decisión no solo impactará a nivel nacional -dice-, sino que también tendrá un efecto en el panorama regional, impulsando la discusión y el avance de los estándares interamericanos en materia de aborto y reactivando el giro regional hacia la despenalización del aborto”.
Por eso, a continuación nos proponemos explorar la situación y opinión de referentas en la región y consultamos desde NODAL sobre la importancia de que se legalice en Argentina.
Brasil: un vecino expectante
Fernanda Paixao, militante feminista brasileña residiendo en Buenos Aires, comentó que la situación en Brasil es similar a la Argentina en tanto el aborto clandestino se va agravado por las condiciones de desigualdad social. A su vez, explicó que la fuerte presencia evangélica en la política provoca un escenario preocupante, ya que “quiere sacar lo poco que ya tenemos: el derecho a abortar en caso de violación, con una propuesta asustadora de la llamada PEC 181”, una enmienda que pretende eliminar el derecho de las personas gestantes a elegir incluso en situaciones de embarazos enmarcados en delitos contra la integridad sexual.
Respecto al reflejo de los avances del movimiento feminista entre los países vecinos, Peixao explicó que “el movimiento de las feministas en Argentina es un gran ejemplo a seguir. Brasil está mirando todo eso. Ambos países están muy cercanos en los temas urgentes en este momento político, y la potencia de la militancia argentina en conjunto con la aproximación a través de la cobertura periodística, especialmente la independiente, tales como Mídia Ninja y Jornalistas Livres, abren muchas puertas. Si sale la ley acá, será inevitable la repercusión en Brasil”.
La experiencia y los aprendizajes desde Colombia
Durante los debates en comisión, se hizo presente la voz de la especialista colombiana Ana Cristina González Vélez, médica y participante de la “Mesa por la vida y la salud de las mujeres” de su país. Durante su exposición, la experta hizo alusión al modelo de causales -actualmente vigente en Colombia- como un modelo restrictivo al acceso al derecho del aborto. De acuerdo a información recopilada por su equipo durante los últimos doce años, acompañando a mujeres que experimentaban barreras para realizarse un aborto, el modelo de causales falla en garantizar derechos plenos. Por un lado, produce desigualdades “porque las únicas mujeres que acceden son las que cumplen los requisitos para las causales, y no todas las mujeres que lo necesitan”. En segundo lugar, explica, “es un modelo que otorga un poder excesivo a los profesionales de la salud, particularmente a los médicos que son los que interpretan si hay riesgo para la vida”, y consecuentemente “en esta interpretación hay mujeres que cometen delito y otras que no. El profesional queda con la potestad de decidir esto y decide excusarse o no del presunto delito”. En este sentido, la potestad de las personas gestantes queda limitada.
El debate presente en el país consiste en abordar las interpretaciones de las causales desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo las limitaciones y ampliando las posibilidades para que sea un modelo inclusivo.
La discusión política sobre los derechos sexuales y reproductivos se enmarca en el complejo escenario colombiano, recientemente iniciado en acuerdos de paz. “Sobre la situación de las mujeres gestantes campesinas en el conflicto armado, debo decir que tenemos mucho subregistro. Según los últimos datos, más del 99% de los abortos siguen siendo ilegales. Hemos encontrado que durante la época del conflicto armado interno, las mujeres en zonas de conflicto con embarazos no deseados derivados de violencia tenían dificultades para el acceso a los servicios, y esto nos parece importante para tener en cuenta a la hora de pedir que el aborto se pueda realizar a lo largo de toda la gestación”. Siguiendo esta línea, González Vélez explica que Colombia está pensando el aborto desde una perspectiva post-conflicto con la voluntad de avanzar hacia una sociedad más equitativa. Y en este sentido, “la legalización en Argentina es un avance fundamental, y es una conquista para la región porque América Latina tiene mucha tradición de trabajo conjunto en materia de derechos sexuales y reproductivos, especialmente desde el Consenso de Montevideo en 2013, donde se acordó revisar las legislaciones que discriminan y criminalizan a las mujeres. Sería una señal en la perspectiva de avanzar en esos acuerdos que son regionales y se enmarcan en otros instrumentos de derechos humanos”.
La demanda de políticas y garantías en Venezuela
En Venezuela hay que rastrear en datos oficiales del gobierno como de instituciones internacionales para conocer la situación en torno al aborto, el embarazo adolescente y mortalidad materna. Allí, la práctica de la interrupción del embarazo es por causales (amenaza de vida de la madre e inviabilidad del feto) y está penada: seis meses a dos años de prisión para la mujer que aborta y hasta tres años para quien realiza la práctica. Sin embargo, el movimiento de mujeres y feminista ha logrado colocarse como un actor para participar en la Asamblea Nacional Constituyente donde el próximo 20 de junio tomará la palabra para buscar “la inclusión de un capítulo en la constitución expresamente dedicado a los derechos sexuales y reproductivos, que garantice -entre otras cosas- el acceso a educación sexual de calidad; a anticoncepción y aborto seguro como aspectos elementales del derecho de las mujeres al ejercicio soberano de la planificación familiar”, cuenta Mariana García Sojo, activista feminista y vocera de la Red de Información por el Aborto Seguro.
García Sojo, además, aporta los datos necesarios como para conocer el contexto: el último informe del Ministerio de Salud indica que en 2016 hubo 756 muertes, un 65 por ciento más con relación al 2015. En tanto, el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de 2017, ubicó al país con la segunda tasa de embarazos entre adolescentes más alta de la región de América Latina y el Caribe, ubicada en 95 por cada mil mujeres entre 15 y 19 años, siendo superada sólo por Honduras (101 por cada mil).
“El aborto libre y seguro nunca ha sido parte de la agenda para las fuerzas políticas originarias de la revolución quienes han sido, en materia de género, feminismos y diversidad sexual, bastante conservadoras, en parte por la importante influencia de la iglesia católica y -cada vez más- el evangelismo”, explica.
En ese sentido, donde la demanda por el aborto crece por parte de los movimientos, el tratamiento legislativo en Argentina genera ansias y atención. “Se trata de un logro militante y popular que aporta aprendizajes y herramientas potentes a todos los países donde seguimos luchando. El triunfo de este proyecto alimenta nuestro esfuerzo y da cuenta de que, en América Latina y el Caribe, sólo es posible empujar procesos de transformación sociales con agendas comunes, desde la articulación popular”.
Chile: por la ampliación de los derechos
En agosto del año pasado, Chile salió de la nómina de los países del mundo con legislación prohibitiva en materia de aborto. El Congreso aprobó tres causales para el acceso a esta práctica: cuando está en riesgo de vida para la madre, en caso de inviabilidad fetal o de que hayan sido víctimas de violación. Sin embargo, a las dos semanas de haber asumido su segundo mandato, el gobierno de Sebastián Piñera presentó un protocolo que abrió la posibilidad de que médicos e instituciones enteras pudieran acudir a la objeción de conciencia. Un dato considerado “sensible”, por lo que no se puede acceder a la cantidad de médicos ni de instituciones que han objetado.
“Esto se enmarca en una ley que desde su origen fue siempre muy acotada. Y, también, se ha comprobado que la intervención de la objeción institucional que se negoció tras bambalinas: lo que buscaba era proteger las ganancias de los conglomerados privados de dueños católicos”, denuncia Julia Cavieres, vocera del frente feminista del movimiento político SOL-Frente Amplio. Concluye, en ese aspecto, lo necesaria que se vuelve la demanda actual del movimiento feminista chileno por educación no sexista.
Desde allí acompañarán la demanda de las argentinas a través de la entrega de una carta a la embajada. ¿Las razones? “Creemos que tendrá un impacto muy positivo para nosotras porque nuestra élite política, que es cerrada y conservadora, va a tener que mirar para al lado y ver cómo hasta un tipo como (el presidente, Mauricio) Macri, debió ceder ante la presión social. Eso es un ejemplo significativo. Y, por otra parte, nos enseña que es posible crear una mayoría activa a favor del aborto, donde las mujeres del barrio hasta las de la tele estén a favor del aborto”.
El Salvador, en las calles
El nombre de Teodora Vázquez recorrió el mundo entero cuando en febrero de este año salió en libertad tras diez años de cumplir condena por un aborto que no se hizo. Es que, El Salvador es uno de muy pocos países del mundo donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias, razón por la que, al menos, 23 mujeres y niñas permanecen encarceladas. Este año fracasó el tratamiento legislativo para permitirlo en cuatro causales y el panorama no genera esperanza tras las elecciones que cambiaron el ordenamiento dentro de la Asamblea. “Está constituida por casi 60/70 por ciento de parlamentarios de derecha. Entonces, entendemos que ya no hay posibilidad real de que en estos tres años se vuelva a discutir”, explica a Franchesca Mata, del Movimiento Centroamericano 2 Marzo / Ni Una Menos.
Pese a ello, asegura que se mantendrán en las calles: “Vamos a seguir dando la lucha en la calle y la disputa a nivel nacional e internacional. En El Salvador estamos súper pendientes de lo que pasa en Argentina porque cuando avanzan las mujeres de un país, avanzamos todas. Será una conquista del feminismo. Y entendemos el feminismo como anticapitalista, antipatriarcal y también internacionalista. Entonces, lo que suceda, claramente va a incidir en la región. No es menor que éste sea el séptimo intento de la Campaña ni que ha sido un tema que la gente se apropió para discutirlo en las casas, en los hogares, en las escuelas, en las universidades, en las plazas…nos va marcando un camino que es importante apoyar, y seguir”.
¿Tendrán las y los diputados en cuenta la tradición de marcar el camino de avanzada en materia de derechos de salud reproductiva? ¿Escucharán la demanda por parte de los movimientos de mujeres y feministas que señalan como “deuda de la democracia” la falta de acceso al aborto? ¿Mirarán hacia esta región que aguarda expectante las novedades? Este miércoles 13 de junio, desde las 11 horas cuando inicie la sesión, será cuando comience a definirse este destino. Se prevén entre 20 y 30 horas de debate. Afuera, una marea verde esperará que se cumpla el deseo: que el aborto legal sea ley.
*Por Lucía Cholakian Herrera y Carla Perelló para Nodal
