12 años de impunidad castigan a seis campesinos paraguayos
Se cumplen doce años del encarcelamiento de seis dirigentes campesinos paraguayos, condenados con pruebas falsas y la complicidad de la clase política de su país.
Por Cecilia Rodríguez para Marcha
En abril de 2006 los dirigentes campesinos paraguayos Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera concurrieron a la Argentina a solicitar asilo político. Ellos eran algunos de los más de veinte militantes políticos y sociales que fueron acusados por la Fiscalía Antisecuestro de ser parte del secuestro de Cecilia Cubas, miembro de una prominente familia empresaria e hija del ex presidente Raúl Cubas Grau. Esta detención se convirtió en una inmensa operación política que aunó la demonización de sectores populares con el reajuste de políticas represivas internas y el alineamiento del Paraguay en los planes imperiales de control territorial del Cono Sur.
Procesados en base al testimonio de un informante policial y sin pruebas que sustenten la acusación, los seis dirigentes evaluaron que, dada la enorme presión política existente en relación al caso, la justicia paraguaya no le ofrecía garantías de un trato imparcial, por lo que decidieron salir del país en busca de refugio político. En Buenos Aires, fueron apresados a pedido de la justicia paraguaya el 2 de mayo de 2006 y extraditados en 2008 al Paraguay, donde permanecen en prisión. Fueron condenados en una causa judicial sumamente irregular, en la cual la voluntad política reemplazó a las pruebas judiciales para dictarles condena, en 2012, a 35 años de prisión.
El reciente encarcelamiento del ex presidente brasilero Luis Inácio “Lula” Da Silva concita la atención poderosamente y advierte sobre la utilización del Poder Judicial por parte de las clases dominantes aliadas al imperialismo para ejecutar políticas represivas, de estigmatización de otros sectores políticos y de ejercicio legalizado de la violencia política. Esto, que aparece como bastante evidente en el caso de Lula para amplios sectores del “arco progresista”, es un tipo de maniobra ya utilizada y que ha tenido como víctimas a muchos otros militantes bastante más desconocidos en diferentes lugares de Latinoamérica.
Políticas de seguridad
En septiembre de 2004 en Paraguay, el secuestro de Cecilia Cubas trascendió como una noticia policial sensacionalista que tiñó de morbo los titulares paraguayos durante meses, y se reflejó también en la prensa de otros países, para pasar a convertirse en el puntal de la mayor campaña de demonización y criminalización de una organización política de izquierda: el Partido Patria Libre Paraguay. Se trataba de un partido en crecimiento, con buena inserción política en algunos departamentos del centro y norte del país, que había consolidado su estructura de militantes volcándose al trabajo político entre el campesinado.
Esta organización ya había sido blanco de la persecución de la Fiscalía de Estado. Sus dirigentes Juan Arrom y Anuncio Martí fueron ilegalmente secuestrados en enero de 2002 por miembros de la policía, con la anuencia del Fiscal General de Estado, Oscar Latorre, y torturados durante días para que acepten atribuirse el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardis¹.
Con el caso Cubas, la Fiscalía reinstaló la campaña contra Patria Libre, si bien a lo largo de los meses en que la víctima permaneció secuestrada no explicó en qué basaba la acusación sobre esa organización; siempre dijo no conocer ni tener pistas de dónde podría encontrarse cautiva, y pocos días antes de que se hallara su cadáver aseguraba saber que se encontraba con vida. Asimismo, si bien en gran medida la Fiscalía expresaba no tener información que sirviera para la búsqueda, ya en diciembre de 2004 el gobierno paraguayo aseveraba que el secuestro se había realizado en colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes habían asesorado a los secuestradores paraguayos. En resumen, la Fiscalía aseveraba no contar con información sobre el secuestro, pero ya estaban establecidas las hipótesis que justificarían un conjunto de acciones del Estado en materia de políticas de seguridad.
La estigmatización mediática de los militantes de Patria Libre y la sospecha generalizada sobre las organizaciones campesinas se profundizó cuando la señorita Cubas fue hallada sin vida, enterrada en una vivienda en la que había permanecido cautiva. En un momento de aguda conflictividad social en el país mediterráneo, el caso fue utilizado como excusa para concretar la militarización de amplias zonas rurales, endurecer leyes represivas y también para ajustar los planes imperiales de control continental, ya que el gobierno paraguayo justificó en ese secuestro, y en la supuesta “conexión colombiana”, la necesidad de trabajar en coordinación con los Estados Unidos y Colombia en diversos aspectos en materia de seguridad.
En verdad, la militarización del territorio ya había sido decretada en el año 2003 por el entonces presidente del Paraguay Nicanor Duarte Frutos mediante el Decreto 167 “por el cual se dispone la tarea conjunta de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación, con la finalidad de garantizar la seguridad interna”, aprobando la actuación conjunta de fuerzas policiales y militares en tareas de seguridad interior. Por las mismas disposiciones había legalizado la conformación de “Comisiones de Seguridad”, más conocidas como “Comisiones Garrote”, estructuras privadas de seguridad que actuaban mayormente en el campo a la orden de terratenientes, intimidando y reprimiendo al campesinado.
Plan Colombia en Paraguay
Asimismo, ya en 2001 se había firmado como parte de la cooperación militar internacional -en el marco de los planes estratégicos norteamericanos- un convenio de cooperación entre Paraguay y Colombia que implicaban asesoramiento por parte de expertos colombianos a tropas paraguayas en tareas de contrainsurgencia.
El caso Cubas fue la pantalla que se utilizó para aplicar en territorio paraguayo el esquema de militarización del Cono Sur ya coordinado entre Estados Unidos y el gobierno colombiano, de la mano de la excusa de una supuesta incursión de la guerrilla de las FARC en Paraguay. Con la presencia de “asesores” militares colombianos, estadounidenses e israelíes en el norte y el oeste paraguayo, el esquema de control territorial fue inclusive denunciado posteriormente por el gobierno de Evo Morales en 2008 como una amenaza concreta contra la soberanía boliviana por parte del imperialismo.
En este marco, la causa judicial que se instruyó por el caso siempre estuvo ligada a intereses políticos, a legitimar la implementación de medidas represivas y persecutorias, y a dictar condenas ejemplares como respuesta a un hecho demasiado resonante. Con estas prioridades y el sello de persecución ideológica que le imprimió la Fiscalía a su tarea, la búsqueda de la verdad quedó relegada. El caso se construyó en gran medida a través del discurso mediático, en el cual se dieron por sentado hechos que jamás fueron probados judicialmente.
En este sentido, no es extraño que la causa judicial, por la cual se realizaron tres juicios en diferentes momentos, fuera sustentada básicamente por dichos de testigos pagos, no haya establecido la conexión de los acusados con los hechos descritos, haya introducido criterios insólitos para admitir pruebas -como el cruce de llamadas-, sobre las que se acusó y condenó a varias personas por haber tenido comunicación con otros acusados sin que se haya establecido el motivo ni el contenido de las llamadas.
La manipulación política del caso quedó claramente expuesta cuando en 2008, durante la campaña para las elecciones presidenciales, la querella del caso acusó abiertamente y sin pruebas al propio Fernando Lugo de estar implicado con los “secuestradores”. También un sacerdote denunció haber recibido una propuesta del fiscal Ortúzar de fungir como testigo falso para acusar a Lugo en el caso. Si bien esas maniobras salieron mal, diversos referentes vinculados al Frente Guasú fueron extorsionados durante años con la acusación mediática de tener relaciones con los autores del secuestro.
Ni derechos ni humanos
El peso de los intereses políticos en juego y la muy conocida incidencia política del partido Colorado sobre la justicia estuvieron entre los motivos que llevaron a los seis dirigentes a buscar refugio político en Argentina. Confiaban en la larga tradición de refugio político que caracterizaba a Argentina, más allá del signo político del gobierno de turno. Pero además, el gobierno argentino, encabezado en aquél entonces por Néstor Kirchner, se autoproclamaba como “el gobierno de los derechos humanos”.
Sin embargo, pronto se encontrarían con la evidencia, encarcelados apenas se presentaron a continuar el trámite de refugio, de que el inmenso armado político que se escondía detrás del caso Cubas trascendía las fronteras paraguayas y contaba con sus propios operadores en Argentina, como el entonces ministro de Interior Aníbal Fernández, que trabajaron junto a la querella, y a Juan Carlos Blumberg, por el denegamiento del refugio político y la concesión de la extradición.
Fue así que, pese a las evidencias de manipulación política de la justicia y de la falta de garantías a la que estarían sometidos en Paraguay, los seis fueron encarcelados en Argentina, se les negó la petición de asilo y fueron extraditados a su país. Una vez allá fueron sometidos a un proceso judicial que se demoró sin justificaciones claras, mantenidos en prisión sin sentencia firme durante más de diez años y condenados poco después de la destitución de Lugo de la presidencia en julio de 2012.
Impunidad de ayer y hoy
Muchos acontecimientos políticos se sucedieron en estos doce años en que los seis dirigentes campesinos permanecen encarcelados, pero la situación de opresión e injusticia que vive el pueblo paraguayo cambió muy poco. Cuando los seis dirigentes salieron de Paraguay hacia Buenos Aires, la tradicional dirigencia paraguaya se encontraba severamente cuestionada por su corrupción. Este cuestionamiento ciudadano y su descontento encontraron su cauce político en la conformación de una nueva referencia política frentista, el Frente Guasú, y un referente en el entonces Obispo de San Pedro, Fernando Lugo.
El proceso político posterior, de conformación de la Alianza Para el Cambio, un acuerdo político electoral en el que el Frente Guasú se alió con el tradicional Partido Liberal, si bien puede ser cuestionado por lo endeble de sus acuerdos, representó una gran esperanza de cambio para las grandes masas campesinas, trabajadoras y empobrecidas tanto del Paraguay como para los paraguayos en el exilio.
La Alianza Para el Cambio ganó las elecciones presidenciales en 2008, rompiendo más de cinco décadas de gobiernos colorados, de los cuales treinta y cinco de ellos bajo la dictadura de Stroessner. Fueron décadas durante las cuales el partido Colorado y los sectores oligárquico mafiosos, cuyos intereses representa, modelaron un Estado al servicio de sus intereses, profundamente infiltrado por camarillas y acuerdos inconfesables para apropiarse de los bienes y dineros públicos. Pilar fundamental de ese entramado político es el Poder Judicial, institución que junto al Ministerio Público se encontraba entre las más cuestionadas por la ciudadanía.
Sin embargo, ningún cambio importante ocurrió dentro del Poder Judicial, que continuó siendo un bastión del poder colorado y que tendría un papel fundamental en la criminalización del campesinado y en la impunidad de las mafias enquistadas en el poder. El gobierno de la Alianza Para el Cambio tampoco forzó ningún cambio importante en las estructuras del Estado, así como dejó para más adelante una respuesta de fondo al principal problema de la conflictividad social y política del Paraguay: el reparto de la tierra.
Nada de lo hecho por ese gobierno cambió la situación de los presos políticos paraguayos; por el contrario, desde que asumió el gobierno el mismo Fernando Lugo ratificó la continuidad de los planes de seguridad del gobierno que lo precedió, incluyendo la coordinación con el Estado colombiano. A partir de 2010 inició el Estado de Excepción con el cual se militarizaron cuatro departamentos del norte paraguayo y forzó, también en 2010, la aprobación de la ley antiterrorista.
Esa continuidad en materia de políticas de seguridad no salvó al gobierno de Lugo de la desestabilización, en la cual luego quedó demostrado que tomaron parte varios de sus propios aliados, cuyas maniobras se consumaron con la matanza de campesinos y policías en junio de 2012 conocida como Masacre de Curuguaty, hecho que le valió la destitución a Lugo y abrió el camino del regreso.
Esa masacre dejó además de muertos un saldo de varios sobrevivientes presos, varios de los cuales comparten desde hace años sus días en prisión con los seis. En estos doce años de prisión en Paraguay hubo cuatro presidentes y ya hay otro electo, se dio la conformación, disolución y re conformación de alianzas políticas, una masacre campesina que fue el prolegómeno de un golpe de Estado, el avance implacable y devastador del modelo de monocultivo y miles de campesinos expulsados de sus tierras, más campesinos y disidentes apresados.
Otras cosas siguen como siempre: la tierra en manos de unos pocos, las llamadas tierras públicas mal habidas en manos de quienes se las apropiaron, la justicia acusada de corrupción y manipulaciones políticas, la dirigencia política cuestionada, entre quienes se encuentran ahora muchos de quienes fueron una esperanza para el pueblo en 2008. Los presos políticos siguen en la cárcel, a la espera de que otras fuerzas, que no sean parte los acuerdos del régimen para mantener el estado de cosas de siempre, los saque de su prisión.
¹La maniobra se frustró cuando, alertados por los vecinos de la vivienda en que se encontraban cautivos, los familiares concurrieron con una movilización que rodeó la casa y los liberó. Si bien los autores materiales del secuestro y el fiscal Latorre fueron investigados por el hecho la causa fue dejada sin efecto. En 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
*Por Cecilia Rodríguez para Marcha
