El reciente anuncio de la instalación en el país del gigante danés Vestas constituye una buena ocasión para reflexionar sobre la posibilidad de desarrollo que las energías renovables suponen y cómo la política industrial de Cambiemos está dilapidando esa oportunidad.
Por Daniel Green y Juan Fal para Página/12
Los países centrales se encuentran en un sostenido proceso de transición hacia las energías renovables. Producto de este proceso, se puede observar en el primer mundo, un fuerte impulso en la creación de empleo y capacidades industriales, el cual se ha apalancado en la convergencia de la política de ciencia y tecnología, energética e industrial. Este proceso, implica no sólo instalar capacidad de generación renovable, sino, en lo fundamental, desarrollar capacidades tecnológicas locales que hagan posible un sendero autónomo de desarrollo hacia un mundo renovable.
En tal escenario, contar con “tecnólogos” nacionales, es decir, empresas que manejan su propia tecnología de generación, resulta clave para poder generar empleos de calidad, desarrollo tecnológico, ahorro de divisas y, a futuro, poder brindar servicios de alto valor agregado que surgen luego de cierto recorrido en el mercado y como resultado del manejo de dicha tecnología. Sin tecnólogos locales se cercenan enormes potenciales de desarrollo, de ahí que los países centrales han hecho ingentes esfuerzos para apoyar el desarrollo de sus tecnólogos. Visto de esta manera, para un país con capacidades industriales y tecnológicas, que son acompañadas por un vastísimo recurso natural, la posibilidad de desarrollo ante la que se está es enorme, en tanto se puede alinear explotación de recursos naturales, con industria, desarrollo tecnológico y posibilidades futuras de exportación.
Argentina está haciendo casi lo opuesto de lo que la experiencia de desarrollo del primer mundo muestra. Hasta el inicio del Plan Renovar contaba con un muy escaso desarrollo de energías renovables en el sector eléctrico (pero con dos fabricantes nacionales de molinos, caso único en el hemisferio sur), producto de la ausencia de una política adecuada sobre el sector.
Con el inicio de Renovar se han realizado licitaciones que han adjudicados contratos por algo más de 2.000 MW, es decir, aproximadamente unos 700 molinos eólicos, entre los cuales no se cuenta ni uno argentino. Esto se debe, fundamentalmente, al diseño de la política, que ha ignorado a los fabricantes nacionales en favor de la importación del 100 por ciento de los equipos.
Los motivos que se han argumentado han sido tan diversos como vagos, pero pueden resumirse en la falta de capacidad productiva para cubrir toda la demanda, la supuesta inmadurez tecnológica de las firmas locales y la falta de competitividad. Pero a contramano de los argumentos, la realidad muestra que ni siquiera se ha intentado incluir a los fabricantes nacionales, ya que aun siendo ciertos los argumentos esgrimidos por el gobierno de Cambiemos, nada impide llevar adelante una política para desarrollar a los fabricantes locales a la vez que se importan equipos. Sin embargo, ese no ha sido el camino elegido.
Si se revisa la cuantía de beneficios que se le darán a las empresas eólicas extranjeras que ensamblen en Argentina, tales como Vestas, se podrá apreciar la real orientación de la política, y, en el fondo, el credo industrial de Cambiemos. Para la ronda 2 de Renovar se ha implementado un nuevo mecanismo, que implica un subsidio para que empresas como Vestas ensamblen una parte de los aerogeneradores en el país. Estos, comprando torres nacionales, y sólo ensamblando la góndola y el buje del aerogenerador, lo cual insume menos de 500 hs. hombre-equivalente a unos 25.000 dólares a 50 dólares/h, permiten que el proyecto acceda a un bono fiscal de cerca de 1.000.000 de dólares por cada aerogenerador ensamblado en Argentina.
Si se hubiese aplicado esta política a los fabricantes nacionales se obtendría el mismo precio de MW/h que ofrecen los tecnólogos importados, pero generando desarrollo nacional. En el fondo, la mayor diferencia radica en que se requeriría direccionar el aporte del Estado desde el desarrollador a la industria, o, dicho en otros términos, del negocio financiero (desarrollo de parques) al industrial (fabricación). Como los hechos han mostrado a la fecha, para Cambiemos la mejor política industrial es la que no existe.
*Por Daniel Green y Juan Fal para Página/12
