La madre de todas las batallas
La ex Mesa de Enlace se reunió ayer en San Pedro para festejar lo que para ellos fue la “gesta de la 125”, a 10 años de esa resolución que establecía retenciones móviles. Fue una impresionante puja política, económica y simbólica (cultural); un antes y un después para la discusión de las políticas públicas. También fue la antesala de una puja con las corporaciones económicas, mediáticas y judiciales. Hoy, con las políticas del gobierno de Mauricio Macri, de eliminación de retenciones, alza de costos por la devaluación y apertura importadora, se profundizó la concentración, disminuyó el empleo agropecuario y aumentaron las quiebras de pequeños productores.
Por Sebastián Premici para Página 12
A 10 años de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 125 (retenciones móviles para los principales granos como la soja, maíz, trigo, girasol), Hugo Luis Biolcati, ex titular de la Sociedad Rural (SRA), volverá a tomar la palabra junto a su aliado Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria (FAA). Rememorarán juntos el acto realizado en el Monumento a los Españoles o los cortes de ruta y los lockout patronales realizados en la Pampa Húmeda, mientras los peones seguían con sus labores y las grandes exportadoras cosechaban dólares; el senador Alfredo De Angeli, ex titular de la FAA de Entre Ríos, volverá a gritar “¡minga!”, y Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), recordará las palabras de quien era vicepresidente de la entidad, Ricardo Buryaile, primer ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, cuando exclamó que si el Congreso no rechazaba las retenciones móviles, había que cerrarlo. Luis Miguel Etchevehere, actual funcionario macrista, los observará y gritará “¡Sí, se puede!”. Mientras tanto, a diez años de aquellos acontecimientos, los pequeños productores y los agricultores familiares, la seguirán mirando de lejos, ahogados y secos (no sólo por las inclemencias climáticas) financiera y económicamente desde diciembre de 2015 y sin ninguna contención del Estado nacional.
Retenciones móviles
La puja política, económica y simbólica (cultural) iniciada a partir de la decisión del Estado nacional (2008) de captar un mayor porcentaje de los derechos de exportación (retenciones) a los principales cultivos fue un antes y un después para la discusión de las políticas públicas diferenciadas para los distintos sectores del agro local. Pero también fue la antesala de una puja con las corporaciones económicas, mediáticas y judiciales.
El conflicto iniciado a partir de la publicación de dicha resolución tuvo dos momentos bien diferenciados, que luego de diez años vale la pena repasar.
El primero devino a partir del mismo 11 de marzo de 2008, cuando se dio a conocer la resolución y el conflicto se trasladó a las rutas del país. Desde allí, y con el apoyo de los medios hegemónicos porteños (el Grupo Clarín y La Nación, que además forman parte del circuito de ferias agropecuarias), las corporaciones patronales nucleadas en la Mesa de Enlace pretendieron erigirse como una síntesis de la Patria. La Mesa de Enlace se autodefinía como “el campo” y “el campo”, para ellos, era la Patria.
Luego de tres meses de lockout patronales (siempre tranqueras afuera porque en los campos seguían produciendo), el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó la determinación (quizás de manera tardía) de enviar al Congreso un proyecto de ley para convalidar la Resolución 125, pero en el fragor del debate se introdujeron medidas específicas para los verdaderos pequeños productores, como la segmentación o el subsidio por el transporte de granos. Ese fue el segundo momento y quizás el más relevante.
De hecho, varios años después, cuando Axel Kicillof ocupó el cargo titular del Ministerio de Economía, la segmentación de las retenciones resultó ser una de las políticas más acertadas (y efectivas) del gobierno de CFK para con el amplio sector agropecuario, donde fueron beneficiados directamente más de 40.000 productores. No por nada la medida fue rechazada por la Sociedad Rural y CRA. Para ellos la segmentación, que implica gravar a los grandes jugadores en detrimento de los pequeños, siempre fue una mala palabra.
“El conflicto de la 125 fue un punto de quiebre, dejamos de ser una organización autónoma, independiente al servicio de los pequeños y medianos productores y de la soberanía y seguridad alimentaria de la Nación para transformarnos en la fuerza de choque de la derecha neoliberal argentina. Eso empezó el 11 de marzo del 2008. Fuimos claramente usados por la derecha política para tumbar un gobierno legítimamente elegido, que más allá que nos hubiera gustado poco o mucho, representaba a los sectores populares, de los cuales los pequeños y medianos productores somos parte”, sostuvo la Agrupación Grito de Alcorta de la FAA en un comunicado difundido el pasado 5 de marzo.
Voto no positivo
El proyecto legislativo de retenciones móviles, que durante todo el trámite parlamentario incluyó variadas modificaciones para segmentar y beneficiar a los verdaderos pequeños productores, fue debatido en el recinto de la Cámara de Diputados entre el viernes 4 y sábado 5 de julio de 2008. El mismo viernes 4, por la mañana, la Comisión de Legislación General, presidida entonces por Vilma Ibarra (FpV), había logrado el dictamen a otro proyecto reclamado por los pequeños productores: la modificación a la ley de arrendamientos. Tanto las retenciones móviles como el nuevo proyecto de arrendamiento debían tratarse en conjunto.
La sesión duró 19 horas. Cerca del mediodía del 5 de julio, el tablero marcó 129 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones. Concluida la sesión, Agustín Rossi, jefe del bloque del FpV, salió del recinto y fue hasta el salón de los Pasos Perdidos. Buzzi y otros dirigentes de la FAA que habían seguido de cerca la sesión, también festejaban. El abrazo entre Buzzi y Rossi no fue un encuentro de compromiso ni casual. Fue un reconocimiento mutuo. El Frente para la Victoria y la FAA habían negociado toda la noche cambios dentro del proyecto que establecía políticas diferenciales para los pequeños productores.
Sin embargo, a las pocas horas de aquella sanción, Buzzi, que actualmente es empleado del macrista Emilio Monzó, optó por continuar con su alianza con la Mesa de Enlace, arrastrado por la virulencia de Alfredo De Angeli, un dirigente que expresaba mejor la realidad de la FAA de entonces, con productores más parecidos a un ganadero de la provincia de Buenos Aires nucleado en CRA que al histórico sujeto social representado por la FAA desde el Grito de Alcorta (1912).
“La propuesta estaba llena de requisitos de dudosa posibilidad de cumplir por parte de los pequeños productores para un período muy corto de tiempo y no estaba garantizado el efectivo y eficaz retorno de las retenciones. No obstante, tenía rasgos positivos en este sentido, hay que reconocerlo y fue la primera vez en la Argentina que un Gobierno de cualquier signo reconoció en la práctica, incorporando elementos de segmentación y compensaciones, que no todo el campo era lo mismo y necesitaba un tratamiento diferencial”, escribió Pedro Peretti en su libro La chacra mixta y otras yerbas. Una mirada política a la cuestión agraria (Perspectiva Bicentenario, 2014).
Mayor concentración
Desde 2008 hasta la llegada de Mauricio Macri, las patronales de la Mesa de Enlace estuvieron enfocadas casi exclusivamente en argumentar que el origen de todos sus males tenía que ver con la injerencia del Estado en la actividad, sobre todo por el peso de las retenciones y las distintas regulaciones al comercio exterior.
El discurso de los dirigentes ruralistas fue construido sobre la falacia de sostener que las políticas del kirchnerismo los habían “ahogado” y que de eliminarse los derechos de exportación y cualquier regulación estatal, ellos podrían ser la insignia de la Patria (la Mesa de Enlace es “el campo” y “el campo” es la Patria).
Pero ni hubo un ahogo para los productores en el período 2003-2015 ni las políticas de Mauricio Macri de eliminación de retenciones y apertura importadora de alimentos mejoraron las condiciones de los productores. Lo único que ocurrió desde diciembre de 2015 fue una mayor concentración.
Entre 2003 y 2014, la producción de los granos tradicionales, soja, maíz, girasol y cebada, tuvo un incremento de 57 por ciento. Este crecimiento puede explicarse tanto por un aumento del área sembrada de 22,0 por ciento como del mayor rendimiento por hectárea que tuvo una suba de 28,0 por ciento (datos del Ministerio de Agricultura). Por su parte, las economías regionales experimentaron una suba del 49,0 por ciento, mientras que el área sembrada lo hizo en un 52 por ciento. Las hectáreas dedicadas a las economías regionales crecieron más del doble del incremento experimentado por los cultivos de la Pampa Húmeda. Pero la Mesa de Enlace insistió durante años con la destrucción de las economías regionales, discurso que fue recogido por Mauricio Macri en su campaña electoral.
La emblemática Vassalli, fundada en Firmat en 1947 y que fabricara el primer equipo recolector de maíz del mundo sobrellevó la disputa por la Resolución 125, las dificultades de la sequía de 2009 y las inundaciones de 2012, acompañó el ritmo de crecimiento de la producción y las exportaciones. Hoy se debate entre despidos y retiros voluntarios producto de la desregulación del comercio exterior.
Escombros
“¿La política económica la realiza el Estado Nación o se somete al interés de un sector económico condicionando al resto de los sectores? Los derechos exportación ya no son parte importante en la recaudación anual, entre 2008 y 2015 triplicaban o cuadruplicaban año a año a los derechos importación. En 2017 los derechos de exportación fueron menores a los derechos de importación. ¿Dónde está el boom de recaudación post-desregulación del comercio exterior anunciado en Pergamino al inicio de la gestión de cambiemos?”, reflexionó Ernesto Mattos, economista del Departamento de Economía Política de Centro Cultural de la Cooperación e investigador de la UBA, quien agregó: “Sin regulación del comercio exterior peligran los puestos de trabajo, mientras que las empresas y los exportadores continúan su ritmo de concentración y especulación.”
Entre 2008 y 2016 se perdieron 6409 puestos de trabajo en los cultivos agrícolas. De ese total, las pérdidas registradas entre 2008 y 2015 equivalen al 11 por ciento del total (753), mientras que la mayor pérdida de fuentes laborales en el sector se produjo luego de la llega de la Alianza Cambiemos y de la eliminación total de retenciones (5656 puestos), apunta Mattos.
Actualmente, los pequeños productores adeudan entre el 60 y 70 por ciento de sus cosechas a cooperativas o acopios. Los costos se dispararon luego de la primera devaluación de la era macrista y más ahora con el tipo de cambio a 20 pesos. No hay líneas de financiamiento específicas del Estado nacional ni de la provincia de Buenos Aires, según el reclamo de los chacareros.
“Los productores demandamos la segmentación y quita de retenciones para los pequeños (en el caso de la soja), tema que quedó pendiente, que el gobierno no resolvió y que ahora los pequeños productores no podemos seguir pagándolas. Es por esto que a 10 años de la 125, no tenemos nada para festejar”, sostuvo la FAA, conducida por Omar Príncipe, luego de una asamblea del Distrito 6 (Casilda).
La eliminación de las retenciones anunciada por Macri en diciembre de 2015 representó una transferencia directa e inmediata de recursos para los sectores concentrados de 26.000 millones de pesos. En 2016, esa distribución ascendió a 48.000 millones de pesos, precisó el CEPA. Las economías regionales fueron avasalladas por la decisión gubernamental de abrir la importación de alimentos.
Biolcati, Buzzi, Llambías y Etchevehere festejarán sobre los escombros de la Resolución 125 (también le reclamarán algo al Gobierno porque siempre tienen algo que pedir, como lo hicieron durante la Dictadura o el menemismo), mientras que los pequeños productores, agricultores familiares y los defensores de la chacra mixta la seguirán mirando desde afuera.
*Por Sebastián Premici para Página 12 / Foto de portada: Ricardo Pristupluk
