Masacre de Pergamino: no hay descanso si no hay justicia
“No fue un motín, fue una masacre”. Esa es la consigna que se escucha en las calles de Pergamino hace 365 días. El largo año que pasó desde el 2 de marzo de 2017 marcó, como nunca antes, a la ciudad. Los familiares de Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Franco Pizarro, Alan Córdoba, Juan José Cabrera, John Claros y Federico Perrota, demostraron en estos doce meses la templanza y la fuerza para, con pasos firmes, denunciar una masacre que tiene a la policía como principal responsable.
Por Leandro Albani para La tinta
El 2 de marzo pasado, los agentes a cargo de la Comisaría Primera de Pergamino dejaron que los siete pibes se calcinaran en una de las celdas, luego de que se iniciara un pequeño incendio. Esos policías no movieron un dedo para salvarlos. Es más, sus sonrisas eran de hienas mientras los chicos gritaban desesperados para que extinguieran el fuego que, en poco menos de una hora, los devoró.
Asfixiados y enjaulados, así murieron los pibes ante la mirada cómplice de los policías Matías Giulietti, Brian Carrizo, Sergio Rodas, Alexis Miguel Eva y Carolina Denise Guevara.
Mientras les arrancaban la vida, en la puerta de la comisaría -en pleno centro de la ciudad y a la vuelta de la Municipalidad- los familiares y amigos comenzaban a reunirse para saber qué sucedía. Evasivas, mentiras y palabras frías, eso obtuvieron los familiares cuando la noche ya cerraba el cielo pergaminense. Como coronación de la matanza, el entonces comisario a cargo de la comisaría, Sebastián Donza, se fugó y hasta ahora se desconoce su paradero.
Como siempre sucede, la institución policial cierra filas alrededor de los responsables de asesinatos, gatillo fácil, robos, torturas y demás “servicios” prestados por la tristemente célebre Bonaerense, un ejército de ocupación construido durante varias décadas en la provincia para someter y flagelar a los más humildes.
Cuando se repasa la causa judicial de la masacre de Pergamino no existen demasiadas dudas sobre las responsabilidades de los policías. Los peritajes, los testimonios de los presos que sobrevivieron, las irregularidades en la comisaría –donde las celdas emulaban mazmorras del Medievo-, dejan en claro que se avecinaba una catástrofe. Pero las pruebas también demuestran que los policías estaban en plenas condiciones para retirar a los pibes de la celda y apagar el fuego. No pasó nada de esto.
Aunque sea difícil, cuando se toma distancia -al menos por un instante- del dolor de las muertes, en Pergamino se pueden observar las fuertes raíces de una lucha que late desde hace un año. Porque eso representan los familiares y los amigos de los chicos: una lucha tenaz, constante y que marca el ejemplo. Caminar con ellos en las marchas se convierte en una enseñanza: de hacer las calles nuestras cuando se trata de denunciar las injusticias estructurales que el sistema reproduce, una y otra vez, en Argentina. Los familiares de los siete pibes demuestran que la dignidad de su causa arrasa con las mentiras mediáticas y las promesas de los políticos circunstanciales.
La masacre de Pergamino no fue un hecho aislado. En Argentina, el sistema represivo desplegado por la dictadura militar en 1976 todavía goza de muy buena salud. Los desparecidos de ayer son nuestros jóvenes y pobres de hoy. Y la Bonaerense, en santa comunión con el poder judicial y el servicio penitenciario, hacen gala de haber aprendido la lección: para el capitalismo, todo lo que sobra es desechable; para el capitalismo, lo que molesta tiene que ser eliminado.
Los informes que anualmente publica la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre la situación en las cárceles bonaerenses, confirman que poco o nada cambió. Cuando la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denuncia los casos de gatillo fácil en el país, pone en evidencia que las fuerzas de (in) seguridad son el brazo armado de una limpieza silenciosa pero que está siempre frente a nuestros ojos.
Disciplinar o matar. Esa es la orden que tiene la policía argentina. Los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son las evidencias más recientes y crueles. Las represiones ordenadas por el gobierno de Cambiemos a finales del año pasado demuestran lo que valen las vidas para los CEO’S que acompañan a Mauricio Macri.
El 26 de febrero se conoció que los seis imputados por la masacre de Pergamino fueron exonerados, según informó el auditor general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Berra. Esta medida no es una dádiva entregada por el Estado, sino que es una victoria más que los familiares lograron con las movilizaciones, los viajes por todo el país para denunciar el accionar criminal de los uniformados y su constante tenacidad para que los responsables sean llevados a juicio, pese a que cuatro de ellos gocen de arrestos domiciliarios.
En estos tiempos donde la larga noche neoliberal retorna con fuerza se puede encontrar la luz de la rebeldía: está en Pergamino, se enciende cada 2 de marzo y se mantiene iluminando, con la incandescencia de la verdad, para que la justicia no sea devorada por los oscurantistas de siempre.
*Por Leandro Albani para La tinta. Fotos: Sudestada.
