El ex Secretario de Ambiente promovió desmontes ilegales
En su gestión en la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, el actual legislador Germán Pratto, quien integra la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de Córdoba y es uno de los impulsores de la nueva Ley de Bosques, autorizó desmontes ilegales de al menos 20 mil hectáreas en zonas protegidas.
Por Daniel Díaz Romero para Sala de Prensa Ambiental
Antes de asumir como legislador, el Contador Pratto debió renunciar apresuradamente al cargo que ocupaba en materia ambiental; era nada más y nada menos, que Secretario de Ambiente de la provincia. Durante su gestión, las superficies de bosques nativos se redujeron por los desmontes ilegales que los técnicos de la Secretaría denunciaban, pero también por los “legales” orquestados desde la cúpula directiva de la Secretaría de Ambiente.
Sabido es que la provincia atraviesa una situación desesperante en cuanto a la conservación de sus bosques nativos: “Solo nos queda el 3% de los bosques” es una marca grabada a fuego por los especialistas. Los Secretarios de Ambiente deben ser los encargados de velar por la protección de los ecosistemas, bienes comunes que prestan sus servicios ecológicos a los cordobeses.
Hace más de un año, cuando José Manuel De la Sota terminaba su último mandato, anunciaba un plan para reforestar 80 mil hectáreas en cinco años, mientras su Secretario de Ambiente –el Contador Germán Pratto- era acusado por organizaciones de la provincia por conceder autorizaciones para realizar desmontes en sitios protegidos, amparados bajo la figura de zonas rojas –prohibición total de desmontes por su alto valor de conservación- según la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Renunciar al escándalo
Poco después del anuncio del gobernador, el 27 de octubre del año 2015, el Boletín Oficial de la provincia anunciaba que Germán Pratto renunciaba a su cargo de Secretario de Ambiente por “exclusivas razones personales”, a un mes de cumplimentar su mandato. Desde el gobierno justificaron la apresurada renuncia aduciendo que el funcionario optaba por cumplir su gestión frente a la intendencia de Morteros.
Pero tal vez, dentro de sus “exclusivas razones personales” se encontraban los cuatro expedientes en los que Pratto autorizaba desmontes ilegales en el interior provincial y el gobierno no hacía otra cosa que tapar el mayor escándalo que se haya producido en la historia ambiental de Córdoba.
En esos expedientes quedaron registradas autorizaciones para desmontar ilegalmente unas 20 mil hectáreas de bosque nativo – superficie equivalente a 40000 canchas de fútbol – con la complicidad de autoridades de la Secretaría, quienes autorizaron estos desmontes a pedido de un abogado y empresarios del agro.
Así, comenzamos a investigar lo que serían los primeros indicios de una metodología de autorizaciones ilegales promovidas por el propio Secretario de Ambiente:
“Es una granada que tenía que estallar en cualquier momento porque él (Pratto) ofrecía cualquier cosa”, dicen fuentes consultadas en el seno del organismo gubernamental que, además, insinúan que hubo pago de coimas para obtener algunos de estos permisos de desmonte: “Las cifras iban de $150 mil a $500 mil para aprobar pedidos en zona roja, áreas donde la Ley no permite desmontar”, indican fuentes de la propia Secretaría que pidieron no ser mencionadas por temor a perder sus puestos de trabajo, tras lo cual precisaron que “hay expedientes que han desaparecido y nadie sabe dónde están.”
Dos de esos cuatro expedientes están firmados por Raúl Carranza, que se presenta como abogado especializado en temas ambientales, pero en realidad es asesor de empresas agropecuarias, productores y entidades del campo. Paradójicamente, el abogado patrocina defensas judiciales de infractores a la Ley de Bosques ante la Policía Ambiental.
Las resoluciones firmadas por Pratto para estos pedidos de desmonte no parecían tener nada anormal si no fuera porque estaban firmados por un abogado, y en dicho expediente faltaban, nada menos, que los dictámenes del Área de Suelos, de Bosques y el Dictamen Legal de la misma Secretaría.
Especialistas en el tema señalaron a este periodista que el Decreto Reglamentario 114 de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo es muy clara: un abogado no puede firmar ningún Plan de Manejo o desmonte. Esa, es una primera irregularidad ya que la Ley explicita que deben ser técnicos relacionados con las ciencias agronómicas o ingenieros forestales los encargados de solicitar desmontes, no un abogado.
El doctor Carranza, representante de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) y de la Sociedad Rural de Jesús María, firmaba la solicitud de desmontes y el ex -Secretario de Ambiente autorizaba la tala de bosques nativos impidiendo que intervinieran muchas de las áreas técnicas correspondientes a su Secretaría.
Los expedientes secretos de Pratto
Las autorizaciones para estos desmontes no cursaron el camino administrativo que establece la Ley N° 9814: Área de Asuntos Legales, de Suelos, de Bosque Nativo, de Fiscalización y Control, de Despacho y Directorio de la Secretaría de Ambiente. El visto bueno esquivó áreas técnicas ya que fueron autorizados directamente por Germán Pratto, sin ningún análisis técnico.
Así figura en el Expediente 0517020727 /2015 donde Héctor Bonaldi, referente de la empresa láctea Windy y titular de un campo de 5169 hectáreas en Chuña, 
Departamento Ischilín, fue autorizado a desmontar con un plan de desmonte sin estudio previo. Algunos sectores de esa superficie contienen zonas rojas con estricta prohibición para realizar desmontes. El empresario en cuestión, tiene registros de infracciones anteriores labradas por la Policía Ambiental. Un desmontador reincidente.
Otra autorización ilegal concedida directamente por Pratto se le dispensó a Antonio Pérez, titular de un campo de 2716 hectáreas en Villa Quilino, Departamento Ischilín, tal como figura en el Expediente 0517020630 /2015 de la Secretaría de Ambiente, también con sectores que contienen zonas rojas.
Otras dos autorizaciones dudosas se las concedió a Javier Mazzea, 10325 hectáreas según figura en el Expediente 0517013090/09 en Pedanía Chancaní, Departamento de Pocho y a GATOPA S.A, 1200 hectáreas que constan en el Expediente 0517009684/07. Todas superficies en Áreas Rojas, es decir, donde está expresamente prohibido cualquier tipo de desmonte.
Luego que el ex Secretario de Ambiente procediera a esas autorizaciones se produjo una purga forzada y silenciosa que olía a encubrimiento: el gobierno provincial le pidió la renuncia al Ing. Néstor Cruz, Director de Bosques de la Secretaría quien a su vez, había obligado al responsable del Área de Manejo de Bosques Nativos que se tomara “una licencia” por 30 días. Recordemos que dicha Área es el núcleo encargado de controlar Áreas Rojas y Amarillas–las más frágiles de los ecosistemas provinciales-, allá en el norte de Córdoba, campos cubiertos de vegetación arbustiva donde el valor de hectárea va de los 500 a los 3000 dólares y se desmonta para la cría de ganado vacuno.
Licencias forzadas
Santiago Martínez es Jefe del Área Manejo de Bosque Nativos de la Secretaría de Ambiente desde el año 2008 y desde hace 15 años que trabaja en esa dependencia. Martínez accedió a hablar con este periodista, sin poder disimular su preocupación por las represalias que pudiese sufrir, “pero creo que la información tiene que ser pública, no tenemos que ocultar nada, yo pienso así”, afirmó el técnico.
Al ser consultado sobre el tema señala que “esos expedientes fueron aprobados inesperadamente, no sé por qué de golpe se aprobaron sin pasar por el informe del área de bosques nativos”, indica y agrega que “algunos expedientes saltearon mi Área, sumado a que en esos momentos me pidieron firmar algo que no quise rubricar y eso me costó que me obligaran a tomar una “licencia”. Para nosotros (Área de Manejo de Bosques Nativos) la situación era irregular, pero bueno, el Secretario (Pratto) era la máxima jerarquía de la Secretaría. Luego, esos expedientes volvieron al Área de Bosques y yo los devolví diciendo que no estaba de acuerdo porque no cumplían con las condiciones técnicas para ser aprobadas”.
¿Por qué Pratto intervino personalmente para habilitar estos desmontes de manera ilegal?
Uno puede pensar en un montón de cosas, pudo suceder por cuestiones políticas o por otro tipo de intereses. Concretamente, esos expedientes no pasaron por el área de Manejo de Bosques Nativos para que aprobemos el proyecto, como lo determina la Ley. Eran en zonas rojas y dos de los pedidos de desmonte lo hizo un abogado y, según la Ley, no tenía incumbencia para firmar. Es uno de los llamados de atención que hicimos desde nuestra Área.
¿Germán Pratto facilitó desmontes ilegales siendo Secretario de Ambiente?
Me parece que Pratto promovió una actividad sin asesoramiento. A mí me hacían participar muy poco, me forzaron a tomar una licencia y aprobaron intervenciones que no estaban de acuerdo a la normativa. Nos han avanzado con los desmontes de una manera increíble. Hay mucha intervención no autorizada en zonas de cultivos.
Caro la sacó barata
David Esmeraldo Caro, de Unión por Córdoba, era intendente de Las Arrias, pequeña localidad situada en el departamento Tulumba, en el norte cordobés. Allí, arrendaba un campo para su explotación, desde el año 2003. Los técnicos de Bosques Nativos -al realizar una inspección y apoyados en imágenes satelitales que llamaron su atención- constataron que el intendente había arrasado con el monte.
En febrero de 2003, el campo que explotaba, presentaba 266,5 has. en buen estado y 5,5 has. desmontadas. En abril de 2006, el informe de los técnicos del área ambiental de la provincia remitía al estado del campo que arrendaba el intendente Caro: 8 hectáreas de bosque nativo sobrevivían en buen estado y habían sido desmontadas 264, incluidas 89 hectáreas pertenecientes a Áreas de Reserva Natural.
El pueblerino intendente había subvertido casi con exactitud el estado del bosque nativo. Pero sucede que en algún pasillo del ente estatal, David Caro – a contramarcha del informe técnico por desmontar, incluso, en áreas de Reserva y violando todas las leyes forestales- consiguió que las autoridades gubernamentales resolvieran conmutar la multa, y sin consulta ni aviso, el Directorio del organismo ambiental decidió tasarle la multa en $38.00 a pagar en 6 cuotas.
Así, y por artes mágicas, el intendente de Las Arrias consiguió que sus sensibles amigos del gobierno provincial, redujeran la multa de $746.680 a $38.000 en cómodas cuotas. Otro ejemplo de cómo el área ambiental de la provincia castigaba la destrucción de los bosques.
Los chicos panzones ya no tienen monte
La región donde el ex-Secretario de Ambiente promovía los desmontes ilegales es escenario de la más cruda pobreza y abandono, lejos de las luces de las urbes cordobesas. Hace más de 100 años el 25 % de la población provincial habitaba en el norte .Pero en 1991, los habitantes representaban menos del 5% y es porque los lugareños viven una realidad diferente a la del resto de la provincia.
“Familias numerosas viven en ranchos, rodeados de suelos desnudos, en donde las mujeres lavan las ropas de chicos panzones”, así describía a este periodista hace unos años, el biólogo Marcelo Zak, a los niños víctimas de la pobreza y la desnutrición infantil. El científico no dudaba en relacionar la pobreza extrema en Ischilín, Río Seco o Sobremonte con la escasez de recursos naturales que produce la ausencia del monte.
Es que los cambios desatados por la explotación del bosque no generaron mejoramiento en la calidad de vida de la población. “Los Departamentos más pobres de la provincia están en el norte, donde hay un porcentaje del 90 % de desocupación” y allí, desde hace 30 años, el paisaje cambia por un proceso regresivo, a través del cual, un ecosistema de grandes bosques se transforma en un matorral y luego en simples hierbas.
El ex-secretario de Ambiente, Germán Pratto, fue elegido en las últimas elecciones como Legislador por el departamento San Justo. Se fue de la Secretaría de Ambiente llevándose en secreto más de 20.000 has, autorizadas ilegalmente, para ser desmontadas. Allí, donde habitan los chicos panzones. Hoy, es uno de los impulsores de la nueva Ley de Bosques que el gobierno provincial intenta aprobar.
*Por Daniel Díaz Romero para Sala de Prensa Ambiental
