Acusan al juez Ricardo Py de maltratar y revictimizar a testigos del asesinato de Joaquín
Familiares y allegados de Joaquín Paredes denuncian maltrato explícito por parte del magistrado contra la mayoría de los testigos puestos por la querella. «Observamos una serie de acciones que evidencian que este dispositivo judicial no se encuentra especializado en materia de infancias y adolescencias», lamentaron desde el colectivo que acompaña a las víctimas de Paso Viejo.
Organismos de DD. HH. que acompañan a los familiares de Joaquín Paredes denuncian públicamente que, durante las cinco audiencias transcurridas hasta hoy, el juez Ricardo Arístides Py tuvo una evidente asimetría a la hora de entrevistar a los testigos víctimas.
Se trata ni más ni menos de los jóvenes que estuvieron presentes esa fatídica noche del 25 de octubre de 2020 en la localidad de Paso Viejo, cuando cinco efectivos de la Policía de Córdoba dispararon contra un grupo que estaba reunido en una plaza del pueblo.
Pasaron una situación traumática. Perdieron a un amigo a manos dela Policía. Algunos son menores de edad. Muchos de ellos no están escolarizados y tienen una personalidad retraída. Muchachos chuncanos, de pocas palabras.
Lejos de querer hacer sentir cómodos a los testigos, el juez Ricardo Py hizo todo lo posible para intimidar a los jóvenes, que también son víctimas. En reiteradas ocasiones, levantó la voz, los acusaba de hacerlos perder el tiempo por no poder entenderlos o les decía de manera severa que se «sienten bien».
Ivana Reynoso es vecina de Paso Viejo y forma parte del Colectivo Justicia por Joaquín. En diálogo con La tinta, remarcó que entre las características personales de los pibes, más el trauma y la actitud del tribunal, muchos de ellos se quedaron con «muchas cosas por decir» y uno de ellos ni siquiera llegó a declarar porque el juez Py pidió que quedara su declaración original.
«Tuvieron tres años para prepararse para contener y habilitar la palabra a este tipo de víctimas, que vienen de una cultura totalmente distinta. No son el típico adolescente que ingresa a las redes… Hay varios pibes que no saben leer ni escribir y, en el momento que mataron a Joaquín, la mayoría de ellos ni tenía celular. Ese es el contexto de Paso Viejo y de los pibes de muchos pueblos: abandonan la escuela para irse a trabajar», explicó Reynoso.
La propia fiscal del caso, Fabiana Pochettino, que ya entrevistó a los testigos para la instrucción de la causa, pidió en reiteradas oportunidades que el Tribunal tenga paciencia para escuchar los testimonios y adapte las características de la audiencia para dar lugar a la posibilidad de expresión de los jóvenes, pero la actitud del otro lado siempre ha sido discriminatoria y sin principio de imparcialidad.
Otro reclamo es que no se está respetando la Ley de víctimas, que contempla situaciones de cuidado para que, por ejemplo, las víctimas no tengan que cruzarse en los pasillos, en los baños, en la puerta de Tribunales con sus victimarios. Cosa que está sucediendo constantemente en Cruz del Eje. Incluso, uno de los policías acusados se acercó a hablarle a Soledad, la mamá de Joaquín; y uno de los abogados de los efectivos interpeló a uno de los testigos.
Natalia Fernández, psicóloga de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, viene acompañando desde 2020 a los jóvenes damnificados por el hecho. En diálogo con La tinta, remarcó que «las condiciones en las que desarrollaron sus declaraciones se vieron teñidas de actitudes adultocentristas, racistas y estigmatizantes, que tuvieron como efecto la vulneración del derecho a ser oídos y la revictimización, constituyéndose en discriminatorias y siendo potenciales obstaculizadoras del acceso a la justicia».
Fernández dijo que es evidente que no se garantizó un dispositivo especializado en materia de infancias y adolescencias para respetar el debido proceso, según está contemplado en el artículo 27 de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes n.° 26.061.
«Lo sistemático y reiterado de estas situaciones constituyen una violación a las obligaciones a no revictimizar. Frente a la reactualización traumática que produce el hecho de ser testigo-víctima, es obligación de la Justicia generar las garantías para coadyuvar a que cese la extensión del daño sufrido por estas víctimas», agregó.
El polémico juez Ricardo Arístides Py también mostró evidente hostilidad contra las querellas de Claudio Orosz, Ramiro Fresneda y Juan Pedro García.
Es que resulta que el magistrado tiene una historia de animosidad contra movimientos populares y, particularmente, el Movimiento Campesino. Ya en 2008, Py falló a favor de un empresario terrateniente y condenó por usurpación a prisión a ocho pobladores de la comuna de El Chacho, que hacía varias generaciones que habitaban sus tierras.
El abogado Ramiro Fresneda fue parte de la apelación de ese fallo, que llegó al Tribunal Superior de Justicia y fue revertido -no sin tirada de orejas para Ricardo Py-, reconociendo la posesión y el uso comunitario de las dos mil hectáreas en cuestión.
*Por Ezequiel Luque / Imagen de portada: Ezequiel Luque para La tinta.
