«Pedro Castillo teme por su vida y por la de su familia»
El periodista Julio Zamarrón entrevistó a Pedro Castillo, que continúa encarcelado en Perú. La difusión del artículo a nivel mundial despertó las protestas enérgicas de la administración de Dina Boluarte, quien accedió al gobierno de forma irregular y se sostiene a base de una cruenta represión.
Por Santiago Torrado para La tinta
El pasado 7 de febrero, el periodista Julio Zamarrón, del medio español El Salto Diario, logró una entrevista en exclusiva con el expresidente del Perú, Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde diciembre en el penal de máxima seguridad de Barbadillo. La comunicación se logró gracias a la articulación del equipo de producción de El Salto, compuesto por Pablo Elorduy, Indira Rodríguez Paredes e Irene Zugasti, con el cuerpo de abogados que defienden a Castillo, encabezado por Guido Croxatto, y por el juez de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Zaffaroni.
Tras la entrevista, ampliamente difundida por medios de todo el mundo, el titular del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú, Federico Llaque, salió a desmentir que la entrevista haya sido real y ordenó abrir una investigación interna en el penal con el objetivo de endurecer las condiciones del encarcelamiento del exmandatario. La tinta dialogó con Julio Zamarrón a propósito del revuelo mediático de esta comunicación.
—Julio, en primer lugar, ¿cómo llegaste a entrevistar a Castillo y qué opinás de las declaraciones de Federico Llaque?
—Bueno, por razones de seguridad, no puedo contar cómo llegamos a entrevistar al expresidente. Sí te puedo contar, para que te des una idea de la situación que hay en el país, que, junto a mi equipo de trabajo, decidimos que era importante que yo saliera del Perú antes de la publicación de la entrevista, cuya exclusiva le pertenece a El Salto. Cuando pude salir del país, la publicación automáticamente generó un revuelo en toda Latinoamérica al punto que el INPE comenzó a investigar cómo sucedió la entrevista, recrudeciendo las condiciones de aislamiento de Castillo e, incluso, llegando a decir que la entrevista es falsa.
Sobre las declaraciones del funcionario Llaque, este señor dice, entre otras cosas, que no se introdujo ningún medio tecnológico para la entrevista en el penal. Es cierto que la entrevista no se realizó a través de ningún medio tecnológico, es algo que El Salto también confirma. También dice que nunca pedimos permiso y es cierto. No pedimos permiso porque, como él mismo reconoce, nunca nos habrían dado permiso. Por último, me pregunto: si la entrevista no fuera real, ¿por qué abren, entonces, el expediente a Castillo?
—¿Podrías contar cuál es la situación del expresidente, por un lado, a nivel personal y, por otro lado, a nivel político?
—A nivel personal, lo que pudimos ver es a una persona golpeada por el aislamiento. Una persona cuyo único vínculo con el exterior es su equipo de abogados. Como muy bien dijo en la entrevista que hicimos con El Salto, Castillo teme por su vida y la de su familia, denuncia una sistemática persecución política desde antes de asumir la presidencia. Una persecución con tintes racistas contra él y toda su familia.
En lo político, creo que en la entrevista quedó patente: él se sigue considerando presidente del Perú, sostiene la necesidad de una Asamblea Constituyente y la salida inmediata de (Dina) Boluarte del Ejecutivo. Es muy impresionante el ataque mediático que se desarrolló en Perú contra Castillo. Ahí coincido con el diagnóstico que hace el cuerpo de abogados internacional que lo defiende: lo que está pagando Castillo es lo que pagó Lula, lo que pagó (Rafael) Correa y lo que pagan todos los líderes populares latinoamericanos que no se arrodillan ante los grandes poderes internacionales.
—La respuesta de Boluarte a las demandas populares es solamente la represión. ¿Hay salida política para este proceso?
—Es cierto que han habido varias masacres que todos hemos visto, pero, antes de contar eso, me gustaría remarcar la enorme persecución que hay contra cualquier expresión de disidencia política o social. Entre otros procesos, quiero señalar la situación de “Los siete de Ayacucho”: un grupo de jóvenes, casi todos por debajo de la treintena, encarcelados sin sentencia y acusados de terrorismo solo por ser la cara visible de la organización popular. En ese proceso, hay algo que es parte de la maquinaria de criminalización del gobierno contra las protestas: la idea del “terruqueo”, es decir que toda expresión de disenso político es igual a terrorismo. Algo similar al “todo es ETA” que vivimos en España años atrás.
El terruqueo es una práctica de estigmatización contra los dirigentes sociales, que busca retirarlos de la protesta y de la discusión política a través de graves acusaciones que terminan en prisiones preventivas que se alargan sin fin. Existe una organización llamada “Coordinadora contra el Terruqueo” que presentó un informe ante la ONU denunciando que esta práctica atenta contra la naturaleza misma de la democracia, que es, entre otras cosas, la libertad de opinión.
Creo que hay que dirigir un llamado urgente a la comunidad internacional para poner un freno al gobierno de Boluarte. Es la comunidad internacional la que tiene que intervenir de forma inmediata para garantizar el mínimo respeto a los derechos humanos.
—Has cubierto largamente otros conflictos en Latinoamérica. Como periodista, ¿qué impresión te quedó de las protestas en Perú y qué podrías decirme sobre la situación ahora mismo en el país?
—Sobre mi experiencia como periodista cubriendo las protestas, te puedo contar que, debido al racismo intrínseco de las instituciones peruanas, la represión en lugares como Ayacucho o Puno es directamente represión militar. Hay un mayor número de muertos y se han llevado a cabo varias masacres, que suman más de 65 muertos en todo el Estado.
Por otro lado, está la represión en Lima, en la que interviene la Policía Nacional. A nivel personal, puedo ratificar la brutalidad con que se manejan: palizas, patadas en la cabeza a los detenidos, detenciones arbitrarias, torturas en los calabozos… Esta escalada culminó con la muerte de Víctor Santiesteban, el 28 de enero, fruto del impacto en la cabeza de una bomba lacrimógena disparada a poca distancia. Esta escena sucedió a pocos metros de donde estaba yo realizando mi labor como fotógrafo. La muerte de Santiesteban fue objeto de una fuerte campaña mediática, en la que todos los medios tradicionales se dedicaron a mentir desvergonzadamente a pesar de la aplastante evidencia.
—A propósito del periodismo, ¿qué me podés decir del rol de los medios llamados alternativos en la cobertura de estas protestas?
—Visto lo visto, la prensa llamada “alternativa” cumple un rol clave. Los medios tradicionales trabajan directamente con la Policía; graban o fotografían lo que esta les permite o les indica. Es gracias al trabajo de medios como Wayka que se conocen las masacres, los abusos. Obviamente, esto los hace objeto de una fuerte persecución. Los medios alternativos son objetivos a batir por la policía.
De hecho, cuando llegué a Lima y me identifiqué como periodista de un medio alternativo, el primer disparo me lo tiraron al pecho. Me rompieron la cámara, me llevé más de 15 impactos de perdigones en todo el cuerpo. El día 28, en la avenida Abancay, a pocos metros donde fue asesinado Víctor Santiesteban, me dispararon a escasos seis metros de distancia apuntando a la cabeza. Tuve suerte de que llevaba gafas protectoras y salvé el ojo.
*Por Santiago Torrado para La tinta / Foto de portada: Julio Zamarrón.
