El gobierno elegido por nadie que reprime a todes
Las fuerzas de seguridad peruanas reprimen todos los días de forma salvaje. La administración de Dina Boluarte, que asumió luego de la destitución de Pedro Castillo, apuesta a la violencia para sostenerse en el poder.
Por Redacción La tinta
Desde la destitución del presidente peruano Pedro Castillo, ocurrida el pasado 7 de diciembre, la administración encabezada por su entonces vicemandataria, Dina Boluarte, es responsable de las muertes de al menos 45 personas, incluyendo seis menores de edad de entre 15 y 17 años. La vorágine en Perú, con un gobierno como el de Castillo que apenas pudo gestionar dentro del complejo marco político e institucional del país sudamericano, se disparó con su salida forzada del Ejecutivo. El amplio arco de la derecha peruana desplegó todos los mecanismos y métodos posibles para hacer explotar un gobierno nacido del voto popular y que despertó grandes esperanzas entre la población más humilde de Perú.
El lunes pasado, al menos 15 pobladores murieron y otres 40 resultaron herides en la región de Puno debido a la represión de las fuerzas de seguridad. La Defensoría del Pueblo confirmó las cifras mientras las protestas se recrudecen, principalmente, en el sur del país. Les manifestantes demandan la renuncia inmediata de Boluarte, la liberación de Castillo –que se encuentra detenido desde hace un mes- y su restitución en el gobierno, la instalación de una Asamblea Constituyente y el respeto pleno de los derechos humanos.
Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, al menos 53 tramos de rutas estaban con el tránsito interrumpido por piquetes en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas, donde se encuentra el epicentro de las protestas que convocan a miles de habitantes.
#TACNA | Multitudinaria movilización de ciudadanas/os recorren las calles de la ciudad heroica exigiendo la renuncia de @DinaErcilia, justicia para las víctimas de la represión y Asamblea Constituyente. #VocesComunitarias 👇🧵
Video: Multisectorial de Mujeres de Tacna pic.twitter.com/YvJcVirhoY— 🇵🇪 Wayka📢 (@WaykaPeru) January 11, 2023
La administración de Boluarte justifica la represión como respuesta a “una asonada” en su contra, al mismo tiempo que continúa pregonando que su “gobierno” junto al Congreso Nacional –principal responsable de la destitución de Castillo- buscan “una salida realista y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país”.
Las 45 muertes desde que Boluarte asumió las riendas del país contradicen, sin matices, sus intenciones de “tranquilidad” y “paz”.
Investigación en curso
Con un panorama represivo que crece día a día, la Fiscalía General de Perú inició una investigación por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves dirigida contra la actual administración. La decisión del Ministerio Público fue tomada ante las demandas de grupos de derechos humanos e instituciones como la Conferencia Episcopal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Unión Europea y la oficina de Naciones Unidas en el país.
La investigación apunta a la propia Boluarte, al primer ministro, Alberto Otárola, y a los ministros de Interior y de Defensa. Las pesquisas se centran en la represión de manifestaciones en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
En declaraciones a El Salto Diario, de España, Glatzer Tuesta, periodista y director del Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, resumió que, en su país, “se ha generado una narrativa para garantizar ciertos niveles de impunidad a policías y militares”.
Frente a la investigación de la Fiscalía General, la administración nacional acusó a les manifestantes de “terroristas” y de estar financiados por el narcotráfico e “intereses extranjeros”, en referencia al ex presidente boliviano, Evo Morales. Hasta ahora, Boluarte y sus ministros no presentaron ninguna prueba sobre lo que sostienen.
La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú prohibió el ingreso al país del ex mandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). Morales manifestó que “después de expulsar al embajador de México por defender la vida del presidente Pedro Castillo y su familia, la derecha del Perú nos prohíbe el ingreso a ese país hermano por hablar de la Asamblea Constituyente y pedir que paren el genocidio de nuestros hermanos indígenas”.
Repercusiones internacionales
El martes, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestaron su preocupación por la violencia en Perú. “Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú, que el lunes 9 de enero vivió uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios a principios de diciembre”, declaró la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
Curiosamente, la funcionaria del organismo internacional remarcó los hechos y situaciones derivadas de las protestas, pero no se refirió al accionar de las fuerzas policiales y militares. “Además de los fallecidos en las protestas –explicó Hurtado-, un recién nacido murió mientras era trasladado al hospital debido a que la ambulancia fue detenida en un bloqueo de carretera. Mientras, el aeropuerto de Juliaca habría sido asaltado por unos 5.000 manifestantes y varios edificios públicos e infraestructuras fueron destruidos en las últimas semanas. También resultaron heridos agentes de policía”.
La vocera de la ONU instó «a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las personas muertas y heridas, y que se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación”. Hurtado agregó que las fuerzas de seguridad deben cumplir con “las normas de derechos humanos” y garantizar “que solo se hace uso de la fuerza cuando es estrictamente necesario y, en tal caso, respetando plenamente los principios de legalidad, precaución y proporcionalidad”.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra desde ayer en Perú para reunirse con representantes no solo de Lima, la capital del país, sino de otras ciudades, para dialogar y recoger información sobre la represión. La CIDH terminará su misión el viernes próximo.
A su vez, desde Amnistía Internacional (AI), reclamaron a las autoridades peruanas “cesar de inmediato el uso excesivo de la fuerza contra la población civil”. “Las autoridades deben cesar el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil, como primer paso que siente las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país”, remarcaron desde la organización.
🚨 #MasacreEnPuno | Los médicos y enfermeras del hospital de #Juliaca 'Carlos Monge Medrano' denuncian la masacre vivida en esa ciudad.
C.c. @cnddhh, @Defensoria_Peru, @FiscaliaPeru, @congresoperu, @DinaErcilia, @PoliciaPeru. pic.twitter.com/kBiy216Zn2
— 🇵🇪 Wayka📢 (@WaykaPeru) January 11, 2023
La directora de AI para América Latina, Erika Guevara Rosas, declaró que “el alto número de muertes, incluidas 18 personas en las últimas 24 horas, y la gravedad de los hechos obligan a una rendición de cuentas de las autoridades hasta el máximo nivel. La Fiscalía Nacional debe investigar a todas aquellas personas que sean presuntamente responsables, no solo directamente, sino también por ordenar o tolerar el uso excesivo de la fuerza y, con ello, las muertes arbitrarias y lesiones graves que se están dando en el contexto de las protestas”.
En Amnistía Internacional, consideraron que el estado de emergencia decretado el 15 de diciembre por la administración de Boluarte no es una respuesta adecuada a la crisis política y social que enfrenta Perú. Marina Navarro, directora ejecutiva de AI en el país, afirmó que “es inaceptable la escalada de violencia que está sucediendo en Perú. La represión estatal en contra de manifestantes y la pérdida de vidas humanas está agudizando la crisis. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades al respeto irrestricto de los derechos humanos. Las fuerzas del orden deben cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El pueblo no debe de pagar el costo de la crisis política que está atravesando el país”.
Otra organización que se pronunció fue Save the Children, que exigió al Estado peruano garantizar “el acceso a la justicia y que respete el interés superior de la niñez”. También demandaron que se establezcan “corredores humanitarios que permitan el acceso oportuno a medicinas, atención en salud y otros servicios elementales”. Desde Save the Children, aseguraron que las niñeces en Perú están expuestas a “peligros inadmisibles” debido a la represión.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: Malú Ramahí – Wayka.
