¿Hasta cuándo seguirá jodido el Perú?
Tras la caída del presidente Pedro Castillo, miles de personas se movilizan en la nación sudamericana para rechazar a una nueva administración sin legitimación popular.
Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta
¿Cómo continúa la situación en el Perú? Por lo pronto, un escándalo diplomático con México se produjo a partir de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le otorgó asilo político a la familia del presidente derrocado, Pedro Castillo, quien todavía se encuentra detenido, en un principio, por 18 meses, a la espera de un proceso judicial.
El mandatario destituido está acusado del delito de rebelión, lo que podría costarle hasta 20 años de cárcel. También tiene pendientes seis investigaciones por supuesta corrupción, uno de los motivos por los que el Congreso pretendía destituirlo previo a su intento de disolverlo y establecer un gobierno de excepción.
A comienzos de la semana pasada, el Congreso aprobó lo que pidió la ahora titular del Ejecutivo, Dina Boluarte: una convocatoria a elecciones en abril de 2024. La gran incógnita es si, para esa fecha, la mandataria continuará en el cargo.
En medio de las manifestaciones populares, las comunidades en los Andes se encuentran sufriendo la peor sequía en más de 50 años. Al mismo tiempo, el Perú atraviesa una quinta ola de COVID-19, siendo el país con los peores números de muertes e infectados en América Latina desde el comienzo de la pandemia, en 2020.
Frente a los reclamos sociales, algunos gobiernos regionales, como el de Arequipa, solicitaron de forma oficial al gobierno central el adelantamiento urgente de los comicios. Al ex presidente interino, Manuel Merino, en 2020, la muerte de dos manifestantes le costó su cargo, por lo cual no está claro cuántas muertes pueda soportar la endeble administración de Boluarte.
Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, en todo el país, ya son 27 los muertos y 39 los hospitalizados, producto de la represión de las protestas desde la destitución y el encarcelamiento de Castillo.
El domingo 18 de diciembre, Boluarte anunció, en una entrevista en un programa de la televisión peruana, que cambiaría su gabinete “muy técnico” por uno “un poco más político”, debido a que las protestas en su contra no se detienen. La ex vicepresidenta de Castillo argumentó sobre su idea que es “para resolver lo más rápido que podamos las necesidades que están allí pendientes de resolver, porque nadie puede poner un ministro que va a aprender cómo está el sector por dentro, (ya que) vamos a demorar el tiempo. Este es un gobierno de transición, necesitamos actuar rápido”.
En este contexto, el Congreso ya evalúa volver sobre sus pasos y convocar a elecciones anticipadas como exigen los y las manifestantes, por temor a que la situación social se torne aún más incontrolable si no dan respuesta.
El recambio en el gabinete de Boluarte fue, prácticamente, una imposición, ya que debió remover de la jefatura de gabinete a Pedro Angulo, señalado por la represión de las marchas, mientras que los ministros de Educación y Cultura renunciaron tras expresar su disconformidad con la violencia de las fuerzas de seguridad contra la población civil.
Boluarte afirmó: “Este no es el momento para dilatar la salida a la crisis política, es momento de escuchar el clamor de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, es momento de recuperar la paz social y darle estabilidad y gobernabilidad a la patria”. Los nuevos miembros de su gabinete cuentan, efectivamente, con mayor experiencia política, pero esto no es ninguna garantía, porque todos los gobiernos anteriores, también conformados por “políticos”, no lograron terminar los mandatos de sus gobiernos constitucionales.
Ahora, el Jefe de Gabinete elegido es el abogado Alberto Otárola, ministro de Defensa entre 2011 y 2012, cuestionado por sectores de la oposición y denunciado por homicidio calificado y lesiones graves, por lo que su nombramiento violaría la Constitución y no podría ser refrendado por el Congreso. Otárola afirmó que enviará inmediatamente su pliego al Parlamento para “no perder tiempo”, ya que “el país no puede parar”.
De acuerdo con los sondeos de opinión, el apoyo a Castillo continúa bordeando el 30 por ciento de los y las encuestadas, mientras que al Congreso apenas lo valoran positivamente menos del 10 por ciento de las personas consultadas. No está claro adónde se ubica la imagen positiva de Boluarte y el apoyo social a su gobierno, pero poco indica que sea superior a esa cifra.
Un Congreso sin legitimación social parece ser el único apoyo del Ejecutivo, que no cuenta con apoyo popular ni partidario considerable. Nada hace pensar que Boluarte pueda sortear la suerte de sus predecesores y convertirse en una más de las que pasan, sin pena ni gloria, por la Casa de Pizarro.
Por lo pronto, el Perú continúa en el abismo y nadie podrá sacarlo de allí mientras el sistema institucional siga de la misma manera. Castillo lo sabía, pero tampoco pudo hacer nada. Reformando aquella famosa incógnita de la novela Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, la verdadera pregunta de hoy es: “¿Hasta cuándo seguirá jodido el Perú?”.
*Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta / Foto de portada: EFE.
