El caso Oscar González: ¿cómo se construye la antipolítica?
El siniestro automovilístico que protagonizó el presidente de la Legislatura provincial, episodio en el que falleció una mujer de 56 años, encierra una trama de privilegios a los funcionarios públicos de Córdoba que conecta con la creciente desconfianza de la sociedad hacia el Estado y la dirigencia política.
Por Gabriel Montali para La tinta
«Tres anuncios por un crimen», la película dirigida por Martin McDonagh en 2017, que cuenta con el protagónico insuperable de Frances McDormand en el papel de Mildred Hayes, narra las desventuras de una madre que decide hacer justicia por mano propia debido a que la policía de Ebbing (Missouri), el pueblo en el que trascurre el filme, no logra identificar a los asesinos de su hija. Tres anuncios es un relato sobre el retorno a la ley de la selva, sobre la pérdida de toda compasión hacia los demás en el paisaje agrio del siglo XXI.
La historia nos muestra a una madre que debe afrontar un dolor inesperado, uno de esos dolores que encarnan en una persona hasta convertirse en otra parte más de su cuerpo. Pero el eje de la trama, aquello que organiza de manera indirecta el destino de Mildred -y, en buena medida, el de todos nosotros- trasciende la pérdida que empuja a la protagonista a romper toda frontera ética y moral con el fin de saciar sus deseos de justicia.
Es el Estado ese titiritero en las sombras; o mejor, el eje de la trama es la ausencia del Estado en la resolución de todas las problemáticas que nos afectan. El paisaje del siglo XXI es el escenario de sociedades rotas, fragmentadas. Sociedades que han extraviado o que están en vías de perder los lazos que entretejían un proyecto en común, un sentido de comunidad y pertenencia. Lo que queda de todo aquello, como en varias escenas del filme, es la presencia ausente de la bandera nacional como símbolo que ya no significa nada o que ha perdido su razón de ser.
Si el caso de Valentino Blas Correas y el de Rafael Nahuel y el de Santiago Maldonado y los femicidios y el agujero negro de la corrupción pueden pensarse desde la clave metafórica que propone el personaje de Mildred, lo sucedido el fin de semana con Oscar González, presidente provisorio de la Legislatura provincial y uno de los funcionarios históricos del peronismo cordobés, constituye otro episodio del lamentable distanciamiento entre sociedad y política.
Los hechos
El sábado 29 de octubre, en el kilómetro 17 de la ruta E-34, a poca distancia de Mina Clavero, la camioneta BMW X1 que manejaba González impactó contra un Renault Sandero conducido por la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, quien falleció en el acto. Con Bengoa, también viajaban su hija y una amiga, ambas de 14 años, que continúan internadas con heridas de gravedad.
Todo indica que el legislador es el responsable de la tragedia, ya que el choque se produjo sobre el carril en el que conducía Bengoa. Algunos testigos afirman incluso que González manejaba a alta velocidad y de manera imprudente, superando autos en sectores con doble línea amarilla. Tanto es así que los primeros resultados de las pericias bastaron para que la fiscal Analía Gallarato lo imputara por homicidio culposo y lesiones culposas.
Hasta aquí, otro accidente provocado por un conductor irresponsable. Lo que sigue, sin embargo, proyecta un conjunto de opacidades que conectan la tragedia con el oscuro sustrato de las prebendas políticas.
La BMW que manejaba el también exjefe de gabinete provincial y exministro de Salud era un vehículo que había sido incautado por el Tribunal Superior de Justicia provincial en el marco de un caso de estafas. Por gestión del propio González, en los últimos años, la camioneta y otros vehículos incautados en distintos procedimientos fueron puestos a disposición de la Legislatura por orden del Poder Judicial.
En total, la Unicameral cordobesa informó que existen nueve vehículos en manos de distintos legisladores. Se trata, en todos los casos, de autos de alta gama.
Cuatro de ellos estaban en posesión del propio Oscar González: la BMW X1, una Volkswagen Amarok, una camioneta Land Rover Feelander y un Audi A5.
De los restantes, dos están en manos de funcionarios de su partido: Dardo Iturria posee un Toyota SW4 SRV y Miguel Majul, una Jeep Renegado. Y para que conste que en ciertas cuestiones no hay grieta, los otros tres están en poder de dirigentes de la UCR y Juntos por el Cambio: Darío Capitani posee un Audi A4, Juan Jure una Nissan Sentra y Orlando Arduh, por último, un Citroën C4.
Se trata, por supuesto, de disposiciones legales. La Ley 8.550 establece que, superados los treinta días del secuestro de un vehículo y si, por algún motivo, éste no puede ser devuelto a sus propietarios, el Tribunal Superior cuenta con potestad para entregarlo al Estado a los fines de que se disponga su uso en beneficio de la función pública.
La única condición es que no se los puede emplear como autos particulares, factor que también podría complicar al exministro justicialista si acaso se comprueba que González, al momento del accidente, viajaba hacia las Altas Cumbres para pasar el fin de semana en su casa de Villa Dolores.
Párrafo aparte merece el hecho de que la BMW del legislador tenía una patente melliza, situación que había quedado registrada cuando el Tribunal incautó el auto a sus dueños originales y que el vehículo al que habían clonado la identificación le perteneció ocasionalmente al exarquero Gastón Sessa, que denunció recibir de manera frecuente notificaciones de multas generadas en Córdoba. Es decir, multas que, podemos presumir, fueron infracciones cometidas por González.
Es aquí, precisamente, donde la tragedia se hunde en el debate sobre el comportamiento ético de los dirigentes políticos. ¿Acaso no hay hospitales, dispensarios o comedores comunitarios estatales más necesitados de esos vehículos que los funcionarios mejor pagos del Estado provincial? ¿Necesitaba cuatro autos el exministro? Y al mismo tiempo: ¿es casual que todos ellos fueran vehículos de alta gama? ¿Qué hay detrás de esa obsesión por lo suntuoso, por aquello que Bourdieu definía como “la distinción”?
El bajo fondo de la tragedia que envuelve a González es el justificativo material, cotidiano, de ese sentido común que define a la política como el oficio del chantaje y la prebenda. Es decir, no como la profesión del bien público, sino como el privilegio de los intereses y el beneficio personal.
La antipolítica, que más que un rechazo a la política es un modo de entenderla en rechazo de los directores de la sitcom, encuentra en estos episodios su base de anclaje discursivo.
Hay una distancia palpable, real, entre los dirigentes y los ciudadanos, a quienes en teoría representan. Y es ese abismo en permanente expansión el que vacía el sentido de todo pacto y todo proyecto de sociedad.
Lo que queda es la rabia, los gritos, la violencia.
*Por Gabriel Montali para La tinta / Imagen de portada: La Voz.
