“La policía sigue matando impunemente”
Desde la vuelta a la democracia hasta el año pasado, 8.172 personas fueron asesinadas en nuestro país por las fuerzas de seguridad del Estado y casi 3 mil fueron por gatillo fácil. Esta tarde, desde Av. Colón y General Paz, y bajo la consigna “¡Por lxs pibxs que nos faltan, por lxs pibxs que nos quedan, somos grito de rebeldía!”, la 8° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil tomará las calles de Córdoba. La represión como política transversal, el aumento abrupto de casos en el interior, las vulneraciones de derechos en el campo de la salud mental y la lucha como una manera de acompañarse en el dolor y la injusticia.
Por Anabella Antonelli y Soledad Sgarella para La tinta
“Cada 20 horas, una persona es asesinada por las fuerzas represivas del Estado argentino”, denuncia en su último informe la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Este año, Gustavo Calderón, Elizabeth Robledo, Jonathan Romo y Ezequiel Castro fueron algunas de las víctimas que se cobró el accionar policial en la provincia. Tras un largo recorrido, en estos meses estuvieron o estarán sentados en el banquillo de los tribunales cordobeses los asesinos de Isaías Luna, Joaquín Paredes, José Ávila, Valentino Blas Correas, Álvaro Zarandón. Algunos nombres nos resuenan más. Tal vez por ser los más recientes, tal vez por tener una mayor cobertura mediática, tal vez porque la lucha de sus familias hizo que se graben en nuestra memoria.
Pero no son solo ellxs y, como dicen con contundencia desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil: “La policía sigue matando impunemente”. Este año, la denuncia es bien específica contra el Poder Judicial y contra todas las instituciones cómplices del asesinato de sus hijxs, amigxs, compañerxs y familiares. Expresan: “Nos quieren cansar, pero seguimos luchando con fuerza por nuestro reclamo”.
La policía prejuzga, enjuicia y mata antes del veredicto, antes del juicio, antes de las denuncias, antes de la comisión del delito, expresan desde la Comisión contra la Violencia Institucional y agregan: “Matan por placer, por saña, por diversión, por inoperancia, por locura, por incapacidad y por encargo. La policía mata y, luego, escribe lo que mejor le conviene para tapar sus crímenes y librarse de culpas. Mata y ensucia la escena, planta armas, amenazan a testigos, corrompen medios, médicos y familiares, y todo lo que pueden interferir”.
Según el último informe de CORREPI, desde la vuelta a la democracia hasta el 2021, 8.172 personas fueron asesinadas en Argentina por las fuerzas de seguridad del Estado y 2.877 de estas fueron por gatillo fácil, la segunda causa después de muerte en calabozos, que se incrementaron notablemente en 2020 y 2021, en contexto de pandemia. Las víctimas son principalmente jóvenes varones pobres de 15 a 25 años, el blanco de las respuestas demagógicas a la problemática de seguridad, que saca cada vez más efectivos policiales a la calle, con escasa formación en derechos humanos, con el castigo punitivista como premisa y el hostigamiento como método.
Desde la organización, explican que una de las principales vertientes de las políticas represivas del Estado es la de carácter “preventivo”, que opera para controlar y disciplinar a los sectores más empobrecidos y postergados, y que se descarga principalmente sobre los jóvenes de sectores populares. Entre las herramientas predilectas, están el gatillo fácil, las torturas y detenciones arbitrarias, “acompañadas por el ‘sobreseimiento fácil’ judicial”, explican.
Si bien existe normativa al respecto, el problema es que no se aplica. Las fuerzas son formadas, aunque en un brevísimo tiempo, en la legislación hoy existente y en los protocolos de actuación policial, que regulan el uso del arma de fuego y determinan límites y modos de obrar de los agentes de las fuerzas. Sin embargo, el Poder Judicial hace caso omiso cuando se trata de cubrir a los efectivos que violan los derechos humanos.
«La represión es una política transversal»
Entre los resabios de la dictadura y las novedades represivas de la democracia, Córdoba tiene un largo derrotero en materia de “seguridad”. Lo cierto es que, más que proteger a los buenos ciudadanos, el objetivo de las políticas de seguridad locales de las últimas décadas tienen otros objetivos. Emiliano Santellán Vaira es militante del Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL), organización política de derechos humanos.
En conversación con La tinta, Santellán Vaira explica que “la represión es una política transversal que tiene su correlato en otro tipo de políticas, que buscan el disciplinamiento social, la coerción de la sociedad y también la represión de cualquier resistencia”.
Si bien hay continuidades desde el regreso a la democracia a esta parte, con el cordobesismo se acentuó el uso de la seguridad como la pantalla para implementar otras políticas. “Cuando gobernó el radicalismo -de la mano de Angeloz y de Mestre padre-, hay una continuidad respecto a la represión que se vivía en la dictadura -señala Emiliano-. El famoso código de faltas que existía antes era el código contravencional de la provincia de Córdoba en dictadura. Es la forma que tiene el Estado cordobés de pasar a la sociedad civil la forma de represión que tenía en tiempo del terrorismo de Estado”. Una manera de formalizar y sostener la represión.
Con el ingreso de la gestión de Unión por Córdoba, de la mano de De la Sota alternando con Schiaretti, la política represiva se agudiza, teniendo a las políticas de seguridad como caballito de batalla. “Es el mayor respaldo que tienen para diagramar el resto de las políticas, porque a través de ella se implementan las grandes transformaciones que responden a intereses de grupos hegemónicos”, sigue Emiliano. Un claro ejemplo fue la ampliación urbana durante la gestión de De la Sota, que implicó la construcción de los “barrio-ciudades” como parte del proceso de gentrificación y favelización, “de corrimiento de las poblaciones vulneradas hacia las periferias de la ciudad y la privatización del espacio público para las clases más acomodadas, más cerca del centro. Esa política solo fue posible sostenerla gracias a la represión que tenía, por ejemplo, entre otras cosas, la figura del merodeo en el viejo código de faltas”, explica.
El control para la división del territorio y el proceso de favelización se pudo llevar a cabo “por la división de cuadrantes de la ciudad de Córdoba y de la provincia, indicando cuáles son las zonas más peligrosas, rojas, y las menos peligrosas, las zonas verdes -sigue Emiliano-. Cuando uno ve ese mapa, toda la periferia es mucho más roja que el resto del centro y eso es por una razón, porque justamente en esos sectores es donde se intensifica la represión, donde se ven más detenciones arbitrarias y de donde proceden la mayor parte de los casos de gatillo fácil”. Cuando en 2016 se lanzó la policía barrial, se amplió el control dentro de los cuadrantes de los barrios que estaban marcados en rojo.
Cambiar algo para que nada cambie
“Después de la modificación del Código de Faltas al Código de Convivencia, se logró después de muchos años de lucha que se removiera la figura de ‘merodeo’, que era la principal causa por la que se detenía de manera arbitraria a los pibes en el centro -refiere-. Ahora, la figura legal para la mayor cantidad de detenciones es resistencia de autoridad, tipificada en el Código Penal”. Es decir, si por defenderse de una agresión policial le imputan resistencia a la autoridad, se pasa directamente al sistema penal. “Es decir, criminalizan a quien se defiende de la represión”, refiere Emiliano. Las modificaciones en materia represiva se relacionan también con los fundamentos.
El militante explica que esta figura estuvo usando la Justicia cordobesa desde el Ministerio Público Fiscal para imputar a quienes se oponen a la obra de la autovía de Punilla. “Es la forma en que esperan desarticular esta lucha, para aleccionar, intimidar y amedrentar, ni hablar de los métodos no normados que ya conocemos, como que te levante el patrullero, que te sigan a tu casa, que te cagan a palos”.
En los últimos años, ante casos que ocuparon la opinión pública, asistimos a “re-acomodos” en la institución policial cordobesa. Durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19, tomaron gran repercusión algunos casos por el aumento de la brutalidad policial. Desde la provincia, tuvieron que “lavarle la cara a la institución policial y, por eso, cambiaron la cúpula incorporando a Liliana Zárate Beletti como nueva jefa de la policía”, afirman desde FAL. Como ella estuvo encargada durante mucho tiempo de la capacitación de policías, “ahora no pueden poner la excusa de que no están capacitados -sigue Emiliano-. De alguna manera, tampoco es una cuestión de capacitación, es la función que cumplen. Cuando modificaron el protocolo del uso del arma de fuego (en el año 2020), quedó claro que la intención es avalar el gatillo fácil, porque sigue siendo el oficial de policía quien tiene que decidir si usa o no el arma”.
La represión en los pueblos
La represión en las localidades de la provincia de Córdoba está atravesada por un “cuerpo a cuerpo”. El policía que persiguió en la moto a tu amigo es tu vecino. El que hostiga a tu primo es el padre de tu compañero de laburo. En los últimos dos años, hubo un aumento abrupto de casos en el interior, tanto de gatillo fácil como de asesinatos en contexto de encierro, como el caso de Jonathan Romo.
A su vez, en esos territorios, la red de impunidad y complicidad se fortalece. Si en la ciudad es difícil enfrentar a la policía que oficia de ejecutora de la ley, en el interior las familias necesitan mayor visibilidad. “Los casos pasan, pero es difícil hacer que se conozcan y trasciendan más allá de la versión oficial, que generalmente se defienden con el uso legítimo de la fuerza o con la figura de la defensa propia. Cuesta mucho desarticular las versiones oficiales, allá la policía tiene otro poder, es más complicado hacer que los casos se visibilicen y que puedan también acceder a la justicia”, explica Emiliano y añade que las modalidades que ven son las de gatillo fácil, muerte bajo custodia estatal (que son las que se incluyen en establecimientos del Estado como las comisarías, cárceles y establecimientos de salud mental que se relacionen con las fuerzas del Estado, como el CPA), femicidio de uniforme y persecución, cuando usan el patrullero como arma o las víctimas mueren como resultado de la persecución, como los casos de Yamil Malizia en Río Tercero o Agus y Nano en Colonia Caroya).
Salud mental y violencia estatal
El miércoles, la Comisión de Violencia Institucional del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Córdoba organizó un conversatorio donde estuvieron presentes Luce Cuello (psicólogx), familiares de Ezequiel Castro (muerto en contexto de encierro) y representantes de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil.
“La propuesta giró en torno a dialogar sobre salud mental y violencia estatal. A partir de estos ejes -al modo de disparadores de una conversación-, familiares, activistas, psicólogxs, pudimos dar cuenta de la compleja relación entre ambos. Tanto por acción o por omisión, las vulneraciones de derechos en el campo de la salud mental se superponen, interseccionalmente, con las formas de la violencia estatal”, cuenta la Comisión Organizadora en diálogo con nuestro medio.
“El vaciamiento presupuestario e institucional, la ausencia de dispositivos específicos para el abordaje de esta problemática, la escasa formación profesional de lxs trabajadores en el tema son algunas de las necesidades identificadas y denunciadas por familias que no solo no encuentran respuestas institucionales adecuadas, sino que pasan por situaciones que incrementan y profundizan las vulneraciones de derechos ya producidas”, agregan.
Como explican lxs coordinadorxs del conversatorio, las estadísticas elaboradas desde CORREPI hablan de unx joven asesinadx por las fuerzas de seguridad cada 17 horas, a lo que se suma una interminable peregrinación de sus familias por instituciones de salud y/o de justicia que no dan respuestas, e incluso las agravan. “Los efectos de la impunidad desgastan, aíslan y culpabilizan a las familias en sus estrategias de búsqueda de justicia. En esos derroteros, se encuentran, comparten acciones, socializan caminos transitados, se brindan apoyo y se construyen formas de la cercanía que acompañan y alivian el dolor que –de otro modo– se transitaría en soledad. La tarea es enorme y exige esfuerzos que por momentos se sienten imposibles. En esos momentos, las acciones colectivas son fundamentales. La lucha es también una forma de acompañarse. Se traman amistades, se sostienen con la mirada en la calle, se prestan atención. También hay risas, encuentros, broncas metabolizadas en las hogueras que se encienden como ritual. Distintas formas de las políticas afectivas que permiten intervenir frente al dolor ético político que deriva de que asesinen a un joven pobre cada 17 horas”, concluyeron desde el Colegio de Psicólogxs.
Colectivizar el dolor, sacarlo a la calle
Hace unos años, María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), decía a La tinta: “Hoy, es más claro que nunca que el gatillo fácil es política de Estado y que la respuesta es la movilización en la calle. Hay muchos familiares que tienen sus causas cerradas, archivadas, sin posibilidad de una condena judicial, pero que entienden que la lucha organizada es el único camino. Y que, como los familiares nos han enseñado, la pelea no es por la sentencia, sino por la conciencia”. Sus palabras siguen vigentes.
Las familias de las víctimas de violencia institucional sacan el duelo del ámbito privado, lo colectivizan, se encuentran con otras que también lloran las muertes y exigen justicia. Ante un discurso social que estigmatiza a los pibes y los culpa de sus propias muertes, las familias politizan la muerte de sus hijos y las convierten en muertes condenables, injustas, denunciables.
“A pesar de que los policías asesinos, Leiva y Chávez, fueron condenados a perpetua, desde ese día decimos que justicia es que no pase nunca más. Que ninguna otra familia sufra todo el dolor que sabemos que es perder un hijo, un hermano, un amigo en manos de la policía… pero sigue pasando”, dicen desde Justicia por Güere.
Y ese es el espíritu de la 8° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.
*Por Anabella Antonelli y Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: Ezequiel Luque para La tinta.
