Reciclador pide garantías judiciales para trabajar sin hostigamiento policial
Un reciclador de la Cooperativa CREA, de Alta Gracia, presentó un habeas corpus preventivo al juzgado de control ante el reiterado hostigamiento y persecución policial mientras trabajaba. En 10 días, vivió tres “controles de rutina”, con la intervención del mismo personal policial, que no concluían una vez realizada la requisa de rigor, acompañadas de violencia verbal y física, intimidación y amenazas. Si bien la presentación fue formalmente rechazada, se consiguió el envío de la denuncia a la Fiscalía N° 1 para que se investiguen los hechos y un oficio al comisario de Alta Gracia.
Por Agustín Mingorance para La tinta
Estamos en el galpón de CREA, que pronto será una planta de procesamiento de RSU, en Alta Gracia. La cooperativa, integrante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), hace un tiempo desarrolla el modelo de reciclado con inclusión social en la localidad. Es la tardecita y Nicolás llega con una bandera de Argentina, que cirujeó por la mañana en Córdoba al ir a presentar un habeas corpus preventivo, una garantía que busca proteger a la ciudadanía de detenciones y arrestos ilegales. En todo lo que dure la capacitación en promoción ambiental de ese día, la va a llevar con él cada vez que cambie de lugar, como si fuera un abanderado.
Nicolás es alto, flaco y atlético, como lo describió su compañero abogado ante la fiscalía. Es inquieto, alegre, comprador. Nos vamos a un rincón y comienza a contarme su último mes, repleto de trabajo y persecuciones.
El 25 de diciembre, se sumó a la cooperativa CREA como recuperador urbano y al Movimiento Evita. Antes, estaba en situación de calle. “Yo soy recolector urbano, me dedico a recolectar material que se pueda reciclar para evitar el enterramiento a cielo abierto y cuidar el medioambiente”, se define y comienza a relatar todos los oficios que labura cotidianamente. Por la mañana, hace un recorrido de recolección de materiales reciclables. A su vez, trabaja reparando y haciendo mejoras voluntariamente en el galpón. A la siesta, se ocupa de su propio patio productivo, un proyecto de agroecología urbana en la casa Evita, lugar donde vive. Los sábados colabora con la canchita de fútbol del barrio. Por las noches, realiza la recolección nocturna, la que deja más material. “Trabajás mucho”, le digo. Sus compañeros le dicen lo mismo, que se cuide de la manija. Él asegura que ya perdió mucha vida encerrado, que esos años en la cárcel estuvo vivo, pero no vivía. Ahora quiere vivir, trabajar, ya cumplió su condena, pero eso a la yuta no le importa.
El 14 de enero pasado, Nicolás caminaba rompiendo el silencio de la noche con el ruido del carro de mano. Estaba con Mariano, un compañero recolector. Ambos vestían la remera azul con dos tiras de cinta reflexiva en el pecho, uniforme distintivo de la FACCyR. Terminando el recorrido, pararon en la vereda de la casa donde acopian el material reciclable y comenzaron a descargar. En eso, llegaron dos móviles de la policía y les pidieron que bajaran a la calle para hacer un control. También les pidieron que se colocaran contra el móvil para ser requisados. Empezaron por Mariano que, al ver de reojo, notó que el oficial que estaba por requisarlo se demoraba en hacerlo. En realidad, estaba sacando fotos de la espalda, sin su consentimiento, al uniforme de trabajo que lleva detrás un logo grande de UTEP –Unión de Trabajadores de la Economía Popular-, sindicato al cual pertenece la cooperativa. Cuando se dio cuenta de esto, se retiró del móvil y subió a la vereda, y le dijo al oficial que no podía fotografiarlo sin su permiso. Esto generó una tensión y elevación del tono de los oficiales, algo que hizo despertar a Daniel, compañero de la organización y dueño de la casa. Él salió y le dijo a los policías que, efectivamente, ellos se dirigían a su casa para acopiar el material y que si no habían hecho nada ilegal, que por favor los dejaran entrar a su casa, destino final del recorrido. Cosa que, finalmente, sucedió.
El segundo hecho fue la noche del 20 de enero. Nicolás iba por la ruta 5, camino a Córdoba, rumbo a una Shell donde una chica conocida que trabaja ahí le guarda las cajas. Al pasar por la rotonda, aparecieron los mismos policías de días atrás y lo detuvieron. Le dijeron que el carro no tenía luces y se lo iban a secuestrar, porque estaba interrumpiendo el tráfico en la vía pública. Le revisaron la mochila, los bolsillos, todo arriba del carro. No encontraron nada. Entonces lo dejaron seguir, pero por la banquina, por la orilla de la ruta.
“Hago escasos metros y me vuelven a parar -cuenta Nicolás-. Ahí cayeron como tres móviles y empezaron las agresiones en mi contra. Yo alcanzo a llamar a Daniel y le pregunto si está el abogado ahí. Entonces me hacen cortar el teléfono y la policía me dice: ‘Qué venís a meter abogado, qué te pensás que sos, que tenemos miedo, sin abogado no sos nada, ¿quién es? El que te defendió el otro día, ¿por qué no te defiende ahora?’. 10 de la noche sobre la ruta 5, oscuridad total. Me vuelven a amenazar con secuestrarme el carro”. Luego de minutos de hostigamiento, lo dejaron ir hasta la Shell, pero lo siguieron, así que fue “escoltado”.
Nicolás alcanzó a entrar a la estación de servicio, sin embargo, cuando salió, había un operativo desmedido esperándolo afuera: alrededor de ocho policías y tres móviles. En ese momento, llegó Nicolás C., abogado de la cooperativa, acompañado de un colega, Salvador, y de Daniel, el compañero militante de la otra ocasión. Nicolás C., luego de presentarse, les dijo a los policías que una persona que estaba trabajando le había informado un problema y por eso se hizo presente en el lugar. Y que su objetivo era saber cuál era el procedimiento que estaban haciendo y si podía ayudar para terminar más rápido.
Un policía notó que Daniel estaba filmando, entonces los oficiales se alteraron y empezó una discusión repleta de maltratos hacia Nicolás y los abogados. Ellos reiteraron que si no lo iban a detener, porque no tenían motivos, y si no iban a secuestrar el carro, que por favor terminaran con el operativo.
“Los oficiales contestaban con provocaciones y verborragia”, explicó el abogado, que además les dijo que no tenía por qué trabajar en esas condiciones. Esto continuó hasta que apareció la trabajadora de la Shell ofreciendo dejar el carro en la estación de servicio. De este modo, Nicolás con sus compañeros cerraron el altercado y se fueron en un auto.
La tercera noche de hostigamiento policial ocurrió el 25 de enero. Nicolás hacía, una vez más, el recorrido nocturno: buscaba unos cartones en un kiosco donde se los guardan. Al salir del lugar, le hicieron juego de luces y arrancó un control de rutina. “Hasta cuándo un control de rutina, estoy trabajando”, les respondió Nicolás a la misma guardia que lo paró por tercera vez en 10 días. Otra vez empezaron a revisarle todo: le dieron vuelta la mochila, voltearon el carro, buscaban entre medio de los cartones. Mientras sucedía eso, una ex maestra suya del secundario pasaba por el lugar y preguntó: “¿Qué pasa? Él era mi alumno, no ven que está trabajando, tiene el uniforme”. “Señora, es un control. Váyase”, le respondió un oficial. “Pero si no está haciendo nada, está trabajando”, contestó ella. Y de nuevo le dijeron que se vaya. Esta vez, la intervención de un tercero no alcanzó y cuando la mujer se fue, la policía se encegueció.
“Ahora que no están esos que se hacen los abogados, ves que sos una mariquita -lo prepotearon-. Vos sos un choro hijo de puta, que andás marcando las casas de noche, no estás trabajando. Ponete ya contra el móvil o te rompo todo”. Un oficial le pegó a Nicolás una patada en la pierna izquierda, le abrió las piernas y le metió un cachetazo en la nuca. Nicolás miró al piso para que los policías no se ceben más. Cuando terminaron de revisarlo, le dijeron que se vaya a su casa, además de amenazarlo. “Me dijeron que no me querían ver más en su guardia -cuenta el reciclador-. Uno me dijo, textual: ‘Donde te vea en mi guardia de nuevo, te muelo los huesos’”.
“Yo lo único que necesito es trabajar, no pude salir más de noche por miedo a una verdugueada más, un maltrato más o que me metan alguna cosa y me manden preso. Económicamente, me está afectando, porque puedo hacer el recorrido a la mañana nomás, pero a la tarde y a la noche, que es donde cierran todos los comercios, es cuando más se recupera el material”, concluye, preocupado, Nicolás.
El habeas corpus preventivo, presentado en la primera semana de febrero, fue oficialmente rechazado días después. Sin embargo, se consiguió que el juzgado de control envíe un pedido de investigación de los hechos a la Fiscalía N° 1 y un oficio al comisario, solicitando que actuara respetando la libertad. La Justicia también informó que Nicolás no está siendo investigado por ninguna causa. Esto es relevante, porque echa tierra a cualquier intento de justificación de los policías, dado que no tenían un sustento procedimental como para reiterar tantos controles y requisas, interrumpiendo el derecho a trabajar.
Al contrario de lo que le dijeron cuando lo amenazaron, Nicolás no está solo, sino que se encuentra organizado en su cooperativa y en FACCyR. Y seguirá peleando por su derecho a trabajar.
*Por Agustín Mingorance para La tinta / Foto de portada: Diego Petrinovic.
