Honduras: ¿cómo sigue el caso de Berta Cáceres?
La situación de pandemia por la COVID-19 ha introducido nuevos retos en la lucha por justicia para Berta Cáceres, la lideresa del COPINH asesinada por sicarios vinculados al Estado de Honduras en 2016.
Por Zoe Pc para Marcha
A 56 meses del asesinato de la luchadora indígena Berta Cáceres, su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sigue exigiendo verdad y justicia contra la impunidad en el país centroamericano.
A pesar de la importante visibilidad a nivel internacional que tuvo el asesinato de la lideresa del pueblo Lenca, la lucha para lograr una justicia verdadera continúa siendo ardua y trabada por muchas irregularidades, campañas de difamación y encubrimiento. En ese marco, desde el COPINH, aseguran que los obstáculos para lograr una justicia real sólo han aumentado debido al contexto de la pandemia, ya que este escenario ha permitido un ambiente de menos transparencia y mayor dilatación.
En noviembre de 2018, fueron condenadas siete personas, consideradas “autores materiales”. Se trata de los sicarios contratados y pagados para llevar a cabo el crimen que arrebató la vida de Cáceres, y atentó contra la vida del ambientalista mexicano Gustavo Castro. Sin embargo, como los miembros de la familia de Cáceres y el COPINH aseguraron en ese momento, “las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos”.
Esto se debe a que el asesinato llevado a cabo el 2 de marzo de 2016 contra la vida de Berta Cáceres no fue aleatorio, ni un crimen “pasional”, como intentaron disfrazar desde los medios de comunicación en el momento. Sino que refleja el punto más violento de una campaña de vigilancia, hostigamiento, amenazas, intimidación y criminalización que enfrentaba Berta y sus compañeras y compañeros del COPINH, como la comunidad toda de Río Blanco que se dedicaban a resistir la imposición ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Esta campaña violenta es parte de un esfuerzo conjunto entre las fuerzas de seguridad del Estado hondureño, la seguridad privada de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que impulsaba el proyecto Agua Zarca y por personas privadas contratadas (sicarios, paramilitares).
En ese marco, para el COPINH, la justicia no se limita a la condena de quienes solamente dispararon, sino juzgar y castigar los responsables “detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”. En este sentido, en los últimos meses, el COPINH ha entrado a una etapa clave en esa búsqueda que tiene que ver con dos casos de los 13 que son parte de la Causa Berta Cáceres: el caso contra David Castillo, presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA, y el caso “Fraude sobre el Gualcarque”.
Primera pieza del entramado de los autores intelectuales
El presidente de la empresa DESA, Castillo, fue capturado el 2 de marzo de 2018 mientras intentaba huir del país. A él se lo acusa de participación en el asesinato de Berta como autor intelectual, algo que implica desde la vigilancia de Berta en el territorio, la planificación del asesinato y la coordinación entre las accionistas más importantes de la empresa y el grupo de sicarios que ejecutaron el crimen. Castillo es militar y egresado de la escuela militar estadounidense de West Point, y se desempeñó como subteniente de inteligencia militar de las fuerzas armadas en Honduras.
La detención de Castillo es de mucha importancia, no solamente por su participación en el crimen del asesinato de Berta Cáceres, pero también por su papel en la imposición ilegal del proyecto Agua Zarca, que es la base del caso que se discutirá más adelante, “Fraude sobre el Gualcarque”.
La coordinadora general del COPINH e hija de Cáceres, Bertha Zúniga, explica que Castillo “es la persona con el perfil más alto hasta el momento capturado y que tiene unos vínculos muy importantes con los accionistas mayoritarios de la empresa que son de la familia Atala Zablah, una familia que forma parte de la oligarquía y pues sigue en la total impunidad”. Para Zúniga y el COPINH, “la condena de Castillo debe derivar en investigaciones hacia estas otras personas que, a más de cuatro años, ya cerca de cinco, pues se mantienen en impunidad”.
Aunque el equipo legal del COPINH asegura que hay muchas pruebas en su contra, el proceso judicial contra Castillo por el asesinato de Berta está en peligro por el vencimiento de la prisión preventiva. La coordinadora general del COPINH explica que “se ha convertido en una reiterada actuación de la defensa de Castillo de imposibilitar el desarrollo de este proceso con una serie de recursos legales para obstaculizar el desarrollo del mismo”.
Tanto Zúñiga como el COPINH entienden este accionar en dos sentidos: “Uno, de someter al límite el vencimiento de la prisión preventiva y buscar una excarcelación del señor Castillo. Pero también lo entendemos como una actuación maliciosa que intenta obstaculizar el proceso de búsqueda de justicia, de seguir encubriendo las actuaciones que lo vinculan como parte de este crimen y, por ende, encubrir los vínculos con los máximos responsables”.
El COPINH anunció en un comunicado público que el 22 de octubre, después de siete suspensiones, se realizó una de las audiencias preparatorias del juicio de David Castillo. Sin embargo, como en otras ocasiones, la defensa del gerente de la empresa hidroeléctrica presentó más recursos, según COPINH, “con el fin de dilatar el proceso en busca de la impunidad”. Adicionalmente, la organización indígena denunció que siguen siendo excluidos del proceso y el poder judicial se negó a transmitir la audiencia públicamente. En el caso contra Castillo, quedan grandes retos y solo un poco más de seis meses para realizar el juicio contra él, ya que la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró que su prisión preventiva vence el 25 de mayo de 2021. El COPINH seguirá insistiendo que se haga justicia.
Fraude sobre el Gualcarque
El caso “Fraude sobre el Gualcarque” surgió el 4 de marzo de 2019, cuando la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad “presentaron requerimiento fiscal contra 16 funcionarios públicos por delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, hechos cometidos con el objetivo de favorecer a la familia Atala Zablah a través de contratos del Estado de Honduras con la empresa DESA para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque,” según explicaron desde el COPINH.
El proyecto Gualcarque es uno de los 51 proyectos concesionados por el Estado de Honduras en territorio Lenca que Cáceres y COPINH habían denunciado. Según la organización, muchas de estas concesiones denunciadas fueron dadas tras el golpe de Estado de 2009 y “conllevaron delitos de corrupción relacionados al otorgamiento de licencias para operar proyectos extractivos.” En este caso del proyecto Agua Zarca, “fue aprobado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Lencas afectadas por el mismo”.
En este caso, está fuertemente implicado el mismo Castillo y la familia Atala Zablah. Según la investigación, la empresa DESA fue creada de manera ilegal por dos “testaferros” que eran empleados de otra empresa de Castillo. Él había asistido a reuniones en 2009 donde se hizo la “aprobación de contratos para la producción de energía eléctrica otorgados a DESA”, y posterior a la aprobación de los contratos a DESA, Castillo pasó a ser parte oficialmente de la junta directiva de la empresa junto a la familia Atala Zablah.
La investigación en el caso revela que Castillo y la familia Atala Zablah habrían construido “una estructura criminal con el fin de imponer el proyecto hidroeléctrico y así beneficiarse económicamente”, y en este contexto, se cometió “una serie de crímenes y violaciones a los derechos humanos contra la comunidad de Río Blanco debido a su oposición al proyecto, desde el fraude y corrupción para producción de supuesta ‘energía limpia’ en venta al Estado de Honduras, como el asesinato de al menos seis personas de la comunidad de Río Blanco en defensa del agua y la vida, en las que se incluye Berta Cáceres”.
El COPINH había participado en la etapa inicial del proceso como víctima, pero fue excluido en agosto de 2019 tras un recurso interpuesto por la defensa de los funcionarios, parecido a lo que sucedió durante el juicio contra los autores materiales, en que el equipo legal de COPINH también fue excluido. Después de esta decisión, el equipo legal de COPINH ha intentado interponer diversos recursos jurídicos para garantizar la participación de las víctimas, la comunidad afectada de Río Blanco y la organización que integra, sin embargo, el caso avanza sin su participación.
Sobre esto, la coordinadora Zúniga comentó que “la exclusión del COPINH y de la comunidad del Río Blanco del proceso ‘Fraude sobre el Gualcarque’ habla de que el sistema de justicia no ha sido construido en Honduras para responder, enmendar o subsanar el daño proporcionado hacia las víctimas, sino es una justicia instrumental que trata de maquillar los resultados con la causa para la justicia para Berta Cáceres”. En ese sentido, analizó que “a pesar de todo el sufrimiento causado por esta represa, los pueblos indígenas siguen sin ser reconocidos como víctimas directas y eso también responde a la intermediación de muchos intereses poderosos que tratan de obstaculizar la presencia del COPINH por lo que pueda aportar por la información que tienen porque es una organización que ha disputado con la justicia la verdad sobre este crimen, que no es solamente el asesinato, sino que es la instalación ilegal de los proyectos que han afectado los derechos territoriales, la dignidad del pueblo lenca que han desencadenado opciones de violencia hasta llegar al asesinato”.
La justicia ya fijó una fecha para el juicio oral y público, que es el 18 de enero de 2021. El COPINH denuncia que, si el caso avanza sin la participación directa de las víctimas, es “una flagrante violación al derecho de acceso a la justicia”.
*Por Zoe Pc para Marcha / Foto de portada: A/N
