Discapacidad en emergencia: «Nunca vimos algo así»
¿Qué propone la Ley de Emergencia en Discapacidad que miles reclaman en todo el país? ¿Por qué el sistema que garantiza salud, educación y pensiones está en crisis, y qué implica para quienes más dependen de él? En esta nota, hablamos con las protagonistas de estas luchas: personas con discapacidad, trabajadoras del sector, instituciones y familias, para conocer las principales demandas del colectivo y escuchar las voces que denuncian el retroceso y la precarización creciente.
El jueves pasado, miles de personas en todo el país se movilizaron en la “Jornada federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad”, una iniciativa impulsada por organizaciones de personas con discapacidad, familias, profesionales y prestadores, en respuesta al desmantelamiento progresivo del sistema de apoyo estatal, y que se repetirá nuevamente este miércoles al mediodía en Plaza San Martín. En Córdoba, la convocatoria fue masiva y profundamente emotiva. La consigna, clara: frenar el ajuste y garantizar derechos.
La situación es crítica. Las políticas de recorte impulsadas por el gobierno de Javier Milei afectan el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social. Las organizaciones advierten que estamos ante un colapso del sistema de apoyos y servicios que deja afuera, cada vez más, a quienes no pueden pagar.
Una crisis sin precedentes
Desde APADIM Córdoba, una institución de referencia en el trabajo con personas con discapacidad, describen el momento actual como inédito: “Nunca hemos visto nada igual a lo que estamos viviendo. Es una frase que se reitera a diario en las organizaciones como la nuestra. Muchas están al borde del quiebre. Y, como venimos expresando en distintas comunicaciones, la realidad en nuestra institución no es una excepción”.
APADIM se sumó a la jornada de lucha del 29 de mayo. Según expresan, las consecuencias del ajuste se sienten en la precarización de los servicios, la reducción de equipos de trabajo y la imposibilidad de sostener la calidad mínima de atención. En ese contexto, apoyan el proyecto de ley que busca declarar la emergencia en discapacidad y brindar una respuesta estructural a la crisis.
¿Qué propone la ley?
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, presentado por el diputado Daniel Arroyo (expediente 7861-D-2024), busca declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, reconociendo el deterioro sostenido del sistema que garantiza los derechos de este colectivo en todo el país.
La iniciativa tiene como eje central garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales —como salud, educación, trabajo, movilidad, protección social y vida independiente— mediante medidas urgentes y estructurales. Entre los puntos principales, se destacan:
- Actualización automática y mensual de aranceles para las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas, con un índice que combine inflación y evolución salarial.
- Alivio fiscal y sostenimiento de instituciones, mediante condonación de intereses, refinanciación de deudas y facilidades de pago para prestadores que hoy están en crisis.
- Refuerzo presupuestario a la Agencia Nacional de Discapacidad para garantizar programas de atención médica, inclusión, formación y prevención.
- Rediseño de las pensiones no contributivas, que dejarán de depender del criterio de “invalidez laboral” para basarse en el derecho a la protección social, sin requisitos económicos excluyentes.
- Participación activa del colectivo, a través de un Consejo Consultivo con organizaciones de personas con discapacidad que monitoreen la implementación de políticas públicas.
- Financiamiento de la Ley 26816, que es el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, es decir, el financiamiento para que se actualice la asignación que cobran las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos.
La propuesta intenta dar una respuesta integral y urgente al retroceso sistemático que viven miles de personas con discapacidad en Argentina. No se trata solo de aumentar presupuestos, sino de restituir condiciones básicas de dignidad, equidad y participación.
La voz de quienes sostienen: trabajadores y trabajadoras del sector
Desde ATI, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión —integrada por personas con discapacidad, familias y profesionales—, compartieron su perspectiva y el rol que jugaron en la construcción del proyecto de Ley de Emergencia: “Somos un grupo de personas con discapacidad, sus familias y profesionales que trabajamos desde distintos abordajes en el sector. Cuando vimos que todos los recortes dejaban fuera a la perspectiva de las personas afectadas, nos dimos cuenta de que era importante encontrar la manera de hacernos escuchar y que se respete la institucionalidad en todo el proceso”.
Durante más de cinco meses, ATI realizó entrevistas, formularios y reuniones para construir un diagnóstico colectivo. A partir de ese trabajo, aportaron propuestas concretas para la redacción del proyecto de ley. “No es un proyecto de oposición. Fue escrito de puño y letra hasta altas horas por personas que estudiamos y aprendimos mucho para hacerlo lo mejor posible y a conciencia. Este proyecto le pertenece a la sociedad civil, a muchos espacios que se movilizan en defensa del modelo social, de la dignidad en el trabajo y por un sistema verdaderamente inclusivo”.
La Asamblea también reivindica la dimensión política y social de esta lucha, que no se agota en la protesta puntual, sino que busca sostener condiciones de vida, inclusión y trabajo digno para todo el sector: “Personas con discapacidad defendemos nuestros derechos. Las familias asumimos esta lucha para sostener el sistema de apoyos que nos permite pensar en proyectos autónomos para las personas con discapacidad de nuestras familias. Profesionales, instituciones, transportistas paramos para proteger las prestaciones que brindamos. La construcción de una sociedad inclusiva es responsabilidad colectiva”.
«Nos quieren hacer renunciar a nuestros derechos»
Maxi Mignacca, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, en diálogo con La tinta, advierte que no se trata de hechos aislados, sino de un avance sistemático contra el colectivo: “Desde la llegada del gobierno de Milei, las personas con discapacidad venimos siendo blanco de una gran cantidad de ataques y es inevitable pensar que no es casual las maneras que eligen para llevar a cabo estos ataques. Desde poner en sospecha nuestro derecho a cobrar una pensión por discapacidad hasta ataques personales a distintos referentes del colectivo y sus familias. Creo que todo esto es en el marco de una gran violencia política y simbólica que lo que busca es, básicamente, amedrentarnos y que renunciemos, y que renunciemos a nuestra lucha por nuestros derechos. El Gobierno tendrá que saber que eso no será así, que no vamos a renunciar, que nos estamos organizando, que estamos construyendo y reparando lazos entre todas las personas que formamos parte del colectivo, y que estamos más fuertes que nunca”.
La Mesa junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Red de Asistencia Legal y Social (RALS) y la Asociación Civil Andar denunciaron al Estado argentino ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Cuestionaron la implementación del Decreto 843/24, que restablece requisitos para pensiones ya declarados inconstitucionales, y alertaron sobre auditorías sin garantías básicas de accesibilidad ni derecho a defensa.
La denuncia sostiene que el enfoque actual del Gobierno nacional es capacitista, excluyente y regresivo, y pone en riesgo el cobro de pensiones que permiten a muchas personas con discapacidad cubrir necesidades básicas y acceder a la salud a través del programa Incluir Salud.
El dolor de ser descartadas
Raquel es mamá de una niña de 9 años con parálisis cerebral. Como muchas otras familias, está preocupada por el impacto que la situación actual tiene sobre la vida de su hija. Habla con claridad y señala que el acceso a los derechos básicos está en riesgo: “Vemos con temor esta situación de emergencia. Argentina cuenta con una serie de derechos que están avalados internacionalmente y, hoy, se está pensando en retroceder en esos avances”.
Uno de los temas que más le preocupa es la precarización de los profesionales que trabajan con sus hijos e hijas. Dice que están cobrando montos muy bajos, que tienen cada vez menos posibilidades de capacitarse y que, muchas veces, no pueden sostener su trabajo porque las prestaciones no alcanzan a cubrir lo que necesitan para brindar atención de calidad.
«Todo apunta a que solo van a poder tener este tipo de atenciones las familias que lo puedan pagar. El resto va a quedar totalmente excluido». Raquel advierte que el sistema está colapsando y que el Estado se está retirando. En ese escenario, muchas personas con discapacidad y sus familias quedan en una situación de vulnerabilidad cada vez mayor. “Es muy triste ver cómo se va descartando a las personas con discapacidad y, en general, a los sectores más vulnerables del país. Las primeras personas que van a ser descartadas y excluidas serán quienes no tengan posibilidades materiales, las familias que no puedan seguir pagando y serán las que quedarán fuera primero del sistema de salud, después del sistema educativo y así… porque es muy costoso y el Estado lo está dejando de garantizar. Es un combo terrible”, subraya Raquel y concluye: «Temor, injusticia, indignación y tristeza, eso sentimos».
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Fotos: El Megáfono.
