Provocar y retroceder: la agenda antiderechos de la política exterior argentina
En contradicción con la normativa nacional e incumpliendo los tratados internacionales de defensa de los derechos de las mujeres y disidencias, el Estado argentino participa en las discusiones globales con un posicionamiento provocador y deja en evidencia la sintonía con el desmantelamiento de las políticas de género en el país. Este retroceso brutal consolida una agenda antiderechos de los sectores de ultraderecha. Pate Palero y Rocío García Garro de Católicas por el Derecho a Decidir analizan el panorama.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, las políticas de género y derechos sexuales y (no) reproductivos han sido uno de sus blancos de ataque, tal como había sido anticipado en campaña. En diciembre de 2023, fue disuelto por decreto el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y no solo se replegó el presupuesto destinado a género y derechos humanos, sino que se desjerarquizó al ser reemplazado por la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Hace unas semanas, pasó a depender del Ministerio de Justicia y su titular, Claudia Barcia, renunció. Este fue el último capítulo en el proceso de desmantelamiento, con el 85% de despidos en el área.
En 40 años de democracia, por primera vez, el Estado argentino no va a asistir o acompañar con algún tipo de política pública a quienes atraviesan situaciones de violencia de género. Tampoco a trabajar en la prevención y todo el amplio abanico que suponen las temáticas de género. Acabaron con la institucionalidad que tiene más de tres décadas en el país, desde que se creó el Consejo Nacional de la Mujer en 1992. Cómo el Estado argentino cumplirá las obligaciones legales asumidas por normativas y tratados internacionales a los que ha adherido, para prevenir la violencia contra las mujeres, para asistir y garantizar el acceso a la justicia, es hoy un interrogante que no tiene garantías.
Al desmantelamiento de las políticas de género, se le suma que estamos ante un inédito escenario en el país en materia de política exterior y es la falta de cumplimiento con las leyes y tratados internacionales de derechos humanos vigentes.
Por un lado, la CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), a nivel de ONU, que tiene jerarquía constitucional. Es el primer plexo normativo de fines de los 70 que establece, básicamente, la igualdad entre las mujeres y los varones, y obliga a los Estados a tomar una serie de medidas para lograrlo en términos materiales y no solo formales. Por otro lado, la Convención de Belém Do Pará de 1994, a nivel de la OEA, que no está dentro de la Constitución, pero tiene jerarquía superior a las leyes. Establece lineamientos para la prevención y el abordaje de la violencia de género.
Y la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que garantiza a las infancias y adolescencias hasta los 18 años los más altos estándares de vida. Por ejemplo, el desmantelamiento del Plan ENIA (de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia) por parte del gobierno argentino, plan que respondió a uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y se convirtió en ejemplo de política pública en América Latina al reducir a la mitad los embarazos no intencionales, va en clara contradicción con la Convención.
Pate Palero es directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y, en diálogo con La tinta, explica: “Las instancias internacionales fueron fundamentales en la consolidación democrática de nuestro país, a partir de la recepción, investigación y denuncia de familiares y víctimas de la última dictadura cívico-militar. Tanto OEA como ONU, fueron los primeros escenarios en los que se pudo dar visibilidad al terrorismo de Estado. También, los feminismos latinoamericanos y del Caribe tienen una larga tradición en aportes a los procesos de paz y al desarrollo sostenible. Nuestra región estrenó el primer tratado vinculante (Convención de Belém do Pará) que reconoce a la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos”.
No se puede ser ingenuas con los organismos internacionales y Pate hace esa salvedad: “Tenemos muchas críticas respecto a OEA y ONU, especialmente por el fracaso para erradicar los conflictos bélicos (algunos en dolorosa y grave vigencia) y las hipocresías diplomáticas basadas en el poderío de los países centrales. Pero el actual gobierno pretende atribuirle a estos organismos un sesgo ‘comunista’, descalificándolos a nivel internacional en los mismos términos que se menosprecian todos los mecanismos democráticos a nivel local. Y la mayor ‘peligrosidad’ de las oficinas de ONU son los datos estadísticos, investigaciones e informes que evidencian la profundización de la desigualdad, la concentración de la riqueza que no es más que el fracaso del sistema capitalista para garantizar un bienestar integral y solidario de las poblaciones”, afirma.
Una provocación antiderechos en la agenda internacional
A fines de junio, se realizó la 54° Asamblea General de la OEA en Paraguay y fue noticia por algunas polémicas sobre las que conversé con Rocío García Garro, abogada y coordinadora del área de litigio de Católicas por el Derecho a Decidir. “La presencia de Úrsula Basset fue noticia por dos motivos principales; por ser parte de la delegación sin tener un cargo técnico más que la designación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Y por su postura antiderechos, oponiéndose y objetando cada uno de los puntos vinculados a temas de género, y cuestionando el uso del término familias (en plural), lo que llevó a la demora en la revisión del documento”, explicó.
Sonia Cavallo —hija del ex ministro de economía— fue designada por Diana Mondino como embajadora ante la OEA y también viajó a dicha Asamblea. Más allá de las disputas en Cancillería sobre las participaciones, esta funcionaria también responde a la agenda antiderechos y, por ejemplo, votó en contra de las resoluciones que condenaban la violencia sexual en Haití.
“No es casual el posicionamiento actual de Argentina. Su presencia activa en los espacios internacionales con una agenda que se opone a los derechos humanos en general y los de las mujeres y disidencias en particular. Argentina está llevando la voz cantante a la hora de los retrocesos en políticas de género y muy acompañadas por Perú, Paraguay y algunos países caribeños que están en esa misma sintonía. Por otro lado, están los países con una postura progresista; Chile, Colombia, México, Brasil y Canadá, quien lidera en América la agenda de derechos sexuales y reproductivos, y derechos LGBTI+. La agenda de ultraderecha está presente en los espacios internacionales”, detalló García Garro.
La presencia con estas posturas significó, y probablemente sea su intencionalidad, obstaculizar el avance en ciertos debates y consensos ya cerrados. Argentina, en esta oportunidad, no tendrá cargos en dicho organismo. La oposición a la Agenda 2030 complementa el plan de desmantelamiento interno, “que no tiene más argumentos que el conocido discurso negacionista y pseudocientífico de la actual gestión, y proclama un paradigma elitista, sectario y supremacista para las futuras generaciones”, afirma Palero.
La presencia feminista, la otra cara en los espacios internacionales
La participación de organizaciones feministas que trabajan en sus territorios con una agenda de defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTTQ+, y como resistencia al avance de la agenda de la ultraderecha, convive y disputa la política contraria que llevan algunos Estados, como ahora Argentina. Para la directora de CDD, es fundamental el rol que tienen dichas organizaciones en las conferencias y acuerdos internacionales porque fortalecen avances, amplían derechos y aportan argumentos y evidencias para favorecer la igualdad y erradicar la discriminación por razones de género. Por su parte, Garro insiste en la importancia de ocupar esos espacios para hacer pública la discusión a nivel internacional de los retrocesos que está teniendo Argentina.
Recientemente, se realizó en Colombia la Conferencia Regional de Población y Desarrollo (CEPAL/ONU) que da seguimiento en América Latina y Caribe a los temas relacionados con migración, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, salud sexual y reproductiva, envejecimiento y discapacidad, entre otros. Actualmente, el acuerdo más avanzado en relación con estos temas es el Consenso de Montevideo, firmado en 2013. De Argentina, participaron unas 30 organizaciones, algunas de ellas son: Amnistía, FUSA, CEDES, Red de Salud de las Mujeres, Cladem, Jóvenes con HIV, CISCSA, CELS, Mujeres por Mujeres, ADEM, Vecinas Feministas, ICW, REDI y, de CDD, asistió Palero, en calidad de directora junto a otras dos compañeras y una aliada feminista de una comunidad indígena de Catamarca.
En ese tipo de conferencias, participan gobiernos, organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil. En esta oportunidad, no hubo una representación del gobierno argentino; podemos entender con contundencia este gesto y la ponderación de la agenda en cuestión. El Foro de la sociedad civil, que reúne a más de 300 personas de diferentes organizaciones del centro y sur del continente, votó que a la Declaración la leyera una argentina para denunciar la grave situación local y la amenaza que representa el avance de las derechas en la región. Las feministas argentinas postularon a Verónica González, de la Red de Personas con Discapacidad, para visibilizar la vulnerabilidad estructural de las mujeres con discapacidad, que hoy se ven más profundamente afectadas por el vaciamiento de las políticas de igualdad.
“En el actual contexto, encontrarnos con organizaciones y colegas latinoamericanas y caribeñas nos permite monitorear las distintas estrategias que despliegan los sectores conservadores y confirmar las coincidencias y sincronización de sus metodologías, narrativas y recursos económicos. Asimismo, debatimos e intercambiamos información y materiales, y establecemos agendas y acuerdos para fortalecernos, resistir o avanzar”, afirma Palero.
La disputa ideológica del mundo libertario y su agenda de ultraderecha, en alianzas con la comunidad internacional, se concreta en un retroceso brutal y provocador de desinversión y desfinanciamiento de las políticas de género que pone en riesgo miles de vidas. Pero las redes feministas siguen, como siempre lo han hecho.
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: Cancillería Argentina.
