Otra vez y como siempre, la discapacidad en emergencia
El proyecto de un nuevo decreto firmado por Diego Spagnuolo ―abogado personal de Javier Milei y director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)― busca desregular el “Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad”. Más desigualdad, peores condiciones de cobertura y más precarización y devaluación del trabajo profesional, las banderas de este gobierno.
“Nuestro sector se encuentra en una situación desesperante. Necesitamos poner en agenda más que nunca al colectivo de personas con discapacidad y sus prestadores que están en estado de emergencia. Al recorte que significa la desidia en que se tratan los aumentos en las prestaciones para personas con discapacidad, a la ola de despidos, a los recortes de pensiones, a los discursos de odio y violencia simbólica, hoy, se suma la angustia que genera en el colectivo el proyecto de decreto que apunta a desregular el sistema de prestaciones”, dijeron desde ATI (Asamblea de Trabajadores de Inclusión) para convocar al paro y movilización del lunes pasado en Colón y General Paz.
La amenaza de un decreto del presidente está sobrevolando el sector desde el viernes pasado. Firmado por el abogado de Milei y actual director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, el proyecto pretende desregular el “Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad”.
¿Y cómo funciona hasta ahora? Como explica Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD. HH., a nivel nacional, el sistema de prestaciones de servicios para personas con discapacidad está organizado en subsistemas: por un lado, a través de la seguridad social, gobernado por la Superintendencia de Servicios de Salud, y que engloba a las obras sociales sindicales y las prepagas. Por otro lado, el PAMI y, por otro, el Programa Federal Incluir Salud, destinado a personas que tienen pensiones no contributivas y que no tienen cobertura de obra social.
La Agencia Nacional de Discapacidad ―con la participación de representantes de PAMI, de la Superintendencia, de otros organismos del Estado, más del Consejo Federal de Discapacidad y un par de representantes de organizaciones prestadoras de discapacidad― establece periódicamente aumentos en los montos que se pagan por las prestaciones. A través de un Nomenclador, se determina cuáles son las prestaciones y las categorías, buscando que los montos sean los mismos tanto para las obras sociales y prepagas como para el PAMI y para Incluir Salud.
Si se desregulan esos valores del Nomenclador, “los que dicte el Directorio del Sistema sólo serán orientadores y cada ente financiador (PAMI, Incluir Salud y Superintendencia de Salud) tendría aranceles establecidos individualmente y ―seguramente― diferenciados, lo que sabemos que se traducirá en mayor desigualdad y, por ende, peores condiciones de cobertura para afiliados y beneficiarios, y aún más precarización y devaluación del trabajo profesional”, detallan desde ATI.
Desde la Mesa de Discapacidad y DD. HH., advierten que “sin la regulación, habrá montos distintos para la gente según la cobertura que tenga y, a la larga, los prestadores van a decir: ‘No, yo no trabajo con personas que tengan tal obra social o que tengan Incluir Salud o que tengan PAMI porque pagan poco’, que es lo que sucede, por ejemplo, en ocasiones con APROSS actualmente o con coberturas como el PROSAD, que es un programa de la provincia. Un camino que lleva a la profundización de la desigualdad”.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: El Megáfono.
